La sesión extraordinaria que la gobernadora Wanda Vázquez convocaría para atender una reforma al sector de los seguros de salud no se espera que comience hasta al menos el 5 de julio, adelantó el portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos.
“La información que tengo extraoficial es que va a ser después del 4 de julio. Yo la hubiese (convocado) el mismo primero (de julio). Porque tengo unos legisladores ahí (que) la inmensa mayoría va a una reelección y a una primaria y no todos viven en el área metropolitana como yo. Algunos vienen de Mayagüez o de Moca y tienen sus responsabilidades y han cumplido a cabalidad”, dijo el senador por el distrito de Bayamón-Guaynabo.
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“También la gobernadora tiene que entender que esa responsabilidad viene de los dos lados. Al día de hoy la información que tengo es que el proyecto (sobre las aseguradoras de salud) no está listo para la extraordinaria, y lo ha venido anunciando desde hace dos semanas”, dijo Ríos en un aparte con la prensa en medio de una actividad de campaña de Pedro Pierluisi, rival primarista de Vázquez por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista.
En su mensaje de presupuesto el 18 de junio, la gobernadora, sin entrar en detalle, solicitó a los presidentes legislativos crear una comisión conjunta de forma tal que el tema pudiera ser atendido en la sesión extraordinaria que convocaría. Sin embargo, desde ese momento, Vázquez no ha precisado el alcance de la legislación que prometió someter.
Además de ese proyecto, Ríos anticipó que en la convocatoria a la sesión extraordinaria se incluirían asuntos como la repartición de donativos legislativos “y estoy seguro que cinco o seis proyectos más”.
En una sesión extraordinaria –que por disposición constitucional se puede extender hasta por 20 días– solo se pueden atender los asuntos que disponga la gobernadora.
El representante Antonio “Tony” Soto opinó que algunos de los donativos legislativos, cuya partida asciende a cerca de $20 millones, podrían ser incluidos en las medidas que serán dirimidas en comités de conferencia entre mañana y el martes, cuando cierra la última sesión ordinaria del cuatrienio.
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“Tenemos que mirar el ‘rundown’ de los proyectos que tenemos vivos en comité de conferencia y ver si hay algunas legislaciones importantes que podemos incluir en esos proyectos”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda.
“Si hubiese alguna medida relevante para Cámara o Senado que tuviésemos que incluir en una extraordinaria ya es cuestión de que los presidentes de los cuerpos se sienten con la gobernadora y establezcan cuáles son los asuntos que se van a estar atendiendo”, agregó el legislador.
Ríos, en tanto, puso en duda que el proyecto para establecer una ley de retiro para empleados de la Universidad de Puerto Rico pueda ser atendido en la sesión extraordinaria. Contrario a otros tres proyectos sobre pensiones que recibieron el aval de ambas cámaras el 25 de junio, esta medida no bajó a votación en el Senado.
“Todo el mundo quiere tener un retiro digno y por qué no, ese fue el contrato que hicieron cuando entraron al servicio público. Pero de qué vale que yo apruebe una medida que en dos años tenga que revisitar porque no tengo el dinero. Esto es una cuestión de dinero, tengo un presupuesto que se ve más amplio pero es porque tenemos dinero federal que no es recurrente. Y no hablemos de los recaudos que se han escocota’o, porque eso fue lo que hizo la pandemia aquí y en Estados Unidos. Es una realidad que va a explotar como gobierno pronto, quizás en septiembre”, anticipó el portavoz senatorial.
“Entonces cómo trabajo y hago más con menos, siendo responsable. No puede ser que porque viene un ciclo electoral yo prometa lo que no pueda pagar. Es irresponsable y es lo que nos puso en esta situación. Vamos a atender esa situación como hemos atendido todas las demás, pero tiene que ser al paso correcto, no al paso del calendario electoral”, puntualizó Ríos.
Se espera que las cámaras legislativas discutan en comités de conferencia un proyecto de retiro incentivado y otro que declara una política pública de cero recortes para los beneficiarios del sistema de pensiones del gobierno central, así como un tercero que mejora las condiciones de jubilación de los agentes de la Policía, bomberos y oficiales correccionales.
