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Preocupan en España brotes entre jornaleros inmigrantes

Algunas áreas agrícolas fueron las primeras en volver a imponer restricciones al movimiento social desde que el país levantó un estricto bloqueo por la pandemia del coronavirus

Lleida, España — La pandemia se ha desacelerado en gran parte de Europa continental, pero las autoridades sanitarias en España están preocupadas por brotes de infección entre los migrantes que trabajan de forma estacional en los campos agrícolas. Las autoridades del noreste de España ordenaron el sábado aislar una región próxima a la ciudad de Lleida debido a preocupantes brotes del coronavirus que causa el COVID-19.

Algunas áreas agrícolas fueron las primeras en volver a imponer restricciones al movimiento social desde que el país levantó un estricto bloqueo por la pandemia del coronavirus. Un condado cerca de Lleida fue bloqueado después de que las infecciones registradas se duplicaron la semana pasada.

Desde el mediodía del sábado, se restringirá la entrada y la salida de El Segriá, una localidad próxima a Lleida con más de 200,000 habitantes, explicaron las autoridades regionales de Cataluña. Los residentes tendrán de plazo hasta las 4 de la tarde para regresar a la zona.

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Esta es la primera restricción al movimiento impuesta en el país desde el final del estado de alarma nacional el pasado 21 de junio.

En la víspera, las autoridades de salud regionales reportaron 60 nuevos casos en 24 horas, elevando el total de infecciones a más de 4,000 solo en esa región.

Muchos de los nuevos contagios están vinculados con un ejército de trabajadores agrícolas, mano de obra barata que ha llegado a la zona con la maduración de diferentes cultivos en todo el país.

En los 20 años desde que dejó su Senegal natal, Biram Fall nunca tuvo que dormir en las calles. Esta semana, cuando se quedó sin ahorros después de no encontrar trabajo en los huertos de duraznos del norte de España, el hombre de 52 años aún se niega a hacerlo.

El jornalero respondió en mayo a un llamado urgente de trabajadores en Lleida, una importante puerta de entrada a las tierras fértiles circundantes, pero los inmigrantes ansiosos por recuperarse de la congelación económica inducida por el coronavirus exceden por mucho la demanda de trabajadores estacionales.

Aquellos que no pueden pagar apartamentos compartidos abarrotados deambulan por el centro de la ciudad, descansando bajo porches en plazas o en refugios improvisados del gobierno.

Fall no quiso correr el riesgo de contagiarse entre ellos. Contó los pocos euros que le quedaban de vender caracoles recolectados al lado de las carreteras y empacó sus cosas. Dice que el virus contagia tanto a la gente negra como a la blanca y que no está dispuesto a dormir en las calles, ni a ser tratado como “perro callejero”. Habla mientras arrastra un carrito al lado de una carretera, cargado una bolsa de plástico con un edredón cuidadosamente doblado colgando del otro brazo.

Cualquier rebrote de contagios se analiza con todo cuidado en el país. España estuvo totalmente aislada entre marzo y junio para controlar la pandemia, que causó al menos 28,300 fallecidos según los registros oficiales.

Pero la vicealcaldesa de Lleida, Sandra Castro, dijo que su gobierno no puede hacer mucho, especialmente con respecto a los migrantes sin permiso para trabajar que, según los cálculos de la ciudad, representan más de la mitad de los que se presentaron a buscar trabajo en los campos pesar de las restricciones de viaje.

En Lleida, es común ver migrantes sin rumbo y han generado quejas de los residentes, especialmente en este año devastado por el virus, pero muchas empresas agrícolas siguen sin proporcionar alojamiento suficiente y adecuado para sus trabajadores, como lo exigen los acuerdos con los sindicatos, dijo Gemma Casal, activista de la plataforma local de Frutas con justicia social.

Agregó que las autoridades de todos los niveles parecen improvisar su respuesta verano tras verano.

Pero el problema principal, añadió, radica en el modelo agrícola. El poder desproporcionado de los grandes distribuidores de alimentos para establecer los precios de los productos significa, dijo, que los agricultores terminan transfiriendo sus costos laborales a las autoridades que pagan los refugios, los grupos de ayuda o los propios migrantes.

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