Más de dos años después de que se firmara la ley que ordenó privatizar la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobierno finalmente anunció el consorcio de empresas que estarán encargadas de operar, por los próximos 15 años, los sistemas de transmisión y distribución de electricidad en el país.
La compañía estadounidense Quanta Services y la canadiense ATCO conforman el consorcio que fue seleccionado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para manejar el sistema eléctrico, en un proceso de selección de propuestas en el que superaron a otros tres licitadores.
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El consorcio de estas dos empresas, que se organizaron bajo el nombre de LUMA, subcontrató a su vez a la compañía IEM. Esta última, según explicó Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, tiene experiencia en el manejo de fondos federales, que el gobierno espera sea la base de la modernización del sistema energético durante los próximos años.
Según Fontanés, será necesario un periodo de transición de entre 10 y 12 meses antes de que LUMA pueda comenzar a operar el sistema, un intervalo que estará marcado por la continuación de la renegociación de la deuda de cerca de $9,000 millones de la corporación pública y la posible llegada de los fondos federales.
Tras describir brevemente la trayectoria histórica de la AEE, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, señaló que con el traspaso de las operaciones al consorcio privado se cumple el primero de los tres “pilares” de la transformación de la corporación pública: la concesión de la red, la reestructuración de la deuda y la “optimización” del uso de fondos federales necesarios para construir un sistema más confiable.
En una actividad que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, Fontanés explicó que el contrato a 15 años con Luma dispone que la AEE pagará un monto base cada año, al que se le podrían sumar una serie de incentivos contingentes a que se cumplan ciertas métricas. La cantidad máxima para el año fiscal 2021 será de $83 millones, cifra que aumentará a $109 millones en 2022 y así subsiguientemente hasta llegar a $141 millones en 2027.
Según el director de la AAPP, en las negociaciones con el gobierno, LUMA identificó que podría generar ahorros en los gastos operacionales de la AEE de hasta $293 millones dentro de siete años. Asimismo, Fontanés justificó el costo del contrato, al sostener que actualmente la AEE gasta unos $75 millones anuales en consultores.
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Aunque la modernización inicial del sistema se prevé que sea financiada con entre $15,000 millones y $20,000 millones en asignaciones federales, a largo plazo las mejoras de capital serían responsabilidad de la corporación pública.
“Es importante que salgamos de la deuda. Porque eso es lo que le va a dar flexibilidad a la autoridad de poder hacer algunas emisiones de bonos que se necesiten en el futuro o tener acceso a algún mercado. Eso es esencial y es parte del plan que visualizamos a largo plazo”, subrayó Fontanés.
Por otro lado, Fontanés puntualizó que a pesar de contratar un operador privado, la tarifa energética continuará estando en manos del Negociado de Energía.
“Las tarifas, como todos saben, son algo bien complejo. Estamos confiados en que podemos traer ahorros que a la larga van a aumentar la asequibilidad y reducir las tarifas…Estamos incentivados mediante nuestra compensación anual a mejorar la confiabilidad, resiliencia, servicio al cliente y la seguridad de nuestros trabajadores”, dijo por su parte Wayne Stensby, el presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA.
Fontanés precisó que el desempeño de LUMA será evaluado a partir de ciertas métricas, tales como la cantidad de minutos al año que los abonados están sin servicio, la frecuencia de las interrupciones, el tiempo que tardan para contestar llamadas, los accidentes de empleados y el tiempo laboral perdido como consecuencia de esos incidentes.
Por ejemplo, el funcionario detalló que, en Puerto Rico, el abonado promedio pasa 732 minutos al año sin servicio eléctrico, mientras que el promedio en Estados Unidos es de 109 minutos. Incumplir con los objetivos que se establezcan, advirtió Fontanés, abriría la puerta a una serie de opciones a la Junta de Gobierno de la AEE, entre ellas la terminación unilateral del contrato con LUMA.
Empleados tendrán opción de entrevista
En la conferencia de prensa, no quedó claro qué ocurrirá con la empleomanía de la corporación pública, que al momento se compone de cerca de 6,500 trabajadores, según se informó. Fontanés y Stensby insistieron que los empleados actuales que deseen permanecer trabajando tendrán la primera opción para ser entrevistados por la nueva gerencia.
“Los empleados existentes están protegidos por diferentes mecanismos. Aquí la obligación es de entrevistar primero. No vayan ellos a entrevistar gente de afuera sin darle la oportunidad a los empleados que estaban primero que quieran entrevistarse”, dijo Fontanés.
Esta mañana, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que LUMA fue registrada el 17 de enero de este año, por lo que no licitó bajo esa identidad corporativa. Esa fecha es la misma en la que, según se informó esta tarde, se aprobaron los “documentos de transacción” para ceder la AEE a LUMA.
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, catalogó el acuerdo con Luma como el primer paso en la transformación de la AEE. Los pasos siguientes, enumeró, son la obtención de fondos federales para rehacer el sistema, la privatización de la generación y, por último, la reestructuración de la deuda.
Fontanés anticipó que, desde el “próximo mes” comenzaría un análisis para auscultar la posibilidad de negociar para los activos de generación un acuerdo similar al que se alcanzó con LUMA para la parte de transmisión y distribución de energía.
En los dos años que han transcurrido desde que entró en vigor la Ley 120-2018, el panorama ha cambiado significativamente con respecto a las promesas que en su momento ofreció el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Por ejemplo, la AEE ya no tiene planes de vender o ceder en el corto plazo las plantas generatrices, como se pensó inicialmente, y la Ley 17-2019 estableció la política pública energética del país, que dispone que para 2050 toda la electricidad en la isla debe producirse a partir de fuentes renovables.
La gobernadora Wanda Vázquez estuvo presente en el anuncio, que opinó marcó el “comienzo de una transformación fundamental para el bienestar Puerto Rico y el futuro de las próximas generaciones”.
