Economía

Entidad gubernamental sale de sindicatura, pero otra se mantiene, informa AAFAF

El DPI se mantiene bajo el proceso de sindicatura y presentan legislación para garantizar su funcionamiento y programas

Omar Marrero Díaz Archivo

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El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, informó el miércoles que finalizó el proceso de sindicatura del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD).

“Lamentablemente el mal manejo e incumplimiento desde hace aproximadamente ocho años provocaron que el Gobierno federal emitiera una orden de Cese y Desista relacionada con la asignación de fondos al CEDD, por lo que actualmente esta entidad no está ofreciendo los servicios a la población con impedimentos. Sin embargo, a tono con la política pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a través del mecanismo de la sindicatura, el equipo de la AAFAF logró que el Gobierno federal aprobara un Plan de Acción Correctivo que atendiera los serios señalamientos del gobierno federal”, dijo Marrero Díaz en declaraciones escritas.

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“Además, se pusieron en marcha los trabajos de reconciliaciones y rendición de cuentas del componente programático del CEDD. Es fundamental establecer que, gracias a las negociaciones y acuerdos, se logró también utilizar parte del fondo administrativo dentro del presupuesto federal para el proceso de preparación e implementación del plan de acción correctivo”, añadió.

Según Marrero Díaz, desde el 2015, el CEDD ha recibido recortes de 5.4 millones de dólares en sus asignaciones por incumplimiento con regulaciones federales. Más aún, al momento de la intervención por parte de la AAFAF en mayo de 2019, el CEDD estaba en riesgo de perder la cantidad de 1.6 millones de dólares adicionales por falta de documentación apropiada. No obstante, con el proceso de sindicatura, la AAFAF logró la aprobación de estos y otros reembolsos, ascendentes a 3.4 millones de dólares.

Detalló que otro de los logros que formaron parte del Plan de Acción Correctivo fue el cierre fiscal de los proyectos subvencionados con dichos fondos federales dirigidos a la población con deficiencias en el desarrollo de Puerto Rico.

“El equipo de la AAFAF logró el 100 por ciento de las visitas a los nueve proyectos que estaban activos; se generaron los nueve informes de cierre a todos los proyectos; se logró que HHS, a través de la Administración para la Vida Comunitaria, aprobara el cambio de pareo de 25% a 10% para los proyectos rurales, según la reglamentación federal y se logró el recobro de $55,689.65, de los proyectos en áreas no rurales”, señaló.

De otro lado, Marrero Díaz informó que la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) se mantiene bajo el proceso de sindicatura tras el Gobierno federal haber hecho señalamientos por incumplimiento con las normativas federales y mal manejo de los fondos que administra.

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“La AAFAF también trabajó un Plan de Acción Correctivo para el DPI de acuerdo con las exigencias federales con el fin de subsanar las deficiencias notificadas y que esta comunidad vulnerable continúe beneficiándose de las funciones y programas que ofrece la dependencia. Para que nuestro plan correctivo rinda frutos y asegure una operación efectiva y óptima, necesitamos garantizar por ley la separación federal y estatal de las gestiones correspondientes al programa con el fin de evitar la duplicidad de fondos e incongruencias en el funcionamiento del DPI, y así poder salvaguardar las garantías mínimas que requiere este tipo de agencia para operar”, indicó el funcionario.

Mencionó que el representante Néstor Alonso presentó el proyecto de ley (Proyecto de la Cámara 2301) para crear la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y para crear y designar la División de Protección y Defensa de Puerto Rico. Con esto se promueve el desarrollo saludable de la entidad pública y se disponen nuevos servicios. Este proyecto de ley deroga la actual legislación y procura brindar más fuerza a la entidad del Estado que vela por los derechos de las personas con impedimentos y garantizar los requerimientos del Gobierno federal en cuanto al cumplimiento programático y fiscal. Además, atiende las acciones correctivas desarrolladas e implementadas por la AAFAF, para evitar el Cese y Desista relacionado con los fondos.

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