El presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo Vázquez Hernández, se negó a contestar muchas de las preguntas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las transacciones que concretó con el Departamento de Salud para la compraventa de pruebas serológicas de Covid-19.
Vázquez Hernández, amparado en que se trata de “secretos de negocio”, no quiso responder a qué precio la empresa adquirió las pruebas rápidas a la compañía mexicana Zogen Genética, a pesar de que ha trascendido que las consiguieron por menos de $3. 313 LLC vendió al gobierno 1,500 pruebas por $45, y otras 100,000 a un costo de $36, para un desembolso total de casi $3.7 millones.
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El empresario también fue evasivo cuando el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, le inquirió sobre su relación con Juan Maldonado, el abogado que, a nombre de Apex General Contractors, encabezó las negociaciones en otra de las polémicas compras del Departamento de Salud.
“313 objeta la pregunta por no entenderla pertinente para propósitos de la investigación”, fue la respuesta que Vázquez Hernández reiteró en decenas de ocasiones a diversas cuestionamientos de Morales.
Morales le recordó a Vázquez Hernández que fue el incorporador de Alister Mckinley, una compañía que Maldonado creó inicialmente en el estado de la Florida pero que luego registró en la isla.
Vázquez Hernández, quien se describió como “managing member” de 313 LLC, insistió a lo largo de la vista que se encontraba deponiendo ante la Comisión de Salud en calidad de “representante” de la compañía y no en el ámbito personal.
La poca colaboración durante la comparecencia de Vázquez Hernández se produjo luego de que se ausentara en tres ocasiones a las citaciones de la comisión. La pasada semana, la Cámara de Representantes recurrió al Tribunal de Primera Instancia, que procedió a ordenar que el empresario fuera citado bajo apercibimiento de desacato.
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Ante la actitud de Vázquez Hernández, Morales anticipó que el cuerpo legislativo acudiría nuevamente a la corte para obligarlo a contestar las preguntas que, hasta el momento, se ha negado a responder.
“Me parece que es una información bien relevante para la investigación, y usted está obstruyendo. Es una acción muy temeraria de usted”, le dijo Morales luego de que Vázquez Hernández rechazara contestar el margen de ganancia que la empresa esperaba obtener de las transacciones con el gobierno.
Vázquez Hernández sí contestó que 313 LLC nunca ha realizado negocios de ninguna índole, con entidades públicas o privadas, aparte de la venta de pruebas rápidas al Departamento de Salud, pese a que la compañía fue incorporada en 2018.
A pesar de ello, la primera orden de compra emitida por el Departamento de Salud, por 1,500 pruebas rápidas, se concretó el 20 de marzo, el mismo día que la agencia estableció comunicación con 313 LLC.
Vázquez Hernández, sin embargo, no quiso responder por qué el 24 de marzo el Departamento de Salud desembolsó el 100% del pago correspondiente por adelantado, aunque la orden de compra disponía que el adelanto fuera de 60%.
Otros socios de 313 LLC son Miguel García, Wilfredo Rodríguez y Juan Suárez Lemus. Vázquez Hernández precisó que los cuatro socios se dividieron las ganancias a partes iguales.
En un momento dado, Morales también regañó fuertemente al abogado de Vázquez Hernández, Miguel Negrón Matta, por entender que hacía señales a su representado sin permiso de la comisión.
Al momento, 313 LLC mantiene un litigio con el gobierno, que se ha negado a recibir la totalidad de la segunda orden de 100,000 pruebas. El secretario Lorenzo González estableció, desde mediados de abril, que la agencia buscaría renegociar el precio de los ‘rapid test kits’, partiendo de la premisa de que 313 LLC incumplió con los plazos de entrega.
Pendientes para ampliación.
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