La emergencia salubrista a causa del COVID-19 ha provocado el confinamiento de gran parte de la población para prevenir contagios. Pese a esto, los reclamos y denuncias de distintos grupos de la sociedad civil no han mermado, lo que incluso ha llevado a diversas protestas en las calles.
De eso da fe la Colectiva Feminista en Construcción, para quienes quedarse en casa tampoco es una alternativa mientras siguen surgiendo objeciones en medio de la crisis provocada por el COVID-19, explicó una de sus portavoces, Zoán Dávila.
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Claro, esta crisis ha obligado a modificar estrategias al momento de ocupar espacios públicos para manifestarse y cuando organizan concentraciones multitudinarias.
Dávila contó que, en un principio, adoptaron el mecanismo de realizar caravanas en carros para mantener las medidas de distanciamiento físico entre las personas que acudían a manifestarse. Dijo, no obstante, que a medida que los días en confinamiento avanzan los reclamos siguen desatendidos, por lo que salir a la calle a manifestarse resulta ineludible.
“Aun reconociendo que cuando nos tiramos a la calle nos estamos arriesgando a contagiarnos y a estar expuestas al virus, como quiera nos parece que hoy estemos y por eso hemos estado —aun en estos tiempos— manifestándonos”, narró la también abogada de 31 años de edad.
Para la activista, uno de los reclamos que continúan amplificando es por una declaración de estado de emergencia contra la violencia de género y machista; una crisis que consideran ha pasado desapercibida en medio de la pandemia.
“Desde que iniciamos ese reclamo, se ha hecho muy poco y lo que se ha hecho, ha sido más cosmético que otra cosa”, señaló Dávila en entrevista con Metro. Ante esto, exigió que se implemente un plan estructurado contra la violencia de género y que incluya un plan de acción para atender casos en situaciones de emergencia.
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La pandemia, sin embargo, ha insertado nuevos reclamos al programa de la Colectiva. Por ejemplo, repudian la reapertura de sectores económicos sin tomar en cuenta la salud de las personas que trabajan. Asimismo, han abogado por la reapertura de comedores escolares, expansión del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que los patronos provean equipo de protección a sus empleados y un hazard pay a personal que arriesgan sus vidas en medio del COVID-19.
Para continuar visibilizando estos reclamos, Dávila apuntó que han tomado medidas como el uso de mascarillas, desinfectante de manos, escudos de plásticos e información sobre prevención.
Asimismo, la líder feminista también reconoce los riesgos que asumen de contagiarse con esta nueva cepa del coronavirus cuando salen a la calle y al convocar a manifestantes. En todo caso, Dávila comentó que es deber del estado —y no de las organizaciones— garantizar la seguridad de los ciudadanos que deciden manifestarse.
“Reconocemos el riesgo para nosotras pero también estamos conscientes de las cosas que están ocurriendo en el país de la manera tan negligente e irresponsable que el gobierno ha respondido. Sabemos también que si eso no se visibiliza, sabemos que si nosotras no salimos a las calle u otras personas no salen a exigir, la situación va a ser mucho peor”, opinó.
“La emergencia existe, pero tenemos que salir a la calle”, agregó.
Y aunque precisamente esto podría redundar en contagios, Dávila rechazó que las convocatorias sean contrarias a los reclamos que presentan. De esta forma, argumentó que el gobierno debió apostar a la educación y prevención en lugar de “encerrar a la gente”.
“No lo veo contrario… Nosotras apostamos a que [las personas] deben tener la información necesaria para poderse proteger. Hay unos espacios que definitivamente tienen que estar cerrados porque exponen a la gente a unos focos de contagio como son los centros comerciales. A esos espacios no hay necesidad de ir porque la necesidad que tiene la gente es de sobrevivir”, subrayó.
A juicio de Dávila, las personas que acuden reconocen que tienen que tomar medidas necesarias para protegerse. Pero más allá de esto, la activista señaló que la gente decide protestar porque reclaman “lo necesario para sobrevivir” durante el encierro como alimentos y pagar sus hogares.
“[La gente] no va [a las manifestaciones] porque van a turistear o van a pasarla bien o esparcirse del encierro, van porque estar allí es también una necesidad. La gente que está allí asumen ese riesgo porque el riesgo mayor es otro y es que el estado les deje morir”, aseguró.
Eco a manifestaciones anti-racistas
Las manifestaciones en medio del encierro no es algo que sólo se ha suscitado en Puerto Rico. Durante las últimas semanas, en distintas ciudades de Estados Unidos la ciudadanía ha salido a denunciar la brutalidad policiaca y el racismo tras la muerte del afroamericano George Floy a manos de la Policía.
En días recientes, la Colectiva respaldó las protestas que promueven el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y aseguró que en Puerto Rico se trata de un reclamo contra la violencia anti-racista que se ha manifestado en la isla contra comunidades pobres —en su mayoría negras— y mujeres. El discrimen racial, según Dávila, es un problema social que en
Puerto Rico se ha intentado invisibilizar con la “teoría utópica” de que los puertorriqueños son una mezcla de tres razas.
“Si la gente se siente indignada, si la gente quiere expresarse, que lo haga”, planteó.
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