La Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal para que se entreguen documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.
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La Junta indicó en una comunicación escrita que busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de “comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos, y de esta manera retomar y mejorar la confianza que tiene el pueblo en los procesos de compras del Gobierno en tiempos de emergencia”.
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“Las reglas que utiliza el Gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia”, afirmó la directora ejecutiva de la Junta , Natalie Jaresko.
“Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda”, opinó.
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Recalca Junta de Control puede revisar contratos
Asimismo, expresó que la Ley PROMESA otorga a la JCF la autoridad para revisar y aprobar contratos gubernamentales a fin de garantizar que dichos contratos promuevan una sana competencia del mercado y que sean congruentes con el Plan Fiscal Certificado.
Jaresko recordó que, luego de la controversia suscitada con el contrato entre Whitefish Energy Holdings y el Gobierno, tras el paso del huracán María, la Junta implementó una política abarcadora sobre revisión de contratos como parte de su mandato bajo la Ley PROMESA. Indicó que esa política de revisión de contratos está publicada en el sitio web de la Junta para que el pueblo de Puerto Rico pueda accederla.
Aún cuando la Junta accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Gobierno tiene que cumplir con proporcionarle a la Junta una copia de cada contrato para que pueda revisarlo inmediatamente, luego de que se suscriba, sentenció.
De igual forma, expuso que el contrato tiene que venir acompañado de una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos.
El 16 de marzo de 2020, la Gobernadora firmó una Orden Ejecutiva que estableció los procedimientos especiales de compras durante emergencias. No obstante, el Gobierno suscribió contratos sin haberlos entregado a la Junta para su revisión inmediata. Estos contratos provocaron muchas interrogantes dada su magnitud y las entidades involucradas, alegó Jaresko. Finalmente, el Gobierno canceló su contrato con Apex.
Gobierno no entrega los documentos
Por otro lado, la portavoz de la JCF expuso que llevan dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas de COVID-19, así como la información y los documentos del Gobierno referentes a las negociaciones y el proceso de compras.
Desde entonces, la Junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados. Los esfuerzos que ha llevado a cabo la Junta para atender estas deficiencias no han sido respondidos y, en algunos de los casos, ignorados. Las preguntas que prevalecen son qué procedimientos y procesos llevaron a suscribir esos contratos.
“El Gobierno y el público deben poder confiar en los procesos de compras y contrataciones a nivel gubernamental, particularmente en medio de una emergencia como la que atravesamos en estos momentos”, afirmó Jaresko.
“La rapidez y la urgencia con que se atienden los asuntos en medio de una crisis son de vital importancia, pero también son cruciales la eficiencia, la certeza y la transparencia. Sin transparencia no puede haber confianza, y sin confianza Puerto Rico no podrá superar esta crisis fiscal, que de nuevo se exacerba por otra emergencia trágica”, concluyó.
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