La Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes aseguró hoy que el nuevo Código Municipal no impone cargas adicionales a las empresas de telecomunicaciones que a la larga podrían redundar en un alza en las tarifas de los consumidores.
Los reclamos de los alcaldes de ambos partidos surgieron hoy durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Representantes donde se discute el Proyecto del Senado 1333. Según trascendió en días recientes y en la propia audiencia, empresas de telecomunicaciones y Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), se oponen a la medida ya que podría significar un aumento en los costos para empresas y consumidores.
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Los alcaldes —del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD)— solicitaron al presidente de la Comisión que convoque una vista ejecutiva para discutir la contribución con Torres y los ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones.
La medida —que fue aprobada la semana pasada en el Senado— dispone que cada empresa deberá pagar $188 por cada código de acceso para instalar las propiedades de telecomunicaciones inalámbricas. Según Javier Carrasquillo, alcalde de Cidra y presidente de la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), no se trata de un aumento de contribuciones a las empresas de telecomunicaciones, sino una redistribución de lo que deben pagar todas las empresas.
“No es dinero nuevo. Es dinero que ya recibimos”, dijo Carrasquillo durante la vista pública. Indicó que los municipios reciben unos $59 millones anuales actualmente por la instalación de líneas soterradas o landlines y que quien único paga dicha contribución es la empresa de telecomunicaciones Claro. Para los mandatarios municipales, el ’código de acceso’ servirá para redistribuir el costo entre todas las empresas que actualmente no están pagando dicha contribución ya que se trata de empresas con servicios inalámbricos. Sin embargo, no pudieron precisar cuántas empresas actualmente no pagan la contribución que dispone la Ley de Municipios Autónomos.
“Es una contribución que ya existía, lo que pasa es que tenemos que atemperarla a los cambios en tecnología. Si los mantenemos como canales de voz (método en la Ley de Municipios Autónomos) eso va a desaparecer”, añadió, quien planteó que de no incluirse el estatuto los municipios dejarían de recibir dicha cantidad a las arcas municipales.
Ante preguntas del representante popular José ’Conny’ Varela, Carlos Molina, presidente de la Federación de Alcaldes negó que el cambio en la definición para el ingreso de telecomunicaciones provoque que las empresas transfieran el costo a los consumidores. “No debería haber aumentos para los consumidores”, señaló Molina.
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Nelson Torres Yordán, alcalde de Guayanilla y vicepresidente de la Asociación de Alcaldes, respaldó a Molina y mencionó que ellos no pueden controlar las tarifas que las empresas imponen a los consumidores. El ejecutivo municipal, por su parte, tronó contra las críticas de la presidenta de la JRT y contra sus declaraciones que el Código Municipal supondría un aumento de 1000% a los consumidores. “Es importante dejar claro que ninguno de los alcaldes están a favor de un nuevo impuesto”, comentó. Sostuvo que, en los tres años de discusión de la pieza legislativa, la funcionaria nunca ha presentado un estudio que certifique dicho aumento en los consumidores de telefonía.
Insisten en el CRIM como agente fiscal
Los alcaldes de ambos partidos reiteraron que sea el CRIM el agente fiscal de las finanzas de los 78 municipios y no la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), como sugiere la Junta de Control Fiscal (JCF).
Molina y Carrasquillo comentaron que el CRIM puede figurar como el agente fiscal y que cualquier plan o emisión de deuda sea enviado a la JCF para que sea certificado.
Tras la aprobación del proyecto en el Senado, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, cuestionó que la medida contemple que sea el CRIM quien supervise las finanzas de los municipios. “Designar al CRIM como agente fiscal y asesor financiero de los municipios comprometerá la independencia que dicha función requiere”, indicó Jaresko en su misiva a los presidentes legislativos el pasado 29 de mayo.
La Junta de Directores del CRIM está compuesta por 11 miembros, de los cuales nueve son alcaldes, un representante de Aafaf y un integrante nombrado por el ejecutivo.
Molina se opuso a que Aafaf sea el agente fiscal de los municipios ya que dicha entidad gubernamental nunca ha buscado financiamiento para los ayuntamientos.
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