Ayudar a otras personas no le parece un acto heroico, sino humano. Para José Carlos Sánchez Cintrón el servicio comunitario es un estilo de vida y no una modalidad o un acto esporádico, por lo que el joven es parte de la brigada de grupos comunitarios que están en la primera línea de respuesta durante la crisis de la pandemia.
“El tercer sector es el factor clave para levantar al país en cualquier emergencia”, aseguró Sánchez Cintrón, quien, junto a su familia, han generado diversos proyectos para atender las necesidades de la ciudadanía. Tras el huracán María, por ejemplo, la familia barranquiteña desarrolló la iniciativa “El familión” con la que brindaron artículos de primera necesidad a la comunidad de Maná en Barranquitas. Además, en enero de 2020, tras el enjambre de terremotos que afectó el área sur de Puerto Rico, la familia creó Ruta Solidaria, una página en línea para canalizar ayudas a los damnificados por los temblores.
Ante la pandemia del COVID-19, según Sánchez Cintrón, el proyecto Ruta Solidaria “ha tenido que migrar un poco” para dar paso a la iniciativa Llamada Solidaria, que pretende brindar apoyo emocional a través del teléfono. Según el joven, la nueva idea surgió a partir de las llamadas telefónicas de seguimiento que realizaron a las familias afectadas por los terremotos. “En muchas ocasiones decían ‘no necesito nada, pero su llamada es muy necesaria. Me siento solo, estoy angustiado y no sé qué hacer, le tengo miedo a los terremotos’”, explicó Sánchez Cintrón quien agregó que, con el establecimiento de la cuarentena, decidieron abrir un enlace para que las personas que se sientan solas puedan recibir el servicio que ofrecen gracias a una alianza con estudiantes de psicología de la Universidad de Sagrado Corazón.
Por su parte, la pastora Belkis Moya, quien creó la organización Mesón de Amor, expresó que durante la pandemia alimentan a más personas. “No hemos dejado de trabajar desde el día que comenzó la pandemia. Al contrario, ahora no solo tenemos universitarios, hemos dado la oportunidad para que adultos mayores y familias se puedan beneficiar”, expresó la fundadora de la entidad que surgió hace 10 años, en Río Piedras, para que universitarios de escasos recursos pudieran tener una comida caliente.
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Con la llegada del COVID-19 y el establecimiento del toque de queda, muchos de los comercios que tenían prohibida la venta despidieron empleados para sobrellevar la situación económica. La cifra de personas desempleadas en enero de 2020 fue de 94 mil, un aumento de 2 mil desempleados al compararla con enero de 2019. Tras la propagación del coronavirus y la implementación de la cuarentena en marzo de 2020, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reflejó el nivel más alto en la historia de reclamaciones al desempleo en Puerto Rico. Hasta el 30 de mayo de 2020, la cifra de solicitudes de desempleo en el Departamento del Trabajo ascendía a 282,617.
“Lamentablemente, las personas que quedaron sin empleo y no han recibido ayuda, nos envían cartas al correo electrónico diciendo que les da vergüenza escribir, que no les han dado desempleo, que son madres solteras…”, indicó Moya, quien agregó que, a veces, los estudiantes les solicitan ayuda para familiares que quedaron desempleados durante la cuarentena. “En tres ocasiones, recibí a estudiantes que me dijeron ‘Pastora, no me ayude a mí. Ayude a mis papás que necesitan de una compra’”, agregó la líder religiosa.
De acuerdo con el informe Initial Claims in Puerto Rico de la Federal Reserve Economic Data de Estados Unidos, durante el mes de marzo, las cifras de reclamaciones de beneficios por desempleo sobrepasaron las 40 mil por semana. “En María yo sentía que estábamos llegando más a la comunidad y que la gente sí estaba subsanando su necesidad, pero ahora, en la pandemia, nos sentimos impotentes”, afirmó Janice Soliván Ruig, integrante de la organización Casa Juana Colón en Comerío que tiene como misión apoyar y orientar a las mujeres comerieñas y que, durante la pandemia, ha brindado alimentos y apoyo emocional a las comunidades de ese municipio. “Todos los días recibo llamadas de personas con necesidad. Sabemos que hay gente pasando hambre, que no es lo tradicional”, aseguró Soliván Ruig, quien opinó, además, que la situación se ha extendido mucho tiempo y es muy incierta.
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Enfrentando el huracán María
Aunque han pasado dos años del azote de María, la integrante de Casa Juana afirmó que la ciudadanía aún enfrenta los estragos del huracán. “En Comerío y en otros espacios de la isla todavía hay gente que está resistiendo lo que fue el huracán María”, expresó Soliván Ruig quien explicó que la entidad comenzó a trabajar dos semanas después del paso del fenómeno atmosférico.
