PFEI sigue el rastro del escándalo sobre las compras de pruebas de Covid-19

El atribulado Departamento de Justicia también llevaba a cabo una pesquisa paralela

Por Manuel Guillama Capella

Además de verse involucrada en la polémica por la pesquisa preliminar del Departamento de Justicia que recomienda investigar a fondo a la gobernadora Wanda Vázquez, la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó ayer que la oficina recibió “en estos días” el segundo informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que contiene 11 referidos adicionales a los cinco que ya se habían incluido anteriormente en un primer informe parcial.

Sin embargo, debido al poco tiempo que ha transcurrido desde que el informe fuera sometido, Cotto Vives indicó que el panel que encabeza aún no se ha reunido para determinar si se ampliará el marco de la investigación que ya comenzó a mediados de junio, tras la designación de Crisanta González Seda como fiscal investigadora.

“En este caso, al no venir del Departamento de Justicia, no viene con investigación preliminar. Viene con un informe investigativo que no es una investigación preliminar. Nombramos a la licenciada Crisanta González para que hiciera una investigación preliminar y le recomiende al panel si hay prueba para nombrar un fiscal especial independiente o no. Tiene que ser el mismo fiscal investigador porque no puedes fraccionar una investigación. Eso no ha ido al panel todavía pero, de determinarse que irá a un fiscal investigador, tiene que ser el mismo (investigador), porque tú no fraccionas un caso. Los hechos son los mismos”, dijo Cotto Vives sobre el trámite que seguirá la evaluación del segundo informe preparado por la Comisión de Salud, presidida por el representante Juan Oscar Morales.

El legislador novoprogresista optó por referir el informe a varias agencias estatales y federales, pero sin incluir al Departamento de Justicia, al igual que ocurrió tras el informe parcial.

“No hemos tenido comunicación alguna con el Departamento de Justicia. Me sorprende porque sé que ellos están llevando a cabo una investigación. Nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de colaborar con lo que ellos entiendan pertinente. No lo han hecho, por eso referimos nuestro informe al PFEI, a los federales, a la Oficina de Ética (Gubernamental, OEG) y al Tribunal Supremo. Estamos en la mejor disposición si ellos (el Departamento de Justicia) entendiesen que podemos colaborar y ayudarlos en la investigación que ellos están realizando”, indicó Morales, al precisar que la última comunicación que sostuvo con Justicia fue en mayo.

“La persona que venga debe darle la oportunidad a todas estas investigaciones que están en curso. Si ocurriese que la persona nueva no quisiera continuar con estas investigaciones a mí me daría mucha pena. Yo espero que no”, agregó Morales sobre la polémica transición en el Departamento de Justicia tras la destitución de la secretaria Dennise Longo, reemplazada por Wandymar Burgos. Longo se había inhibido de la investigación sobre el Departamento de Salud, pues su madre, Concepción Quiñones de Longo, dirigió esa agencia interinamente entre el 13 y el 26 de marzo.

El legislador independentista Denis Márquez señaló que en pasadas semanas se reunió con agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que, bajo el mando de la directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Phoebe Isales, encaminan la pesquisa en la rama ejecutiva.

Márquez señaló que en su entrevista explicó las diferencias entre el primer informe parcial que radicó la Comisión de Salud y el informe de minoría que él sometió en representación del Partido Independentista Puertorriqueño. El legislador indicó que, a más tardar hoy, completaría el segundo informe que, tal como el primero, referiría al Departamento de Justicia, el PFEI, la Oficina del Contralor y la OEG. El segundo informe, además lo sometería al Tribunal Supremo, ante las fallas éticas que, considera, trascendieron sobre el abogado Juan Maldonado, representante de la empresa Apex General Contractors en el proceso de venta de pruebas serológicas de Covid-19 al Departamento de Salud.

“La Comisión (de Salud) nos habla de mucha negligencia (de funcionarios públicos). Yo señalo (en los informes) lo que es un elemento de clientelismo político de figuras privadas ligadas al PNP (Partido Nuevo Progresista). Ahora me enfoco y completo el cuadro con las personas que se metieron al gobierno a vender todo esto”, puntualizó Márquez.

Aunque reconoció que las aparentes luchas internas en el PNP le añaden un elemento de desconfianza a la labor de las autoridades de ley y orden, Márquez sostuvo que en el descargue de su responsabilidad lo correcto es proveer toda la información pertinente a las agencias.

“Aquí hubo señalamientos, mentiras, admisiones, millonarias pérdidas de fondos públicos, contrataciones falsas y esquemas donde personas conectadas el gobierno se beneficiaron. La respuesta justa, normal, es que se investigue hasta las últimas consecuencias mediante una pesquisa completa, fehaciente y responsable”, planteó el representante.

Otras investigaciones pendientes

Cotto Vives señaló, por otra parte, que el pasado viernes llegó a su oficina el informe de la comisión especial de la Cámara de Representantes que investigó la respuesta del gobierno a los terremotos de enero. Ese informe incluye referidos por perjurio contra el secretario de Estado, Elmer Román, la ahora exsecretaria de Justicia, Longo, y el comisionado del NIE, Héctor López Sánchez, quienes declararon ante la comisión cameral entre enero y febrero.

La presidenta del PFEI indicó, en tanto, que el 25 de agosto es la fecha límite para que los fiscales especiales independientes sometan el informe final de la investigación sobre el chat de Telegram en el que estuvo involucrado el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares junto a otros exfuncionarios de alta jerarquía.

Aunque ese día se cumplen los 90 días otorgados por ley, los estatutos que regulan al PFEI disponen que los fiscales especiales podrían solicitar una prórroga de hasta 90 días adicionales. El término estuvo detenido desde el 15 de marzo hasta el 22 de junio por motivo de la pandemia, explicó Cotto Vives.

Junto a Rosselló Nevares, las otras cinco figuras de su gobierno bajo investigación son Ramón Rosario, ex secretario de Asuntos Públicos y Política Pública; Christian Sobrino Vega, exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Alfonso Orona, ex asesor legal en La Fortaleza; el publicista Edwin Miranda Reyes; y el exrepresentante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez.

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