Leyes locales y un sistema de educación inclusivo son dos elementos claves para que inicie la gestión contra los crímenes de odio en Puerto Rico, opinaron portavoces de entidades dedicadas a la protección de derechos civiles.

“Yo no diría que estamos rezagados, yo diría que no hemos arrancado. Rezagados implica que hay algo sobre lo cual uno puede trabajar. Puerto Rico no tiene estatutos de crímenes de odio, sí hay un estatuto de procedimiento criminal que es un agravante que eleva la sentencia si es que lo tratan como crimen de odio, pero estatuto como tal no lo hay”, sostuvo William Ramírez, presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico.
Ramírez recordó que en la Isla los crímenes de odio se trabajan a nivel federal. Asimismo, dijo que la ACLU entiende que la mayoría de los casos en Puerto Rico no se investigan como crímenes de odio.

 

“Solamente cuando hay un caso de muy alto perfil y diversos grupos sacan el grito es que por lo menos hacen un esfuerzo. Y ese esfuerzo casi siempre recae sobre el gobierno federal”, dijo.

Ramírez expuso que las fiscalías deben ser más dinámicas en la investigación. “Hay casos que se caen de la mata, eso se ve mucho en los casos de las mujeres trans. En Estados Unidos se está viendo mucho la cuestión racial, yo no descarto que aquí también, porque hemos tenido casos que implican alguna conducta racista”, expresó el abogado.

El presidente de la ACLU agregó que los casos de gente negra y pobre no se evalúan igual que los de personas con poder.
Ramírez mencionó que muchos asesinatos de mujeres trans son motivados por odio.

Manejo deficiente de los casos

Mientras tanto, Ada Conde Vidal, presidenta de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, señaló que la Isla está rezagada en estos casos.


“Hemos visto durante básicamente, en menos de un periodo de un año, lo que ha sido el objetivo a la comunidad transexual y el manejo ha sido totalmente y absolutamente deficiente”, sentenció la abogada.
Conde Vidal añadió que existe una aversión por parte de la autoridades locales en catalogar un delito como uno de odio.
Asimismo, la abogada opinó que el delito de odio que más se ve, por lo grave, es el que se comete contra la comunidad transexual. “Por lo que lleva, porque se ensaña, y la manera en que se comete es ensañamiento total”, puntualizó Conde Vidal.

 

Acción solo en algunos casos

Al igual que Ramírez, Conde destacó que hay más acción en los casos que tienen atención mediática. Además, lamentó que con la pandemia del COVID-19 el tema haya quedado relegado.

“Es una pena que haya sido el gobierno federal el que haya tenido que tomar la jurisdicción en los dos últimos dos delitos se asesinatos de transexuales para encausarlos”, destacó.

Conde expuso que los delitos de prejuicio, nombre correcto de los crímenes de odio, es una lucha histórica, que incluye a otras comunidades que son víctimas además de la LGBTTIQ+, como la dominicana y la musulmana.

Por otro lado, la licenciada catalogó la reforma de la Policía como una total decepción. Mencionó el caso de un policía que es discriminado en su empleo, con palabras soeces por ser homosexual. Según contó, se toman los casos pero no se atienden.

Primer paso, la educación

“Lo primero que debemos hacer en Puerto Rico es dejar de negar que nosotros somos igual de racistas que en otras sociedades. Nosotros no somos especiales, somos seres humanos y cada uno tiene sus prejuicios. Si no es por raza, es por género. Si no es por género es por origen nacional”, precisó Ramírez, quien agregó que la diferencia es reconocerlo y trabajarlo.

El portavoz de la ACLU en la Isla manifestó que esa labor recae en dos instituciones, el sistema escolar y la familia. Agregó que son conductas aprendidas, por lo que le corresponde al sistema educativo proveer una educación más inclusiva.

Por su parte, la portavoz de la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género del Colegio de Abogados de Puerto Rico, señaló que la pieza que falta para prevenir los crímenes de odio es la educación. Conde recordó que se derogó el currículo para una educación con perspectiva de género.

“Hay un discrimen subyacente, ahora estamos hablando de discrimen, el discrimen lo ha habido siempre en Puerto Rico”, expuso. “¿Dónde está la educación sobre el racismo en Puerto Rico? Si estamos hablando del racismo tenemos que hablar de todo lo demás porque todo eso es discrimen”, sentenció.

Código Civil

Sobre el recién aprobado Código Civil, Conde opinó que tiene varios puntos positivos. “Diría que es un Código que en un 98 % está excelente. Que hay que aclarar y sujeto a que vaya a interpretación algunas cosas, sí lo hay, pero es lo mínimo”, afirmó.

Conde mencionó que la decisión del cambio de sexo en el certificado de nacimiento, “aunque en principio dice que se prohíbe, luego hay un artículo que dice que por excepción y lo que hicieron fue que adoptaron el lenguaje del caso federal que autorizó el cambio de sexo. Eso fue a última hora, eso se pudo haber puesto ‘se prohíbe y esta es la excepción’”.

Destacan medidas positivas

Además, contó que entre medidas positivas está el reconocimiento de las uniones de hecho igual que un matrimonio.
Por el contrario, la abogada de Asuntos Legislativos y Política Pública de la ACLU en Puerto Rico, Mayté Bayolo Alonso, apuntó a varios aspectos problemáticos del nuevo código. “El libro más preocupante en términos de derechos civiles es el del la Familia, incluye el matrimonio, derechos de nacimiento y demás”, opinó la abogada.

Asimismo, Bayolo Alonso dijo que los artículos 69 y 70 abren la puerta para que no sea la mujer quien decida sobre su cuerpo.
La licenciada detalló que respecto a la comunidad LGBTTIQ+, identificaron “el artículo del cambio del certificado de nacimiento como documento histórico, no es beneficioso para la comunidad porque le dejan la nota, no le hacen el cambio”.

Por otro lado, mencionó el artículo 389, en el que requiere que en la declaración jurada de matrimonio debe incluir “información relacionada con cualquier condición médica o intervención quirúrgica, que de conocerla el otro contrayente no daría su consentimiento para el matrimonio”. Esto perjudica a la comunidad trans, destacó la abogada.

Un aspecto del código señalado como positivo por la experta fue la eliminación del requisito de que los adoptantes tienen que estar casados entre sí, se añade la relación de afectividad análoga a la conyugal, y se elimina también el requisito de que las personas tengan que ser de sexo distinto para adoptar.

“El problema de esto es que hay bastantes ambigüedades”, indicó la abogada, quien recordó que corresponde a los tribunales interpretar la ley.

Metro solicitó una reacción sobre el tema a La Fortaleza de parte del Comité Asesor en Asuntos LGBTT, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos.

¿LGBT? ¿LGBTQ? ¿LGBTTIQ+? ¿Cómo se utilizan las siglas para identificar a la comunidad gay y qué significan las siglas? Aquí te decimos:

Las siglas LGBTTIQ+ se refieren a los siguientes: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer. Asimismo, el + se utiliza para las otras identidades que no están incluidas en esas siglas, como Asexual, Pansexual y Gender Fluid, entre otros.

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