Enid Dávila Hernández, madre de una de las niñas que tuvieron disputas escolares con Alma Yariela Cruz Cruz, defendió el proceder del Departamento de Justicia en el pleito legal del que desistió en 2018, al argumentar que los esfuerzos de mediación entre las partes que se intentaron por cerca de dos años resultaron infructuosos.
“Aquí no hay nada de racismo. Las menores involucradas, que son las víctimas, mi hija es una niña negra, su familia es negra. Aquí está su abuela paterna, que es de tez negra. Este caso no fue por un empujón o una simple pelea, fue por un patrón de ‘bullying’ durante dos años consecutivos. Dos años donde estas dos menores tuvieron que pasar muchos malos ratos, golpes de esta menor (Alma Yariela), insultos y amenazas de esta menor. La escuela hizo su trabajo. Cito a esta madre muchas veces, pero mamá nunca dio la cara”, dijo Dávila Hernández en alusión a Yomayra Cruz Lozada, madre de Alma Yariela.
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Dávila Hernández declaró esta tarde ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que evalúa la nominación a la secretaría del Trabajo de Carlos Rivera Santiago, quien era secretario auxiliar de Menores y Familias mientras se llevó el caso contra Alma Yariela y, desde ese cargo, supervisaba a los procuradores de menores a nivel regional.
A preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Dávila Hernández aseguró que ninguno de los procuradores, ni Rivera Santiago, la presionaron a ella o a la madre de la otra menor presuntamente perjudicada para que decidieran proceder con el procedimiento criminal. Más bien, dijo Dávila Hernández, la indisposición de Cruz Lozada para comparecer a la escuela Modesto Rivera, en Carolina, no les dejó otro curso de acción que proceder con la querella.
Dávila Hernández igualmente acusó al abogado Leo Aldridge, quien encabezó la defensa de Alma Yariela, de mentir públicamente sobre los alegados hechos con el objetivo de manipular la opinión pública a favor de su representada.
Según Dávila Hernández, existe evidencia en el expediente del caso que prueba que Cruz Lozada se ausentaba de las citaciones que expedía la administración de la escuela para mediar entre las disputas que su hija y otra niña mantenían con Alma Yariela.
“En el expediente que aquí tenía el señor Aldridge están todas las evidencias que acusan a la madre de ser negligente. Están todas las citaciones que hizo en la escuela tanto el director escolar como la trabajadora social. Esta madre nunca compareció a la escuela. Me hubiese gustado que (Aldridge) abriera el expediente y lo mostrara a todos ustedes para que vieran la evidencia de las citaciones y de las agresiones de esta menor hacia nuestras hijas”, sostuvo Dávila Hernández.
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A pesar de que, a preguntas de Rivera Schatz, Dávila Hernández respondió que no le hubiera “permitido” al Departamento de Justicia que archivara los cinco cargos contra Alma Yariela, manifestó que, en última instancia, decidió desistir de las denuncias pues no quería exponer a su hija a la atención que hubiera significado la celebración de un juicio público, como accedió el tribunal a petición de la defensa.
“Quien desistió de continuar con el caso fuimos nosotras las madres. No como (dijo) el abogado (Aldridge), que dio una información incorrecta. Entendimos que un caso de menores que se suponía fuera confidencial y se protegieran a las tres menores, el exponerlas ante el ojo público, y un público que tenía una visión del caso por las expresiones que primero dieron el abogado Leo Aldridge y la mamá de esta menor, totalmente erróneas e incorrectas, la preocupación de nosotras era que estas personas iban a entrar a la sala las iban a ver e identificar, y posiblemente en la calle o la escuela las iban a agredir verbalmente”, dijo Dávila Hernández, quien aseguró que su familia ha sido objeto de insultos a través de las redes sociales.
Tras escuchar a Dávila Hernández, el líder senatorial expresó que, en las tres vistas de confirmación que se han celebrado, “ninguna persona ha traído aquí ningún dato, ninguna evidencia, ningún documento que demuestre que hubo algún acto de racismo o negligencia del licenciado Carlos Rivera Santiago”.
Aldridge recalca negligencia de Rivera Santiago
Dávila Hernández testificó luego de que Aldridge hiciera lo propio, en una ponencia en la que se hizo eco de las palabras que ayer expresara la madre de Alma Yariela, a los efectos de que Rivera Santiago exhibió un nivel de insensibilidad que pone en duda sus capacidades para liderar una agencia en crisis como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
En su ponencia, Aldridge presentó un tracto de las comunicaciones que tuvo con funcionarios del Departamento de Justicia, incluyendo a Rivera Santiago, en vías de impulsar un proceso de mediación entre las partes. Como reseñó Metro más temprano, el abogado le indicaba en una de las cartas que el procurador Carlos Alonso, a cargo del pleito de Alma Yariela, le había informado que las madres de las presuntas víctimas se oponían a la mediación querían “sangre”.
A preguntas de los senadores, Aldridge insistió que Rivera Santiago, como jefe de procuradores tenía total discreción para finalizar el encauzamiento criminal y enviar el pleito a mediación.
El presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, sin embargo, discrepó de esa conclusión, según indicó a la prensa tras finalizar la vista pública.
“La Ley (de Menores) establece bien claro en el artículo 21 que para poder archivar esa falta, si se trataba de una falta (Tipo) I el consentimiento de la las partes, de la víctima y el procurador. En este caso en particular, la participación directa del nominado, según las partes, fue ninguna. Solamente una comunicación que tuvo el licenciado Leo Aldridge con el procurador y él le explica el proceso que se tiene que seguir para poder mediar”, dijo Martínez, quien anticipó que se citaría nuevamente a Rivera Santiago para mañana.
Específicamente, dijo que se indagaría sobre la participación del secretario designado en un caso que la procuradoría de menores de la región de Fajardo llevó contra un adolescente que fue acusado de escalamiento por pernoctar en un plantel escolar en Río Grande.
De acuerdo con Martínez, la consideración del nombramiento se retrasaría al menos hasta la semana que viene.
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