En la fecha límite para que se aprobaran medidas nuevas en la última sesión legislativa del cuatrienio, ambas cámaras dieron paso a dos proyectos de ley que atienden los precarios sistemas de retiro que cobijan a los servidores públicos activos y retirados.
En horas de la tarde, la Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado (PS) 1616, que crea una ventana de retiro incentivado para empleados públicos que estén cubiertos por la Ley 447 de 1951 o la Ley 1-1990. Estos empleados activos tendrían hasta el 31 de diciembre de 2022 para decidir si acogerse al retiro con una pensión equivalente al 50% de su último salario en el servicio público.
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En la versión que aprobó el cuerpo, se incluye esencialmente a todos los empleados del gobierno, corporaciones públicas y las ramas legislativa y judicial, excluyendo de los participantes de los sistemas de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los integrantes de la judicatura.
La Junta de Control Fiscal (JCF), en pasados días, ha expresado reservas con esa pieza legislativa que, en caso de que el Senado no concurra con las enmiendas introducidas en Cámara, iría a comité de conferencia.
Un segundo proyecto, para establecer la “Ley para un Retiro Digno”, de la representante Lourdes Ramos, fue avalado por el Senado, aunque con amplias secciones de la medida redactadas, con el objetivo de forzar un comité de conferencia.
Ramos indicó a los medios que, aunque en el Senado se eliminó el fideicomiso que se crearía para administrar los fondos correspondientes a los pensionados, el organismo se restituiría en la versión que se negociará en el comité de conferencia. Según la legisladora, la medida cuenta con el visto bueno de la Autoridad para Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
“Ahora que el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 2434, la Ley Para un Retiro Digno, entendemos que las enmiendas que se han introducido limitan la capacidad que tendrá la gobernadora y la Legislatura de luchar por cero recortes a las pensiones, la protección de nuestros servicios y mantienen el poder de la Junta de Control Fiscal de abusar de nuestro pueblo. Por esta razón, urgimos a los miembros de la legislatura a que devuelvan la legislación a su forma original y aprueben la legislación sin enmiendas. Hasta que esto suceda, seguiremos dándonos cita en la legislatura para que se sepa que con el sustento de nuestros viejos y viejas no se juega”, indicó a través de un comunicado el coordinador la campaña Construyamos Otro Acuerdo, Julio López Varona.
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Además de crear el fideicomiso, el Proyecto de la Cámara (PC) 2434 tiene entre sus objetivos declarar como política pública la oposición a cualquier recorte en las pensiones de los servidores públicos. Asimismo, dispone que, si en algún momento mejoran las condiciones fiscales del gobierno, se podrían aumentar los beneficios a los pensionados.
Durante la sesión, el Senado también aprobó el PS 1623, que busca crear la “Ley para Proveer un Retiro Digno a miembros de la Policía, del Cuerpo de Bomberos y oficiales de custodia”. Esta pieza establece varias escalas de pensiones para estos trabajadores, en función de los años de servicio y la edad de retiro.
Según aprobado en el Senado, la medida dispone que aquellos policías, bomberos u oficiales de custodia que se acojan al retiro luego de 30 años de servicio y con entre 55 y 57 años de edad, recibirían una pensión equivalente al 50% del último salario. Los empleados que hubieran laborado por 30 años, pero que se retiren con 58 años de edad o más, obtendrían una pensión del 55% de su salario.
Los que superen los 58 años pero hubieran ingresado al sistema de retiro entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, recibirían una pensión de 50%.
Todos los beneficiarios, además, tendrían derecho a recibir $100 mensuales para un plan médico.
Sin embargo, al momento de publicación, el proyecto, que fue aprobado en el Senado ante la presencia de varias decenas de miembros de organizaciones policiacas y sus familiares, no había bajado a votación en la Cámara de Representantes.
En el aire empleados de la UPR
Por otro lado, el PC 2572, otra pieza de la autoría de Ramos, que provee para que los empleados de la UPR retengan su plan de retiro de beneficios definidos, no fue considerada en el Senado, tras recibir apoyo unánime en la Cámara.
Al ser hoy el último día para que las cámaras aprobaran medidas nuevas, la única posibilidad que tendría el proyecto sería mediante una convocatoria a sesión extraordinaria de parte de la gobernadora Wanda Vázquez.
En abril, Vázquez vetó una resolución conjunta de Ramos que ordenaba a la Junta de Gobierno de la UPR mantener intactos los beneficios a los participantes del sistema de retiro. Por años, la Junta de Gobierno y la Junta de Retiro han estado inmersos en una pugna legal por el control del sistema de retiro.
