La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, expresó preocupación con la cantidad de refugios con los que cuenta el municipio para enfrentar la temporada de huracanes, que comenzó el 1 de junio.
La ejecutiva municipal precisó que, al momento, en Ponce hay 11 centros habilitados, la misma cantidad que hubo disponible durante el huracán María. De los 11 refugios, ocho son escuelas y tres son centros comunales, indicó Meléndez.
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“Yo entiendo que sí (son necesarios más refugios). Tuve 11 cuando María, sobre mil y pico de personas. Pero ahora mismo hay COVID-19. Y al haber Covid tengo que hacer divisiones en los centros comunales. Ahora los tengo que usar. Y hay que preparar los que tienen cisternas y los que no tienen, obviamente, (hay que instalar) plantas eléctricas”, dijo Meléndez, antes de sostener esta mañana una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez.
“Hace tres semanas yo pedí reuniones para que viniera Educación, (la Autoridad) de Edificios Públicos y Vivienda a verificarlos y encontramos que obviamente tenían columnas cortas, pero no hay daños. Se pueden usar como refugios, ¿y por qué no los usamos en enero como escuelas? Son cosas que no entiendo”, cuestionó Meléndez.
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La alcaldesa, igualmente, manifestó que hay diferencias entre los números que maneja el municipio de Ponce con relación a la pandemia y los que presenta el Departamento de Salud en su ‘dashboard’ oficial.
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“Nosotros tenemos casos cerrados, casos que ya están recuperados y ellos siguen poniendo la persona que murió. ¿Por qué la incluyen, si son casos cerrados, eliminados? Y entonces (el gobierno mantiene) casos que no han podido identificar porque son casos que no tienen dirección y eso es un problema, pero son de Ponce. Según el municipio hay 64 casos activos, (Salud tiene) 132”, contrastó la alcaldesa.
Meléndez dijo que en la reunión con la primera ejecutiva le explicaría sobre la labor de rastreo de contactos que se lleva a cabo a nivel municipal, así como las dificultades que han enfrentado los pequeños y medianos comercios para reactivar sus operaciones como consecuencia de la pandemia.
Además, le expresaría la necesidad de que el Instituto de Cultura Puertorriqueña se involucre en la reparación de estructuras en la zona histórica afectadas por los terremotos de principios de año, al igual que buscar alternativas fiscales para los municipios para compensar por la anulación de la Ley 29 por parte de la jueza Laura Taylor Swain, tras la impugnación de la Junta de Control Fiscal.
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