El ministro de Salud de España, Salvador Illa, anunció este martes que el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en el país, so pena de multa, cuando acabe el desconfinamiento, hasta que el nuevo coronavirus (COVID-19) sea derrotado “definitivamente“.
Según un comunicado del ministerio de Salud, las personas que no porten mascarilla en la vía pública o en espacios cerrados (cuando no puedan mantener una distancia de seguridad de 1.5 metros) podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros (112 dólares).
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También se mantendrá su obligatoriedad en el transporte público, aviones o vehículos privados cuyos ocupantes no convivan en un mismo domicilio.
España, uno de los países más castigados por el COVID-19, impuso el uso de la mascarilla el pasado 21 de mayo, aunque desde principios de ese mes ya era obligatorio utilizarla en los transportes públicos.
Esta nueva decisión forma parte de un conjunto de medidas destinadas a continuar la lucha contra el virus una vez termine el desconfinamiento y se levante el estado de alarma, el próximo 21 de junio.
“Todas estas medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma (…) deben seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva“, insistió el ministro de Sanidad.
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Libertad de circulación
España impuso a mediados de marzo uno de los confinamientos más estrictos del mundo, y hace un mes inició un proceso, por fases, de prudente desescalada de las restricciones.
Illa confirmó que cuando termine el estado de alarma se restablecerá la libertad de circulación en el país, incluso para los habitantes de Madrid y Barcelona, las dos áreas más castigadas y donde no habrá culminado todavía el desconfinamiento.
El 21 de junio, “podrá haber movilidad sin restricción en nuestro país“, dijo el ministro, en referencia a las actuales medidas para prohibir la movilidad interregional en algunos territorios.
Más allá de la mascarilla, el decreto aprobado este martes contempla medidas para los centros laborales, como “la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones“, así como para los hoteles y la restauración.
El decreto gubernamental exige a las autoridades de sus 17 regiones, con competencias en materia de sanidad, que dispongan de un número suficiente de personal implicado “en la prevención y el control” de la pandemia para detectar rápidamente nuevos rebrotes.
Para garantizar la “trazabilidad” de los nuevos contagios, las compañías aéreas o de transporte terrestre deberán conservar los datos de sus pasajeros durante “un mínimo de cuatro semanas“.