Según un estudio realizado en 2019 por la Red de Fundaciones de Puerto Rico, tras el huracán María, 41 organizaciones locales, estadounidenses y de países extranjeros recaudaron más de $375 millones para la reconstrucción de la isla. Asimismo, de acuerdo con el informe “The Housing Crisis in Puerto Rico and the Impact of Hurricane María”, del Centro de Estudios Puertorriqueños en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) reportó que, hasta el 11 de mayo de 2018, había 357,492 viviendas afectadas por el paso de María. “A mediados de febrero de este año, nos enteramos que una de nuestras participantes, que se había quedado callada, vivía con un techo de toldo y sin luz desde el huracán María”, reveló Soliván Ruig. Tras el huracán, Casa Juana Colón repartió artículos de primera necesidad, brindó servicios legales y generó un censo de necesidades en las comunidades de Comerío.
De acuerdo con el informe Cost of Damages by Hurricane María – Puerto Rico publicado en 2017 por Estudios Técnicos Inc., el huracán devastó la infraestructura del país, lo que dejó a la ciudadanía sin acceso a energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y gasolina. Según el documento, por la escasez de combustible, las empresas limitaron sus operaciones y muchos ciudadanos quedaron temporalmente desempleados.
“Nuestra reacción fue no quedarnos de brazos cruzados. Abrir las puertas de nuestro hogar, ver la comunidad destruida, llorar lo que había que llorar y salir a buscar a las personas que necesitaban ayuda”, relató Sánchez Cintrón quien, además, señaló que el gobierno no le brindó ayuda porque la comunidad de Maná era pequeña. Como resultado de la falta de apoyo, el joven barranquiteño recurrió a alianzas con otras organizaciones en la búsqueda de artículos de primera necesidad para su comunidad.
La organización Mesón de Amor tampoco recibió apoyo del Estado. “Aparte del Municipio de San Juan, nosotros no hemos recibido ningún beneficio del gobierno”, indicó Moya, quien narró que durante el huracán María también brindaron alimentos a adultos mayores y familias con niños. Asimismo, la fundadora explicó que, tras el enjambre de terremotos que afectó la zona Sur del país, la entidad se movió “al área de Maricao a brindar compras a los refugios”. Sin embargo, para muchos damnificados, la necesidad de apoyo emocional era mayor. “Nos decían que ya tenían suministros, pero pedían que oráramos por ellos”, añadió la pastora que describe la organización como “una familia extendida” para los participantes.
Unión de esfuerzos
Ante el aumento en las necesidades de la ciudadanía y el poco apoyo del gobierno, las organizaciones han recurrido a la unión de grupos para atender una mayor cantidad de emergencias que puedan presentarse en las comunidades que atienden. “Las alianzas han sido muy significativas, porque nos brindan los recursos o servicios que no tenemos”, precisó Soliván Ruig. La organización Casa Juana Colón, por ejemplo, implementó acuerdos con entidades como Matria, con quienes trabajan el proyecto “Amaré” para manejar crímenes de odio; Coordinadora Paz para la Mujer, que les provee material educativo y capacitación a sus miembros; y Casa Pensamiento de la Mujer, con quienes coordinan los servicios de apoyo emocional.
Además, Casa Juana Colón estableció alianzas con grupos de abogados y abogadas que brindaron servicios legales a las comunidades para solicitar ayudas económicas a FEMA, tras el paso del huracán María. “La Casa se convirtió en un centro de apoyo legal porque mucha gente había rescatado tierras y les exigían tener una affidávit o documentos legales”, explicó Soliván Ruig. La entidad realizó tres actividades con abogados y abogadas para canalizar las peticiones de la ciudadanía a la agencia federal. “Nuestras participantes a veces entran buscando ayuda legal, pero su estado emocional está tan afectado que necesitan un apoyo más allá de la parte legal”, aseguró la integrante de Casa Juana Colón. Soliván Ruig explicó también que, en la organización, desarrollaron los proyectos “Educando para la paz” y “SANART”, en los que vinculan la educación legal con el apoyo emocional. Asimismo, Casa Juana se unió al junte Mesa Social con diversas entidades para exigir al gobierno y al Departamento de Educación la apertura de los comedores escolares durante la emergencia del COVID-19.
Grupos comunitarios en respuesta de emergencia
La entidad, nombrada en honor a la líder obrera comerieña Juana Colón, impulsó, además, la creación de un grupo comunitario integrado por diversos sectores del pueblo. “Queríamos establecer un junte, donde se levantara un protocolo para no duplicar esfuerzos, dar una mirada holística y que la ayuda llegara a los más vulnerables efectivamente”, explicó Soliván Ruig. De esta forma, surgió el Junte Comunitario Comerieño, constituido por la Escuela de Bellas Artes de Comerío, el Centro Cívico Cultural Cirilo W. Meijers, las Iglesias Católica y One Church, la Asociación de Comerciantes y representantes de la administración municipal de Comerío. “Ha sido excelente porque hemos podido trabajar muchísimo. Cada uno, desde su conocimiento, aporta al Junte”, indicó Soliván Ruig quien expresó, además, que, durante la pandemia, el grupo distribuyó compras de alimentos a las comunidades del pueblo.
