La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, presidida por la representante Yashira M. Lebrón Rodríguez, realizó una vista pública en torno al Proyecto de la Cámara 2537, de la autoría del representante Joel Franqui Atiles, para prohibir que los establecimientos comerciales impongan cargos o tarifas relacionas al COVID-19.
Allí el Colegio de Cirujanos Dentistas abogó porque sean las aseguradoras quienes paguen el cargo relacionado a gastos por el coronavirus.
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“Nuestros pacientes no deben ser los que sufraguen los costos inherentes y directamente relacionados al control de infecciones y adquisición de equipo o productos de protección personal. En su lugar, deben ser las compañías aseguradoras quienes asuman ese costo, mediante la extensión de una cubierta o código especial para cobijar tales costos”, expuso el Colegio.
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Restaurantes piden que sea el consumidor el que decida
“El cierre del comercio en Puerto Rico ha traído consigo varios costos y gastos, no contemplados ni previsibles, para adaptar las operaciones a las nuevas normas que requieren extrema limpieza, equipo protector y normas de distanciamiento”, expuso la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).
En su ponencia la entidad rechazó el Proyecto que impide el cargo, y mencionó que los cargos no son ilegales, según expuso el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Además, opinaron que es el consumidor quien debe decidir si auspicia los comercios o no.
“Será el consumidor el que, una vez sea adecuadamente informado del cargo aplicable, decida si auspicia o no al comercio”, indicó ASORE.
Asimismo, ASORE alegó que los restaurantes han invertido en equipo protector requerido por el Departamento de Salud para empleados, entiéndase, mascarillas y guantes, muchos han realizado adaptaciones físicas en sus locales, “entre otros gastos relacionados”.
La Asociación recalcó que las ayudas federales y locales existentes no han sido suficiente para mitigar el impacto del cierre por el coronavirus.
“Ciertamente, es decisión de cada negocio cobrar un cargo adicional, pero destacamos que como Asociación esa alternativa no ha sido parte de los protocolos que hemos trabajado y compartido con la industria durante esta emergencia”, afirmaron.
DACO asegura tiene las herramientas para fiscalizar
Por otro lado, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), expuso en su ponencia que la agencia puede fiscalizar los cargos por parte de los comercios con la reglamentación que tienen vigente.
“Lo cierto es que la imposición del llamado COVID FEE se ha prestado a confusión por parte de los consumidores, quiene sno tienen del todo claro si el cargo ha sido aprobado por el Gobierno, y si el mismo realmente se justifica o si, por el contrario, no es sino una forma de subir los precios sin así reconocerlo los comerciantes. Al amparo del ordenamiento vigente, el DACO puede fiscalizar que dicho cargo no constituya una práctica engañosa o una vulneración a los derechos de los consumidores. No obstante, el mismo no puede prohibirse. En ese sentido entendemos no solo pertinente, sino necesario, legislar para prohibir de modo expreso el cargo aludido”, expuso la titular del DACO.
Salgado añadió que la parte de la emisión de multas se le debe dejar al DACO.
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