Desde el CPI
Mientras decenas de ciudadanos eran arrestados por violación al toque de queda impuesto por el Gobierno como medida para prevenir la propagación del COVID-19, y la mayor parte del sector comercial permanecía paralizado, un grupo selecto de constructores de viviendas, urbanizaciones de lujo, restaurantes y otros desarrollos privados continuaron trabajando durante el mes de abril bajo el radar con el aval del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
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En una consulta privada que el desarrollador Rafael Rojo, presidente de VRM Companies, realizó a través de correo electrónico, la agencia gubernamental interpretó que estas actividades contaban como “servicio esencial” e “infraestructura crítica” en medio de la pandemia y que estaban exentas del cierre establecido por la Orden Ejecutiva 2020-33, según enmendada, que emitió la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 12 de abril de 2020.
Para entonces, sólo operaban el sector de la salud, supermercados, instituciones financieras, ferreterías y gasolineras, y podían trabajar empleados de estos comercios y personal de primera respuesta, entre otras limitadas excepciones.
La exención de la construcción de urbanizaciones y viviendas nuevas no está explícita en la orden, que sólo reconoce como infraestructura crítica la “relacionada a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, telecomunicaciones, sistema vial, desperdicios sólidos y biomédicos, puertos marítimos y aeropuertos”. No hace mención de construcción de viviendas ni trabajos en urbanizaciones.
El DDEC emitió el 16 de abril, la Carta Circular Núm. 2020-07 como guía agregada a todo el sector industrial, comercial y empresarial, sobre la aplicabilidad de la Orden Ejecutiva a sus operaciones, pero tampoco es clara sobre la autorización a este tipo de actividad.
Sin embargo, bajo la interpretación que el DDEC concedió privadamente, continuaron los desarrollos de compañías como VRM LLC, presidida por Rojo, y PRISA Group, que preside Federico Stubbe. Además, el líder sindical Edison Severino y varios trabajadores indicaron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que la compañía CIC Construction Group, que preside Gustavo Hermida, reanudó trabajos de construcción en farmacéuticas y de nuevos restaurantes de comida rápida para la misma fecha. Rojo, Stubbe y Hermida son importantes donantes del Partido Nuevo Progresista. Stubbe también ha sido donante del Partido Popular Democrático.
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VRM LLC construye la urbanización Riviera en Bayamón, con viviendas cuyos precios fluctúan entre $270,000 y $700,000, además de las más económicas Terrazas del Monte, en Las Piedras, y Palacios del Mar, en Humacao, con casas en oferta desde $121,000 y 110,900, respectivamente.
PRISA Group, por su parte, tiene el desarrollo de proyectos en Dorado Beach, incluyendo las residencias de Sabanera Dorado, donde las propiedades están a la venta desde $459,000.
“Nosotros empezamos la construcción de algunas de las partidas de nuestros proyectos el 22 de abril”, confirmó Rojo al CPI.
Explicó que las actividades que reinició no constituían la construcción de vivienda, sino de “obras de urbanización”, que son “tuberías sanitarias, sistema vial, eléctrico, agua potable; todo lo que le llamamos site que no es la casa”.
Rojo reconoció que, para esa fecha, la orden ejecutiva solo permitía la continuación de trabajos de construcción de “infraestructura crítica”. Señaló que el concepto fue definido más específicamente por la Carta Circular del DDEC, pero aún no lo suficientemente claro.
“Yo entendí que la carta estaba un poco ambigua y, como persona de la industria, preparé una carta al DDEC con lo que es nuestra interpretación específica de lo que yo leí en esa carta circular. Se la cursé a un correo electrónico que tiene el DDEC para todo lo relacionado al COVID y aclaraciones, esbocé lo que es nuestra interpretación y les pregunté si era correcta. De vuelta, recibí un correo de que, en efecto, nuestra interpretación era correcta y podíamos operar”.
Rojo dijo que esa interpretación la compartió con colegas de la industria, incluido Federico Stubbe, de PRISA Group.
La compañía PRISA Group contestó por escrito al CPI que también inició sus operaciones bajo la justificación de que eran consideradas parte de las actividades de construcción de “infraestructura pública”.
El CPI intentó contactar a Hermida o a algún ejecutivo de CIC Construction Group, pero al cierre de esta historia, no había obtenido respuesta.