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Ayudar a quien ayuda
Por su parte, la Coalición Legal para Puerto Rico tiene como misión aportar conocimiento legal a las entidades comunitarias del país. “La Coalición es una organización que busca reclutar abogados y abogadas que quieran invertir su trabajo probono dando servicio a organizaciones sin fines de lucro, comunitarias y entidades similares”, explicó el director ejecutivo del grupo, Emmanuel Vélez Torres.
De acuerdo con el abogado, el servicio que ofrece la Coalición se enfoca en desarrollar la parte contributiva, de gobernanza o estructura, de asuntos laborales, contratos y manejo de voluntariado de las organizaciones. Según Vélez Torres, a través de las emergencias, aumentaron tanto las necesidades y las ayudas brindadas a las comunidades, como la pérdida de ingresos de las organizaciones que ofrecen servicios. “Lo que queremos es evitar un colapso, porque en la medida en que no puedan paliar el esfuerzo del gobierno, la crisis se va a agudizar”, aseguró el director ejecutivo.
La firma de consultoría Estudios Técnicos Inc. apuntó en su informe El tercer sector en el contexto del COVID-19, que el subsector de organizaciones comunitarias podría enfrentar una pérdida de ingresos de entre $241 a $483 millones. Esta situación tendría un impacto mayor en la capacidad de proveer apoyo a las poblaciones más vulnerables. “Uno puede dar un servicio, pero si no puede buscar la manera de que el impacto sea mayor y recurrente, pues el ingreso se va en vano”, afirmó Vélez Torres.
El abogado explicó que los grupos comunitarios “viven a pulmón de donaciones y de propuestas para algunos donativos legislativos” y que, tras las emergencias del huracán, los terremotos y el COVID-19, algunas organizaciones “pueden estar a punto de desaparecer”.
Soliván Ruig, por otro lado, expresó que los donantes les confían los suministros porque no tienen vínculos con el gobierno. “El estado fue el último que apareció. En Comerío yo ni los vi, pero en algunos espacios en los que estuvieron, fueron los últimos en llegar y los donantes sabían eso, así que nos decían ‘como ustedes no tienen vínculos con el Estado, aquí esta esto para que lo canalicen en la comunidad”, expresó la integrante de Casa Juana Colón.
Por su parte, Cintrón Sánchez opinó que el Estado debería acoger a los grupos comunitarios como aliados para trabajar en las emergencias. “El gobierno debe asumir y darle mayor protagonismo dentro de sus planes de contingencia al tercer sector, porque este grupo ha demostrado que son quienes conocen las necesidades de las comunidades, de los municipios y a dónde ir a buscar a la gente que realmente necesita la ayuda”, precisó el joven.
Sin embargo, Soliván Ruig, denunció que cada vez es menor el apoyo estatal. “Casa Juana existe porque el Estado no hace su trabajo, lo ideal sería que ni Casa Juana ni otra organización existiera, que el Estado asumiera lo que tiene que hacer como prioridad”, indicó la integrante de la entidad quien añadió que, con el Junte Comunitario, aspira a levantar un modelo de protocolo que puedan usar cada vez que haya una situación crítica.
A pesar del poco apoyo que reciben los grupos comunitarios por parte del gobierno, Mesón de Amor también se prepara para brindar nuevos servicios. “Hay tres proyectos pendientes que estamos trabajando simultáneamente”, expresó Moya. La entidad se propone construir el Meso Hostal, que se compone de cuatro habitaciones para estudiantes universitarios de escasos recursos que no puedan costear un hospedaje. “Creo que poder abrir estos espacios a estudiantes que tienen un promedio increíble, pero que sus padres no puedan ayudarlos, es una hermosa oportunidad”, indicó pastora. Asimismo, la organización pretende apoyar a los adultos mayores que deseen culminar estudios universitarios y a la comunidad migrante en Puerto Rico a completar los grados escolares y conseguir sus documentos.
Sánchez Cintrón, por su parte, desea “crear una cultura solidaria en Puerto Rico a través del servicio y no solo a través de las emergencias”, pues en muchos sectores de la ciudadanía puertorriqueña las necesidades son el pan nuestro de cada día y los grupos comunitarios, los entes de primera respuesta ante estas adversidades.
Este reportaje es producto del trabajo final del curso Redacción Periodística II impartido por el profesor Mario Roche Morales en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.