La contralora Yesmín Valdivieso informó el jueves que se emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Corozal. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
“El Informe M-20-31 revela que el Municipio contrató para tareas de inspección del Cine Teatro de Corozal, a la misma corporación de servicios profesionales de ingeniería, que realizó el diseño y planos de la reconstrucción. El Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos de 2010, prohíbe que el diseñador de la obra pueda fungir como inspector de esta”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.
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Explicó que el contrato para la inspección de 62,400 dólares aumentó a 198,900 dólares tras nueve enmiendas que también se suscribieron en violación de la reglamentación vigente. Esta situación se refirió en el 2018, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para que tome las medidas que estime pertinentes.
Agregó que la auditoría de seis hallazgos señala que el municipio adquirió vehículos y equipos pesados, como un tractor, un loader, y un carro de golf, entre otros, sin obtener las cotizaciones requeridas. El alcalde y dos funcionarios, que viajaron a la subasta en Kissimmee y en Orlando, Florida, no protegieron los intereses del municipio y los gastos, incluido el viaje, ascendieron a 98,809 dólares. Esta situación impidió determinar si la cantidad invertida en la adquisición era menor al precio del mercado local, y que el municipio tuviera a su disposición alternativas de mejores ofertas.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en comprobantes de desembolso y sus justificantes tales como: ausencia de facturas originales, falta de fechas o de firmas autorizadas. Además, el municipio pagó 1,159 dólares por cargos de financiamiento a la tarjeta de crédito asignada al alcalde.
El Informe indica que un 89 por ciento de las transferencias de créditos, se realizaron sin que el director de Finanzas emitiera las certificaciones de sobrantes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-27 del 2015.
Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, la Oficina de Auditoría Interna de Corozal no había efectuado auditorías periódicas que incluyera las áreas de materialidad y riesgo. Además, el Reglamento de Compras y el Reglamento de uso de Tarjetas de Crédito, no habían sido ajustados a las nuevas disposiciones de la Ley 81-1991, ni al Reglamento para la Administración Municipal de 2016.
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La auditoría comenta que el Municipio transigió por 1 millón de dólares, una demanda de 17 exempleados por discrimen político. Además, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sanción impuesta por la Oficina del Panel del Fiscal Independiente de suspender de empleo y sueldo por 10 días al alcalde, por el hecho de haber usado empleados y equipos municipales para asfaltar un camino privado que lleva a su residencia.
El municipio de Corozal incurrió en sobregiros en 20 fondos municipales por 1.3 millones de dólares, según el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. Además, al 27 de enero de 2020, el municipio contaba con el 35 por ciento de sus empleados transitorios, con nombramientos que excedían el término legal de un año.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr .
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