La Cámara de Representantes aprobará hoy una resolución de presupuesto que, aunque coincide con la cantidad de fondos contenidos en la versión que sometió la Junta de Control Fiscal (JCF), reajusta ciertas partidas para poder incluir las asignaciones necesarias para pagar el bono de Navidad a empleados gubernamentales, encaminar una transición en WIPR y comenzar la retribución uniforme a servidores públicos a partir de enero.
Buena parte de los ajustes, sin embargo, están condicionados a que las agencias gubernamentales cumplan con objetivos de ahorros que viabilizarían el desembolso de esas partidas sin superar el total de $10,045 millones asignados con cargo al fondo general.
PUBLICIDAD
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, anticipó que el presupuesto que bajará hoy a votación en ese cuerpo sería el primero elaborado por el gobierno electo que la JCF podría aprobar sin imponer enmiendas unilateralmente.
La administración de la gobernadora Wanda Vázquez había sometido a la Legislatura un presupuesto de fondo general ascendente a $10,214 millones, $169 millones por encima de lo contemplado por la JCF.
“Nos encontramos ante la consideración del primer presupuesto que entendemos va a tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, toda vez que cumple con todos los parámetros establecidos en el plan fiscal de Puerto Rico que fue certificado en mayo”, indicó Soto en conferencia de prensa antes de comenzar la sesión de esta tarde, al puntualizar que la comisión recibió memoriales de todas las agencias gubernamentales y analizó tanto la propuesta de la JCF como la del ejecutivo.
Según Soto, al llegar a acuerdos con la JCF, el cuerpo legislativo consiguió el visto bueno que el equipo de la gobernadora no había podido alcanzar en los pasados meses.
Entre esos acuerdos, el representante destacó los fondos que se destinarían al bono de Navidad, que en el proyecto sustitutivo que radicó la Cámara se reducen, de $64 millones que recomendó el ejecutivo, a $48 millones que, además, serían contingentes a que las agencias cumplan con ahorros.
PUBLICIDAD
“Se identificó un lenguaje aceptable a la Junta de Supervisión Fiscal porque establecemos que el bono de Navidad habrá de pagarse al identificarse los recursos necesarios o los ahorros en otras áreas del presupuesto. El gobierno de Puerto Rico tendrá hasta el 30 de noviembre para poder pagar los $48 millones del bono que son correspondientes al fondo general. El gobierno pedía ($64 millones) pero la realidad es que el bono de Navidad atribuible al fondo general es $48 millones, porque hay empleados que son pagados con fondos federales”, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda.
Por otro lado, el presupuesto que bajará a votación en la Cámara baja contiene $7.5 millones para cubrir los gastos de la Corporación para la Difusión Pública, que la JCF ha objetado ante la insistencia de que la entidad pase a manos de una organización sin fines de lucro.
“Los $7.5 millones dan para el gasto operacional completo de acuerdo a lo que ha sido el presupuesto de gastos que se ha tenido. Lo que la Junta de Supervisión Fiscal está pidiendo es que se apruebe legislación previo al cierre de esta sesión que sea conducente a viabilizar la transición de WIPR a una corporación sin fines de lucro. No está entrando en los detalles, siempre y cuando el lenguaje de esa medida tenga el aval de ellos. Podría ser el proyecto que ya está radicado o podría ser un sustitutivo. La legislación que se apruebe finalmente, lo importante es que tenga un lenguaje que sea aceptado por la Junta”, indicó Soto, aludiendo a una medida de administración que fue presentada a la Asamblea Legislativa.
En la misma conferencia de prensa, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, había hablado de la posibilidad de que WIPR sea transferida al Departamento de Educación.
“Estamos examinando una propuesta en que WIPR regrese al Departamento de Educación para que de esa manera el departamento pueda utilizar WIPR para la enseñanza a través de esa señal y a la vez la Universidad de Puerto Rico también pueda dar cursos a través de la televisión”, indicó Méndez.
El plan de clasificación y retribución uniforme de empleados públicos, que se originó en la Ley de Empleador Único aprobada en 2017, representaría para el gobierno un costo de $62 millones que no fueron incluidos en la propuesta de presupuesto de la JCF.
Méndez, sin embargo, precisó que “en conversaciones” con la JCF se “identificaron” los fondos para comenzar a implementar este programa a partir del 1 de enero de 2021, que impactaría inicialmente al 70% de los empleados de agencias del gobierno central.
Otro punto en controversia relacionado con el presupuesto trataba sobre los fondos asignados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la celebración de los comicios generales en noviembre. La CEE exigía unos $15 millones adicionales a los $9 millones que la JCF incluyó en la propuesta.
No obstante, Soto precisó que esa deficiencia se atiende con las reasignaciones ascendentes a $11.5 millones que la JCF autorizó en pasadas semanas.
En tanto, Soto indicó que no se incluirían fondos para la compra de seguros paramétricos, para los cuales el gobierno pedía una asignación de $82 millones.
La resolución conjunta tendría un debate de cerca de tres horas en la Cámara de Representantes, tras lo cual podría avanzar al Senado, aunque Soto no ofreció garantías de que el trámite podría completarse hoy.
El legislador admitió que hasta el momento no se han mantenido conversaciones con el Senado sobre la medida, por lo que cabría la posibilidad de que se introdujeran enmiendas que obligarían a que la resolución de presupuesto regresara a la Cámara. Mañana miércoles es la fecha límite para que ambas cámaras aprueben proyectos nuevos, tras lo cual únicamente se podría trabajar con las enmiendas antes del cierre de la sesión el 30 de junio.