¿Cómo se justifica la construcción de urbanizaciones en medio de una pandemia?
Según respondió el DDEC a preguntas del CPI, “la construcción de viviendas incluye infraestructura relacionada a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, telecomunicaciones, sistema vial y otros”.
El CPI constató que la relación de los proyectos de VRM con la AEE, la AAA, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Negociado de Telecomunicaciones se limitó a los permisos de obras que de ordinario deben contar con el visto bueno de estas corporaciones públicas y que se obtienen antes de iniciar el desarrollo, aún si no existiera la pandemia, dato que Rojo confirmó.
En respuesta al cuestionamiento del CPI, el DDEC también justificó la exención al apuntar que “la construcción de viviendas es considerada como una actividad de infraestructura crítica para salvaguardar la seguridad nacional conforme a la guía promulgada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que detalla las actividades críticas para el manejo de la COVID-19”.
Sin embargo, la Guía sobre la Fuerza de Trabajo Esencial de Infraestructura Crítica en respuesta a la COVID-19 se promulgó como una sugerencia a los gobiernos estatales y territoriales. Establece que “las labores de respuesta a la pandemia de COVID-19 son ejecutadas a nivel local, administradas a nivel estatal y apoyadas a nivel federal”.
Otras compañías no se enteraron de que podían trabajar
Aún con la exención que justificó el DDEC en correos electrónicos a ciertos contratistas, la industria de la construcción en general estuvo casi inoperante por dos meses, coincidieron en entrevistas separadas el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Alfredo Martínez Álvarez, y el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Juan F. Alicea Flores.
“La industria se ha afectado grandemente porque había unos proyectos significativos que estaban corriendo y ya programados. Obviamente, por estos dos meses, se tuvieron que paralizar. Muchos de ellos son de recuperación para la preparación de huracanes, para gente que está esperando su casa, ese nuevo hogar, estaban preparándose para la época de huracanes que viene ahora y que por dos meses, todo ese proceso se retrasó. Lo que iba a estar listo para mayo, ahora va a estar listo para julio o agosto”, evaluó Martínez Álvarez sobre los efectos de la pandemia en la industria.
“La construcción de urbanizaciones y viviendas nuevas se detuvo por completo y el que lo haya hecho (seguir construyendo), lo hizo de forma ilegal porque estaba prohibido. De hecho, nosotros tenemos varios colegiados que tienen dentro de sus funciones compañías de construcción y me consta porque conversé con ellos durante el proceso. Todo se detuvo”, dijo Alicea Flores en referencia específica al período del cierre del comercio que inició el 16 de marzo y que se extendió hasta mediados y finales de mayo.
“No conocemos de ninguna (que hubiese trabajado durante el cierre ordenado por la Gobernadora), salvo alguna que pudiese estar asociada a la actividad hospitalaria”, agregó el ingeniero, quien fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la administración de Alejandro García Padilla.
Martínez Álvarez también estimó que fue mínima la parte de la industria de la construcción que pudo reanudar sus trabajos durante los primeros dos meses del toque de queda.
El presidente de la organización que agrupa a cerca de 125 miembros estableció que “siempre hemos insistido en la importancia de activar los trabajos de construcción de viviendas, en particular para aquellas familias que han sido fuertemente afectadas por los desastres naturales que hemos vivido desde 2017”.
Asimismo, el presidente de VM Builders, el ingeniero Vidal Mas, indicó que su proyecto de 20 viviendas de lujo en Senderos Reales, parte de Montehiedra, estuvo detenido hasta el 11 de mayo.
Mas consideró que ni la Orden Ejecutiva 2020-033, ni la Carta Circular 2020-07 del DDEC le permitían reanudar sus operaciones. El ingeniero participó de seminarios con la Asociación de Contratistas Generales hasta tres veces por semana, pero asegura que ese tema nunca se trató.
“Que alguien haya continuado trabajando en el área de vivienda, yo desconozco. Y si lo hizo, no sé bajo qué premisa”, observó. “Yo no oí que alguien siguiera trabajando porque, sin duda alguna, yo hubiese levantado el issue, porque no es justo que unos sí y otros no”, apuntó el también presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.
