Si bien los ingresos que se generen a través de la factura de luz continuarán siendo propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y el Negociado de Energía (NEPR) mantendrá potestad para establecer las tarifas y cargos, Luma Energy, el consorcio que fungirá como operador del sistema de transmisión y distribución una vez se complete un periodo de transición, tendrá la facultad de proponer ajustes tarifarios.
“De tiempo en tiempo, o como disponga el derecho aplicable o lo ordene el NEPR, el operador podrá solicitar al NEPR que se implementen cambios en las tarifas o cargos a los abonados, los cuales, si son aprobados por el NEPR conforme al derecho aplicable, podrían resultar en cambios a las tarifas o cargos aplicados que sean consistentes con el ámbito de la aprobación del NEPR. Tanto el dueño (la AEE) como el administrador (la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, AAPP) deberán apoyar la propuesta de cambios tarifarios del operador para garantizar que las cantidades apropiadas están disponibles para inclusión en cualquier presupuesto”, lee parte de la sección 5.6 del contrato para la cesión de la red eléctrica, revelado ayer por la AAPP.
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El consorcio que componen las empresas Quanta Services y ATCO, y que fue favorecido sobre otras tres competidoras en el proceso liderado por la AAPP, estará a cargo de la transmisión y distribución de la AEE por 15 años, que comenzarán a contabilizarse luego de que se complete una transición que podría demorar cerca de un año, según el anuncio de ayer del gobierno y lo dispuesto en el acuerdo firmado.
En los primeros tres años del contrato, Luma Energy recibirá pagos fijos de $70 millones, $90 millones y $100 millones, respectivamente, con bonos por desempeño que podrían ascender a $13 millones, $17 millones y $19 millones. A partir del cuarto año del contrato, el pago fijo será de $105 millones anuales, y los incentivos podrían alcanzar los $20 millones. De cumplirse con todas las métricas de desempeño estipuladas para cobrar los incentivos, el valor total del contrato sería de $1,934 millones.
En principio, Luma Energy no tendría que financiar las mejoras capitales a la red eléctrica, aunque sí estará encargada de analizar y proponer esos proyectos para los que, según el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, la AEE podría acceder al mercado de bonos, una vez complete su proceso de reestructuración de deuda mediante el Título III de la Ley Promesa. Sin embargo, el contrato contempla que el Luma Energy proponga al NEPR mejoras capitales de los cuales el propio consorcio sería propietario.
El contrato establece que Luma Energy, igualmente, deberá proponer un presupuesto anual a la AAPP a por lo menos 90 días de concluir cada año fiscal. Sin embargo, si el presupuesto elaborado por la empresa propone ajustes tarifarios, Luma Energy someterá el documento directamente al NEPR.
El convenio firmado por la AEE, la AAPP y Luma Energy no abunda sobre la obligación de cumplir con la política pública energética, que estableció como objetivo que para el 2050 toda la energía consumida en el país se genere mediante fuentes renovables, más allá de disponer, en la sección 5.18, que la compañía “deberá coordinar y asistir con los servicios y operaciones contemplados en la Ley 17 (de 2019), incluyendo servicios y operaciones relacionados con microrredes, generación distribuida, fuentes de energía renovable, medición neta y cooperativas de energía”.
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Ayer, la AAPP también divulgó el informe que sometió el Comité de Alianzas que recomendó la selección de Luma Energy sobre Public Service Enterprise Group (PSEG), la única otra compañía que también sometió una propuesta. Duke Energy Corporation y Exelon Corporation también habían sido cualificados para licitar, pero no sometieron una propuesta formal.
En el informe, se destaca que la propuesta de Luma Energy obtuvo 92.34 puntos de un máximo de 100, para superar a PSEG, que recibió 83.83 puntos. Entre las ventajas de la propuesta de Luma Energy, el Comité de Alianzas subrayó el “conocimiento” que demostró sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico y la presentación de un plan de transición más detallado. Además, se indica que Luma Energy aceptó las métricas de desempeño que finalmente se incluyeron en el acuerdo de operación y mantenimiento, mientras que PSEG propuso un método distinto para calcular los incentivos.
Por otra parte, el documento señala que, inicialmente, la propuesta del consorcio era más cara que la de PSEG. Sin embargo, luego de negociaciones, Luma Energy redujo la oferta, que terminó siendo unos $30 millones menos que la de su competidor.
El Comité de Alianzas estuvo compuesto por Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; José Ortiz, director ejecutivo de la AEE; Ralph Kreil, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE; Edison Avilés, presidente del NEPR; y Ottmar Chávez, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia.
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