El Senado aprobó hoy a viva voz el Proyecto del Senado 1458 de la autoría del senador Ángel Martínez Santiago que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal para actualizar el proceso de identificación de sospechosos o acusados de delitos.
La pieza legislativa, que estaba pendiente de la votación electrónica, señala que la identificación “incorrecta” por parte de testigos, “es la mayor causa de convicciones erróneas” en Estados Unidos según datos del “Innocence Project Network”. Dicho estudio señala que el 70 por ciento de las convicciones que han sido revocadas como resultado de una prueba exculpatoria de ADN fueron el producto de una identificación a través de rueda de detenidos o de identificación de fotografías.
En el caso de Puerto Rico, el ordenamiento jurídico dispone en la Regla 252 de las Reglas de Procedimiento Criminal que el procedimiento de identificación de sospechosos, con anterioridad a juicio, mediante el mecanismo de rueda de detenidos o a través del uso de fotografías. Sin embargo, según el autor de la medida, no se contempló tomar las garantías necesarias para evitar identificaciones erróneas que podrían conducir a que personas inocentes “sean condenadas injustificadamente”.
Recomendados
Gobierno de Estados Unidos anuncia subvenciones para proyectos solares
Cangrejeras de Santurce se coronan campeonas del voleibol femenino
Sistema de salud de Haití se tambalea con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados
Te recomendamos:
Asimismo, estableció que el estado de derecho aplicable en dicha etapa es “flexible, se le ha restado vigor y formalidad, por lo que se arrebatan garantías constitucionales al sospechoso de delito que puede culminar en convicciones erróneas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann Zayas, opinó en el informe positivo que “resulta necesario preguntarnos, el por qué no ofrecer garantías adicionales para evitar identificaciones inexactas de testigos oculares. De esta forma, se presenta un proceso más riguroso y formal, protegiendo las garantías constitucionales”.
“El Estado no puede desligar su responsabilidad constitucional de garantizar el debido proceso de ley y promover un sistema de justicia penal justo, con el pretexto de falta de personal o problemas fiscales. La libertad de una persona no puede en ninguna circunstancia supeditarse a ello”, acotó Neumann Zayas.