La Fortaleza evade aclarar la orden
En un intento por aclarar el lenguaje de la orden, el CPI preguntó a La Fortaleza si específicamente la construcción de urbanizaciones y viviendas unifamiliares estaba considerada como un servicio esencial por el Gobierno de Puerto Rico y si estaba exenta del cierre.
La Fortaleza se limitó a repetir el lenguaje ambiguo del documento, pero sin incluir el tema de las urbanizaciones y viviendas unifamiliares.
“Está claramente estipulado que se autoriza al sector de la construcción a operar siempre y cuando sea para ofrecer servicios críticos, de mantenimiento o reparación o de nueva construcción relacionados a hospitales, servicios de agua potable, electricidad, comunicaciones, entre otros y sobre todo, en casos en que la construcción tenga que ver con la salud y la seguridad de la ciudadanía y al control para evitar la propagación del COVID-19”, lee la declaración enviada.
“Según promulgado en la OE 2020-033, los servicios esenciales permitidos, incluyendo en la construcción, están dirigidos a atender tanto situaciones de emergencia como a proteger la salud de los ciudadanos, a nivel individual, siguiendo los parámetros y las precauciones establecidas en la Orden Ejecutiva”, añade la respuesta.
Trabajadores denuncian medidas de protección insuficientes
El director de asuntos públicos de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción (LiUNA), Edison Severino, denunció que muchas compañías estuvieron llamando a sus trabajadores a retomar las labores antes de la orden ejecutiva del 1 de mayo, que estableció las medidas para la reapertura de algunos sectores comerciales.
“La orden ejecutiva tenía unas exenciones claras en lo que tenía que ver con la construcción”, observó Severino. “Yo creo que más bien, el Gobierno le aplica todas las de la ley a la gente, más que a estos contratistas, que están por la libre”, agregó.
Con la orden del 1 de mayo, se estableció que los contratistas de construcción autocertificarían su cumplimiento con las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA). La Asociación de Contratistas Generales (AGC) también ofreció sugerencias para la seguridad en el trabajo que enfatizan el distanciamiento social, uso de mascarillas protectoras, guantes, caretas y lentes protectores, equipo de higiene personal y orientaciones sobre medidas de seguridad contra el COVID-19.
Severino denunció que muchos contratistas no han entrenado ni provisto materiales de seguridad adecuados a los trabajadores para protegerlos del COVID-19. “La gente, simplemente, ha estado llevando sus mascarillas de tela, con cero distanciamiento social, que lo puedes ver en cualquier trabajo de construcción que esté corriendo, o con una camiseta enrollada en la cara. Es una receta para el desastre”, dijo Severino.
“Si no están cumpliendo y protegiendo a los trabajadores ahora, imagínate si lo estaban haciendo antes. No. No había medidas suficientes de protección para estas personas”, señaló. “Parece que están usando a los trabajadores de la construcción como conejillos de Indias a ver si es verdad que el virus infecta y a ver si es verdad que esto mata”.
Se trata de trabajadores con salarios que fluctúan entre $7.25 y $10 por hora. Según Severino, cerca del 48% no cuenta con el beneficio del seguro por desempleo.
Juan Rivera, un operador de grúa, fue uno de esos trabajadores a los que su patrono, CIC Construction Group, ha estado llamando para que retorne una obra que se desarrolla en Carolina. La primera llamada fue el 9 de abril, el Jueves Santo. A su juicio, no se trata de un desarrollo de infraestructura crítica ni de un servicio esencial que debió reanudarse antes del 11 de mayo.
Rivera se negó a regresar al proyecto, pero el 27 de abril, cuando la nueva orden con nuevas especificaciones entró en vigor, lo volvieron a llamar. Rivera declinó nuevamente, pues tenía miedo de entrar en contacto con el virus que causa la COVID-19 y contagiar a su familia.
Otros obreros de la construcción también recibieron llamadas de sus patronos y, aunque muchos se negaron a regresar, a otros no les quedó otra alternativa, como un trabajador de uno de los proyectos de la constructora VRM, cuya hermana aseguró al CPI que los trabajos de construcción allí continuaron desde, al menos, finales de abril.
Esta historia se publica en Metro gracias a una colaboración con el Centro de periodismo Investigativo. Puede navegar la publicación original AQUÍ
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