El presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), José Adrián López Pacheco, convocó a su Comité Nacional de Delegados (CND) a reunirse hoy viernes desde las 11:00 a.m., frente a la Fortaleza donde llevarán a cabo su reunión mensual.
En la actividad, pretende “denunciar la exclusión de los trabajadores del recogido de desperdicios sólidos y biomédicos de medidas económicas dirigidas a incentivar a los empleados de servicios esenciales que han laborado durante la crisis del COVID 19”.
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“Al iniciar las restricciones sociales para atajar la crisis sanitaria el presidente de la Cámara [Carlos “Johnny” Méndez Núñez] anunció con bombos y platillos la Resolución Conjunta 493 que incentivaría a los empleados públicos y privados de la industria. La gobernadora vetó la medida siguiendo instrucciones de la Junta (de Control Fiscal). Ni Cámara, ni Senado tuvieron la columna vertebral para irse por encima del veto y la Junta, ni a presentar nuevas medidas durante la sesión ordinaria pasada”, dijo López Pacheco en declaraciones escritas.
La CGT representa a mil trabajadores de la industria privada de desperdicios sólidos y biomédicos alrededor de toda la isla. Entre algunas de éstas se encuentra EC Waste, Republic Services, BioMedical y SteriCycle quienes brindan servicios a hospitales, residencias, comercios así como la administración de los principales vertederos del país.
“Durante toda la pandemia nuestros unionados han trabajado el doble bajo condiciones laborales y de salud doblemente peligrosas para ellos y sus familias. La promesa de incentivar el riesgo por continuar trabajando en defensa de la salud del pueblo fortaleció su compromiso y ahora esa promesa incumplida provoca coraje y decepción. Ha sido una manipulación para continuar explotando a uno de los sectores en más riesgo de contagio. Nuevamente nos han dado la espalda”, sostuvo.
Según López Pacheco, en abril, la legislatura aprobó la Resolución Conjunta 493 que le daba a los empleados públicos y privados de la industria de desperdicios sólidos y biomédicos un incentivo de $3,500. La medida no fue atendida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El sindicalista entiende que la gobernadora debe convocar una sesión extraordinaria “para atender exclusivamente las necesidades sociales, de salud y económicas que tienen nuestras comunidades, la clase trabajadora y nuestros jubilados tras la gran crisis que sufre el país”.
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