La gobernadora Wanda Vázquez y el liderato sindical de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se reunirán nuevamente la semana que viene, luego de que la primera ejecutiva accediera a revisar un análisis legal presentado por los empleados de la corporación pública, en el que cuestionan los méritos del contrato otorgado a Luma Energy para operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, precisó que el análisis, preparado por los abogados Rolando Emmanuelli y Jessica Méndez, concluye que el acuerdo no respeta los convenios colectivos que mantiene la AEE y además contiene cláusulas “leoninas” en beneficio del consorcio privado.
Vázquez se comprometió a evaluar los planteamientos legales de la Utier y otros representantes de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE, con los que se reunió esta tarde en La Fortaleza.
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sin embargo, consideró que el acuerdo de 330 páginas firmado el pasado 22 de junio con Luma Energy, sí toma en cuenta los derechos adquiridos por los empleados, pero no fue categórico en torno a la continuidad de los convenios colectivos de la AEE bajo la administración de un ente privado.
Fontanés recalcó que el contrato es consistente con la Ley 29 que creó la AAPP, así como la Ley 120 que abrió la puerta a la privatización de activos y la operación de la AEE.
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“Si existiera algún punto en controversia y se llega a un acuerdo distinto que se pueda manejar, pues se pudiese enmendar. Sabemos que esto (la firma) acaba de ocurrir hace una semana, nosotros llevamos dos años trabajando este contrato. Es un contrato largo, complejo, se esperaba que iba a haber mucha ansiedad y reacciones al mismo. Pero hay que sentarnos, tener esa comunicación abierta con los empleados de la autoridad y tratar de explicar y entender cuáles son sus preocupaciones y si hay algo que entendemos que no se atendió debidamente se podrá considerar. En este momento entendemos que todos los derechos adquiridos de los empleados están protegidos y que el contrato mantiene esos derechos para los empleados”, expresó Fontanés tras concluir la reunión.
El director de la AAPP argumentó, además, que dado que los empleados unionados de la AEE se han reducido en los pasados años de sobre 9,000 a menos de 6,000, Luma Energy estará inclinada a retener la mayor cantidad posible. No obstante, admitió que el consorcio, conformado por las compañías Quanta Services y ATCO, no está en la obligación de contratar a los trabajadores actuales de la AEE.
Los empleados que no sean retenidos o no deseen laborar para Luma Energy tendrían derecho a ser reubicados dentro de la propia AEE o alguna otra entidad gubernamental, según disponen la Ley 29 y la Ley 120, sostuvo Fontanés. Estas leyes, además, disponen que los empleados de la corporación pública reciban trato prioritario al momento de reclutamiento por parte de la empresa privada.
En la conferencia de prensa se indicó que luego de la reunión de seguimiento entre los sindicatos y la gobernadora, se intentaría organizar un encuentro en el que también participen ejecutivos de Luma Energy, entidad que ya se encuentra inmersa en el proceso de transición que podría extenderse por cerca de un año.
Bajo el contrato otorgado a Luma Energy, por 15 años, la AEE pagaría a la empresa una cantidad fija de $105 millones anuales a partir del cuarto año, así como incentivos por desempeño que podrían ascender a $20 millones adicionales.
Si el gobierno entendiera prudente enmendar el contrato entre las partes, Vázquez anticipó que Luma Energy estaría abierta a la discusión.
“Ellos han estado muy a la disposición de escuchar los reclamos tanto del sector de los empleados, así como lo que tiene que ver con la transmisión y distribución del sistema, así que yo preferiría esperar a que se dé esa reunión, esperar por esos planteamientos a los cuales esperemos que podamos planteárselos a Luma y en ese momento verificaremos cuál es la disposición. No creo que sea la de anteponer algún tipo de objeción”, dijo la mandataria.
Figueroa Jaramillo, en la conferencia, criticó que el Negociado de Energía “negara” la participación de la Utier en el proceso de evaluación del contrato, al tiempo que indicó que el sindicato sometió una petición de reconsideración de la decisión que fue tomada por votación de 3-1 en el organismo regulador.
La Utier ha criticado que el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, no se inhibiera de la votación, toda vez que el ingeniero formó parte del Comité de Alianzas que recomendó la selección de Luma Energy en el proceso de licitación.