La comisión cameral que se creó para investigar el manejo gubernamental de los terremotos refirió al secretario de Estado, Elmer Román, y a la secretaria de Justicia, Dennise Longo, a distintas agencias de ley y orden por la posible comisión de perjurio en los testimonios que prestaron ante el cuerpo.
La comisión especial, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, también refirió al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, al Departamento de Justicia, imputándole igualmente haber cometido perjurio en sus declaraciones ante la Cámara.
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En el caso de Román, quien como secretario de Estado es el primero en la línea de sucesión a la gobernación, fue referido al Departamento de Justicia. El también exsecretario de Seguridad Pública fue confirmado por la Cámara para ocupar la secretaría de Estado el 11 de junio, a pesar de la vocal oposición de Rodríguez Aguiló.
Longo, quien sigue a Román en la línea de sucesión, fue referida tanto al departamento que dirige como al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El comisionado del NIE, en tanto, fue referido únicamente al Departamento de Justicia.
Mientras transcurría la investigación, Rodríguez Aguiló insistió que los tres funcionarios mintieron a la Comisión Especial para Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia cuando plantearon que el informe preliminar que la gobernadora Wanda Vázquez comisionó sobre el manejo de un almacén de suministros en Ponce contenía información confidencial que no podía ser compartida con la Cámara de Representantes.
La polémica sobre el llamado “Informe de las 48 horas” llegó a los tribunales, que fallaron a favor de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en el reclamo de que el documento se hiciera público, tras determinar que no contenía información sensible.
“Nos vemos obligados a señalar la conducta temeraria y contumaz del Departamento de Justicia y el NIE en colaborar con los trabajos investigativos de la Comisión Especial, particularmente en su negativa de entregar el Informe Preliminar de las 48 horas. Nuevamente argumentamos que el Informe Preliminar no contiene información o datos que, por sí mismos o conjuntamente, revelen técnicas y procedimientos de investigación del NIE”, lee parte del informe de 69 páginas.
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Cuando se presentó ante la comisión, Longo argumentó que el informe de las 48 horas formaba parte del sumario fiscal de la investigación que paralelamente conducían.
Rodríguez Aguiló, asimismo, ha planteado que las deficiencias en la respuesta del gobierno central a los terremotos de enero al suroeste de la isla se debieron a que no se siguió la línea de mando dispuesta en el Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos (Jocip, en inglés).
En específico, el legislador novoprogresista ha criticado que el entonces comisionado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, quien según el Jocip debía ser el “incident commander”, fuera enviado a Ponce durante la emergencia, al tiempo que las decisiones sobre la emergencia se tomaban en San Juan.
Acevedo fue despedido el 18 de enero por la gobernadora, cuando surgió el escándalo del almacén de suministros en Ponce.
A pesar de que, en los días posteriores, Román llegó a decir que el despido de Acevedo se debió a que el almacén estaba inactivo, en la investigación se demostró que el centro se estaba utilizando en los días siguientes a los terremotos.
