Michael López Saldaña, quien hasta la semana pasada laboraba como ayudante en secretaría del Departamento de la Familia, denunció un patrón de persecución en su contra que tiene su origen en el 2018 cuando atendió en La Fortaleza a la persona que se quejó contra la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez en un caso que desembocó en un proceso judicial del cual la hoy la Primera Ejecutiva salió airosa.
Según el relato de López Saldaña, publicado en redes sociales, la persecución en su contra se activó cuando Vázquez asumió la gobernación. Específicamente, señala a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones en varias instancias de acoso en su contra y ahora su despido por parte del recién confirmado secretario de la Familia, Orlando López Belmonte.
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El funcionario destituido es actualmente candidato a representante del Partido Nuevo Progresista por el distrito de Caguas y Gurabo. López Saldaña indicó a Metro que está considerando entablar algún tipo de reclamación legal por persecución.
En su extenso escrito, López Saldaña resume su paso por el gobierno en distintas iniciativas y programas desde La Fortaleza hasta el Departamento de la Familia. Se describe como un servidor público sin conexiones, ni apellido. El funcionario pasó al Departamento de la Familia en agosto de 2018 y aunque su plaza estaba adscrita a ADSEF, fue destacado en la Oficina de la Secretaría.
“Todo el que me conoce sabe que siempre tengo una sonrisa, que no formo parte de ‘corillos’, ni buscarle hacerle daño a nadie. Sin embargo, al igual que otros, he sufrido en carne propia la persecución. A partir de noviembre de 2019, la licenciada Surima Quiñones, quien en ese entonces era la administradora de ADSEF, comenzó un patrón de hostigamiento y persecución en mi contra”, denunció López Saldaña. Específicamente detalló las siguientes acciones: le cancelaron su salario sin entregarle carta de despido y sin el consentimiento de la entonces secretaria de la Familia, Glorimar Andújar; retiraron de su cuenta bancaria sin notificación y sin el debido proceso de ley una quincena de trabajo y el bono de Navidad; desaparecieron sus hojas de asistencia, aunque él mantuvo copias; y aunque hubo un fallo a su favor del área de Recursos Humanos en enero de 2020 para que le devolvieran la quincena y el Bono de Navidad retirados, no fue hasta mayo que le hicieron el pago correspondiente.
“La única justificación que me compartieron personas cercanas a la licenciada Surima Quiñones, fue que ella consiguió autorización de sacarme sin el consentimiento de la Secretaria de la Familia porque, según alegan, ‘una persona que declaró en contra de la Gobernadora, no podía estar trabajando en el Gobierno’”, lee parte de la declaración del exfuncionario. El caso al que se hace referencia es el de la señora Nayda Betancourt, quien acudió en el 2018 a La Fortaleza a quejarse por alegada intervención indebida de Vázquez como secretaria de Justicia en el procesamiento de su hijo, Tyrone Torres Betancourt, convicto por un escalamiento en la casa de la hija de la hoy Gobernadora. El Fiscal Especial Independiente radicó cargos contra Vázquez que no pasaron de la vista de causa para arresto.
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“Yo no declaré en contra de Wanda Vázquez, como en otros casos, yo cumplí con mi deber ciudadano de dar testimonio sobre unos hechos que ocurrieron en mi presencia. No era mi responsabilidad determinar si lo que expresaba el ciudadano era cierto o falso, mi responsabilidad era atender a esta persona como a cualquier otro hijo de vecino y asegurarme que su reclamo, fuese escuchado y evaluado, independientemente si era contra el Secretario de Justicia o cualquier otro funcionario de poder”, leen las expresiones publicadas hoy por López Saldaña
Ahora con la llegada de un nuevo secretario a Familia, quien fue contratista en ADSEF bajo el mandato de Quiñones —según se relata en el escrito—, terceros le solicitaron a López Saldaña y al resto del personal de confianza en la agencia que redactaran cartas de renuncia. Un día después, se notificó por correo electrónico al funcionario que su renuncia había sido aceptada. López Saldaña relató en su escrito que como empleado de confianza había preparado una carpeta con asuntos pendientes de su cargo para cualquier transición, pero de la notificación de su despido a la efectividad del mismo pasaron 16 minutos, por lo que no hubo transición. El funcionario describe la situación como un despido, ya que asegura fue obligado a redactar una carta de renuncia. Según relató a este diario, solamente a él y a la licenciada Gladys Acevedo se les aceptó la renuncia que les hicieron redactar.
López Saldaña asegura haber recibido información de que su terminación de funciones surgió por una instrucción que “vino de más arriba” como represalia a su declaración ante el FEI en el caso de la Gobernadora. “Otros dicen que necesitaban mi salario para dividirlo en los aumentos de salario por encima de la escala que ya están solicitando al nuevo secretario”, agrega el relato. El suscribiente califica como preocupantes ambas teorías, ya que dan paso a pensar que en Puerto Rico se persigue y juzga a funcionarios públicos por cumplir su deber.
El exfuncionario de Familia fue el enlace de la agencia con el municipio de Guayanilla durante la emergencia de los terremotos en el Sur. Durante la misma emergencia surgió la destitución de la exsecretaria Andújar y más adelante el escándalo de los suministros de ADSEF controlados por figuras políticas como la senadora, Evelyn Vázquez. Sobre estos asuntos hay una pesquisa en curso en el Departamento de Justicia.
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