El secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, volvió a contratar a la firma de abogados Wolf Popper para ofrecer servicios legales a la agencia por un costo de $250,000 entre febrero y junio de 2020.
El bufete tuvo contratos que ascendieron el millón de dólares bajo la incumbencia de la exsecretaria de Educación Julia Keleher, quien enfrenta acusaciones criminales por supuestamente participar en un esquema de fraude con fondos federales de la agencia. Elías Sánchez, ex director de campaña de Ricardo Rosselló, figuró como cabildero en dicho bufete hasta su salida en julio de 2019.
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Pese a que el acuerdo menciona que el DE requirió los servicios de Wolf Popper para cumplir con la Ley 85 de 2018 —también conocida como la Ley de Reforma Educativa— no especifica los casos o las áreas en que trabajará la firma.
En cuanto a las tareas que desempeñará el bufete, el contrato se limita a estipular que entregará memorandos informativos sobre los estatus de los casos, las últimas actividades en dichos casos y cualquier otra información que les haya solicitado el secretario de la agencia. El acuerdo, asimismo, establece que los servicios serán realizados cuando sean referidos al contratista por parte del DE. Señala que el bufete realizará toda tarea de índole legal que le solicite el secretario de la agencia.
Por su parte, de acuerdo con Nolan Portalatín —director de la Oficina Legal de la agencia— justificó la contratación del bufete ya que se encuentran en un periodo de “transición” para culminar los casos que dirigió la firma durante los seis años de relación contractual con el DE. Agregó que el bufete ha representado a la agencia en foros administrativos, foros judiciales y en la redacción de opiniones legales. “Es importante destacar que el Bufete tenía a su cargo la representación del Departamento en aproximadamente de 2,713 casos que actualmente están activos. Es por esto que se requiere una transición responsable y ordenada para que podamos reasignar estos casos y poder continuar con la defensa de Departamento”, señaló Portalatín mediante declaraciones escritas.
Comentó que la agencia no vislumbra renovar el contrato a dicho bufete una vez este culmine el próximo 30 de junio de 2020. Asimismo, negó que Sánchez hubiese intervenido en el acuerdo con la firma. Mencionaron que el bufete ha tenido contratos con la agencia desde 2013. Entre 2013 y 2016 —bajo la administración del Partido Popular Democrático (PPD)— el bufete tuvo seis contratos para brindar servicios legales a la agencia en el que sobrepasaron los $3 millones.
De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, la agencia contrató al bufete Wolf Popper el 13 de julio de 2017 para prestar servicios legales a la agencia por una cuantía de $1,185,014. El acuerdo venció el 30 de junio de 2018. El DE volvió a pactar con la firma legal el 8 de agosto de 2018 por la misma cantidad y con vigencia hasta el 30 de junio de 2019.
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Menos de un mes después —el 23 de julio de 2019— el bufete notificó que el cabildero y abogado Sánchez renunció a su puesto en medio de la publicación del chat de Telegram que provocó masivas protestas y culminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.
En septiembre de 2019, un grupo de padres denunció un conflicto de interés en los foros de querellas de la agencia ya que uno de sus jueces administrativos y los abogados del DE trabajaban para la firma Wolf Popper.
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