La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) catalogó hoy como un despilfarro de fondos públicos la demanda impuesta por la Junta de Control Fiscal.
“Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no lo menciona en su demanda, el Gobierno de Puerto Rico produjo sobre 1,000 páginas y 202 documentos relacionados a las negociaciones de los contratos para las pruebas del COVID19 y otros equipos o suministros médicos durante el estado de emergencia, decretado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Desde el primer día, la AAFAF ha cooperado con la JSF, produciendo documentos a la JSF, solicitando información a las agencias concernidas y ofreciéndole a la JSF la oportunidad de reunirse con funcionarios de las agencias concernidas para explicar la situación y revisar documentos. La JSF se negó a este proceso”, expresó el director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero Díaz.
La JCF demandó al gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal para que se entreguen documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.
“A pesar de haberse producido sobre 1,000 documentos, la JSF alega que aún falta información por producir. En ese sentido, el Departamento de Salud solicitó a la JSF una prórroga para identificar y/o corroborar la existencia de los documentos solicitados por el ente federal ante la insistencia de entregar documentos, que ellos ya tienen en su poder. Además, PREMA certificó que entregó toda la información concerniente a este asunto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por su parte, ha entregado múltiples documentos a la JSF”, destacó Marrero Díaz.
Añadió que “por lo pronto, evaluaremos la demanda, la cual representa un despilfarro innecesario de fondos públicos por parte de la JSF en momentos donde PR atraviesa una pandemia, que ha provocado un impacto severo en la economía de nuestra isla”.
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“A pesar de la cooperación del Gobierno durante los últimos meses en cuanto a este asunto, la JSF ha decidido demandar y provocar un cuestionable gasto de fondos públicos para gastos legales”, precisó.
La Junta indicó en una comunicación escrita que busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de “comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron estos contratos, y de esta manera retomar y mejorar la confianza que tiene el pueblo en los procesos de compras del Gobierno en tiempos de emergencia”.