La discusión sobre la designación del abogado Carlos Rivera Santiago a la secretaría del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), inevitablemente, se ha convertido en una sobre la forma en que se percibe la incidencia de racismo en Puerto Rico, considerando que el debate público y en las vistas de confirmación ha girado en torno a la forma en que el nominado manejó el caso contra la niña Alma Yariela Cruz Cruz entre 2017 y 2018 como secretario auxiliar de Menores y Familia del Departamento de Justicia.
Para la socióloga Palmira Ríos, sin embargo, la discusión que se ha dado a nivel de la Comisión senatorial de Nombramientos ha dejado en evidencia el pobre manejo de las complejidades asociadas al tema del racismo entre algunos legisladores. Como ejemplo, la expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles se refirió a expresiones como las que emitió ayer el senador Henry Neumann, a los efectos de que el racismo no fue factor en las decisiones que tomaron los procuradores de menores que atendieron el pleito de Alma Yariela, amparándose en que las tres niñas que estuvieron involucradas en las peleas escolares son de raza negra.
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“Hay una mirada a la discusión sobre los planteamientos y alegatos o denuncias de discriminación racial que es como de la década de 1960. Se limita o se trata de limitar la discusión a que (las instancias de racismo) es algo abierto, deliberado, estilo ‘Ku Klux Klan’, y que si no es eso pues no es racismo. O que, como dijo un senador que yo respeto mucho, Neumann, si son negros los que hicieron los comentarios o la acción pues no es racismo. La verdad es que no entienden lo que es la discriminación racial, las dimensiones de la misma, y sobre todo no entienden o no quieren entender lo que es el racismo institucionalizado”, opinó Ríos.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, igualmente ha desdeñado las denuncias de discriminación racial que han traído a las vistas de confirmación el licenciado Leo Aldridge, quien defendió a Alma Yariela en el caso criminal en su contra, así como Yomayra Cruz Lozada, madre de la menor, y sus abogados, Marcos Rivera Ortiz y Maraliz Rivera Gutiérrez, quienes la representan en una demanda que presentó contra el Estado en 2019.
“Ninguna persona ha traído aquí ningún dato, ninguna evidencia, ningún documento que demuestre que hubo algún acto de racismo o negligencia del licenciado Carlos Rivera Santiago”, sostuvo en la vista de ayer Rivera Schatz.
“Es lo que me preocupa, que si no entienden eso no van a actuar, combatir y desmantelar (el racismo institucionalizado) de una vez”, planteó Ríos, quien no descartó que la postura de algunos senadores sea una “acomodaticia” con el objetivo de justificar la confirmación del nominado por la gobernadora Wanda Vázquez.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, expresó que indagar sobre el acercamiento de Rivera Santiago hacia casos como el de Alma Yariela es “esencial” para medir las cualidades que el nominado trae a la mesa de cara a la posibilidad de que tome las riendas de una agencia en crisis como el DTRH.
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“El tema puede ilustrar el carácter, la conducta, las convicciones de un candidato a un puesto de confianza de la gobernadora. Hace bien el Senado en abrir esto a vistas públicas y que tenga algo que decir de manera precisa y específica sobre la conducta de este y cualquier otro candidato”, señaló Román Espada.
Sin embargo, el abogado coincidió con Ríos al opinar que los senadores “deben tener cuidado” al adjudicar que no existió racismo en las acciones u omisiones de Rivera Santiago y los otros funcionarios encargados de procesar el pleito legal.
“Muchos de los procesos relacionados con la conducta de menores que llegan a los tribunales tiene que ver con los menores de las clases desposeídas del país. Esos procesos realmente no están para los menores de edad de sectores más acaudalados de Puerto Rico, que van a colegios privados, etcétera. Muchos de esos sectores desposeídos del país son personas trigueñas o negras, hay una correlación racial entre la condición económica y que la persona no sea blanca. Decir que no hay un elemento racial involucrado me parece que no es lo correcto. Lo correcto es reconocer el problema”, afirmó Román Espada, quien subrayó que será “bien interesante” ver el contenido del informe que redacte la Comisión de Nombramientos y la manera en que los senadores, particularmente de la mayoría novoprogresista, voten una vez baje a consideración del pleno.
Aunque señaló que, en lo personal, no ha determinado cómo votará, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, indicó ayer a la prensa que, a base de la evidencia recopilada en las vistas, “la participación directa del nominado, según las partes, fue ninguna”.
Ese tipo de expresiones, insistió Ríos, son preocupantes, pues son los legisladores quienes tienen en sus manos la posibilidad de generar la política pública requerida para atender las manifestaciones de discriminación racial en el sistema de justicia penal.
“Si continuamos con el argumento que los senadores esgrimieron hoy (ayer), en esa vista, pues no vamos a entrar en ese tipo de análisis de profundidad. Más allá del caso de licenciado Rivera Santiago, se devela una serie de deficiencias graves que revelan que nuestros funcionarios electos y designados no están tomando con la seriedad que amerita las desigualdades por raza y color en Puerto Rico a pesar de que nuestra Constitución lo prohíbe”, puntualizó la socióloga.
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