El envío de una serie de referidos por parte de la exsecretaria de Justicia Dennise Longo al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) no debió haber sido detenido por la secretaria de Justicia designada, Wandymar Burgos, y merece que sea investigado, ya que podría haber sembrado dudas sobre si se trató de un intento de detener una pesquisa contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced, según juristas consultados por Metro.
Hoy, durante una conferencia de prensa, la gobernadora tronó contra Longo y le imputó haber intervenido indebidamente en investigaciones federales sobre el Departamento de Salud, agencia en la que su madre, Concepción Quiñones de Longo, se desempeñó como subsecretaria por más de tres años. Longo fue destituida el pasado viernes 3 de julio de su posición como secretaria de Justicia, pero no fue hasta hoy que la gobernadora intentó justificar las razones para remover a la funcionaria. Longo, antes de su salida, habría completado una serie de referidos al PFEI en el que se recomendaba investigar a fondo a la propia Vázquez Garced y a otros funcionarios, incluyendo al secretario de Estado, Elmer Román, y la senadora Evelyn Vázquez. Las investigaciones preliminares de Justicia abarcaron, según reportó Metro ayer, el despido de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar, así como el manejo de los suministros luego de los terremotos de enero. Sin embargo, ayer Burgos admitió que ordenó detener la entrega de los referidos y los expedientes al FEI.
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El abogado y profesor Carlos Ramos cuestionó que la recién nombrada secretaria de Justicia haya pedido la devolución de los referidos al FEI que realizó la saliente secretaria Longo antes de marcharse de su silla en la agencia. Indicó que lo correcto es que esa gestión hubiese continuado su rumbo al FEI una vez los fiscales del Departamento de Justicia firman un referido.
Ante esta controversia, Ramos comentó que está por verse quién debería investigar este trámite de los referidos. “No sé quién lo va a investigar. Siempre la Asamblea Legislativa tiene amplia facultad para investigar todo lo que sucede en el ámbito gubernamental del país, eso está claro. Pero qué hacemos cuando la naturaleza misma del FEI —en cuanto a estos pasos—está como pervertida. Es decir, cuando hay dudas de si la razón para la actuación de la secretaria designada [Burgos] para echar para atrás una designación [del FEI] se da en unas circunstancias que pone en entredicho la confiabilidad de su actuación”, señaló Ramos, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
En horas de la tarde de hoy, Luis De La Cruz, portavoz del PFEI, confirmó a Metro que el Departamento de Justicia entregó hoy los referidos.
Por su parte, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, opinó que Burgos no podía frenar los referidos al FEI ya que se trató de una investigación preliminar que comenzó en marzo, según ha confirmado la propia Longo tras su salida del Departamento de Justicia. “La ley que crea el FEI [Ley 2 de 1988] dispone que quien ocupe la silla de secretario de Justicia tiene que entregar el informe preliminar y punto. No dice que puede entregarlo o no. Lo que dice la ley es que una vez reciba la declaración jurada o la información inicial y que comience la investigación tiene que notificarlo de inmediato al FEI. Eso ocurrió en marzo, así que esto no es una investigación sorpresa”, mencionó el letrado. Añadió que Burgos —aun cuando podría argumentar que pretendía revisar los referidos antes de que se sometieran al FEI— pudo haber revisado las copias del referido que mantienen en el Departamento de Justicia y no detener la entrega de los documentos y las cajas con evidencia.
Román, asimismo, precisó que el trámite por el que han atravesado los referidos podría ser investigado por la Legislatura. “Me parece que la prudencia invita a que la Legislatura asuma su rol. Deben asumirlo y deben iniciar una investigación sobre con quién habló la secretaria interina, si recibió instrucciones, lo que estaba haciendo”, dijo Román.
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“No es buena política pública y más en el contexto en que se hace, crea una tremenda suspicacia. Crea la duda de si en efecto se hizo para detener una investigación contra la gobernadora y si es en efecto ese es el motivo del despido de la secretaria de Justicia [Longo]. La gobernadora lo niega, pero hay unos elementos cronológicos que hacen dudar a cualquiera. Alguien tiene que investigar esto”, agregó.
El presidente del Colegio de Abogados planteó que es urgente que se investiguen todas las circunstancias que giran en torno a la destitución de Longo, incluyendo la posibilidad de que se haya incurrido en obstrucción a la justicia. “No quiero saltar a conclusiones, pero pudiera haber un problema de obstrucción a la justicia. Pudiera haber un problema adicional, pero hay que investigar. De haber habido una obstrucción a la justicia o una conspiración, es motivo suficiente para destituir a un gobernador. Pero para llegar a esa conclusión —que son palabras mayores— es necesario que en efecto se dé una investigación completa”, aseguró Román.
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