La Cámara de Representantes aprobó a viva voz en su sesión de esta tarde un proyecto de consenso para crear la “Ley de Retiro Digno”, que pretende establecer la política pública para los jubilados en la isla y abrir la puerta a que en el futuro los activos de los sistemas de pensiones del sector público sean administrados por un fideicomiso.
La medida, de la autoría de la representante novoprogresista Lourdes Ramos, abarca todos los sistemas de retiro en el sector gubernamental, con la excepción de los de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico.
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El proyecto dispone que, para el resto de los sistemas de retiro, “el Gobierno de Puerto Rico utilizará todos sus poderes y facultades, dentro de los confines permitidos, bajo (la Ley) Promesa, para el diseño, la planificación y futura creación de un sistema de retiro que se denominará Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistema de Retiro de Puerto Rico (FACSiR)
Como declaración de política pública, el Proyecto de la Cámara (PC) 2434 estipula el rechazo a cualquier plan de ajuste o reestructuración de deuda que reduzca los beneficios de los pensionados mediante los pleitos de Título III bajo la Ley Promesa. En ese sentido, el proyecto rechaza explícitamente el plan de ajuste del gobierno central que la Junta de Control Fiscal presentó el año pasado ante la jueza Laura Taylor Swain, que preside los casos de Título III.
El plan de ajuste bajo consideración del tribunal contempla un recorte de hasta 8.5% en algunas pensiones de empleados públicos retirados.
Ramos, durante su turno en el debate, recalcó que los pensionados de la isla ya han sufrido recortes mediante reformas a los sistemas de retiro a lo largo de las pasadas tres décadas.
“Ya los pensionados no pueden aguantar más. Les quitaron el bono de verano, plan médico, parte del bono de Navidad, bono de medicamentos. Hay muchas cosas que ellos han pagado”, dijo la legisladora, al añadir que la intención del proyecto es permitir que en el futuro se restituyan algunos de los beneficios de retiro que se han ido eliminando a lo largo de los pasados años.
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“Pretendo que con el proyecto la Junta de Control Fiscal se detenga y piense que los daños que le hacen a lo pensionados se lo hacen a la economía del pueblo de Puerto Rico”, agregó Ramos.
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El PC 2434 propone que “una vez alcanzado el coeficiente de financiación adecuada” se restablezcan o expandan los planes de beneficio definido “a los participantes que los vieron eliminados o modificados perjudicialmente” a través de legislación. Otros beneficios que se restituirían o se ampliarían, dependiendo del panorama actuarial, serían ajustes por costo de vida, plan médico, bonos de verano, medicamentos y Navidad.
Un coeficiente de financiación adecuada, según definido en la medida, se alcanza cuando los activos del FACSiR superan en 20% las obligaciones.
La pieza legislativa también contempla que en un futuro también se incluya a empleados transitorios, irregulares y de empresas del sector privado que hayan contratado o sean subsidiadas por el gobierno entre los beneficiarios del FACSiR.
El proyecto “se apresta a tirar una línea en la arena y decirle a los depredadores de la adultez, los jubilados y servidores públicos en Puerto Rico ‘de esta línea no consentimos que pases’”, dijo el representante popular Luis Vega Ramos, quien se unió a la medida como coautor.
“Esta propuesta que entiendo se va a aprobar por unanimidad no solo enmienda leyes y genera derechos, sino que hace justicia… El que por consenso y legislación declaremos estado de emergencia sobre los sistemas de retiro es un paso adelante y un planteamiento de la Legislatura que recoge ese reclamo. Que se hable de que no se continúe llevando a la pobreza a trabajadores y retirados es un gran paso de avance”, dijo por su parte el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño Denis Márquez.
El representante independiente Manuel Natal instó a la Cámara baja a ir por encima de un hipotético veto de la gobernadora Wanda Vázquez a la medida.
“Hay grupos que han sacrificado mucho y que pedirles un sacrificio adicional sería oneroso, posiblemente una cuestión de vida o muerte”, dijo Natal.
La Junta de Directores del FACSiR tendría 15 miembros, entre ellos el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tres participantes activos y tres pensionados del actual Sistema de Retiro de Empleados del gobierno central, dos participantes y dos pensionados del Sistema de Retiro de Maestros y un participante y un jubilado del Sistema de Retiro de la Judicatura.
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