La organización Ayuda Legal pidió hoy a la gobernadora Wanda Vázquez para que se ordene la paralización de desahucios y moratorias de hipotecas una vez se declaren emergencias en el país.
“Estos reclamos forman parte de los esfuerzos de abogacía que ha realizado ALPR desde el inicio de la pandemia y tomando como base, entre otros factores, las múltiples llamadas y conversaciones que han sostenido las abogadas de la entidad con personas que sufren los impactos de la actual crisis, así como los hallazgos de un estudio referente a las ejecuciones y desahucios”, dijo en declaraciones escritas Ariadna Michelle Godreau-Aubert, directora ejecutiva de ALPR.
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Detalló que le pidieron a la mandataria que se declare como política pública ante emergencias la paralización de desahucios, ejecuciones y lanzamientos e incorporar ando esta directriz en los planes de manejo de desastres. Asimismo, indicó que solicitaron extender la actual moratoria de pagos de hipotecas hasta septiembre y paralizar los desahucios y lanzamientos hasta el 30 de junio.
Godreau también explicó que las moratorias y paralización de ejecución debe corresponder a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y que dicho mandato debe reiterarse en los planes de manejo de emergencia del país. Agregó que se le debe solicitar a la OCIF a que desarrolle y publique unas guías sobre los procedimientos para atender reclamaciones durante desastres.
“La crisis hipotecaria no afecta a todas las personas por igual”, señaló Godreau en la misiva.
Añadió que Ayuda Legal realizó un estudio en torno a la presentación de demandas de ejecuciones de hipoteca en los tribunales estatales y federales desde el 28 de diciembre del 2019 y el 13 de marzo del año en curso. La primera fecha marca el inicio de los eventos sísmicos que destruyeron cerca de 622 viviendas en el sur del País y que dejaron a miles sin vivienda segura. La segunda marca el inicio de la cuarentena por motivos del COVID-19.
“Los hallazgos son preocupantes”, comentó Godreau.
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En este tiempo se presentaron 758 demandas a nivel estatal y 37 en el federal, para un total de 795 nuevos casos de ejecuciones residenciales. Según Godreau, esto implica que, diariamente, se iniciaron más de 10 pleitos para ejecutar las viviendas de familias endeudadas en el País. Como evidencian los expedientes del tribunal, algunas de estas demandas se presentaron a solo de días de los terremotos más fuertes, contra familias afectadas en el sur.
Otro dato revelador, de acuerdo con Ayuda Legal, es que en el caso de las demandas estatales, el 80% de las personas demandadas incluyen a mujeres. En un 27.8% de las nuevas ejecuciones, las mujeres son demandadas solas.
“Como demuestran numerosos estudios, las barreras de acceso a la justicia, así como la pobreza y el desempleo afectan más a las mujeres. Igual ocurre con la crisis de vivienda. Todo esto ocurrió mientras estábamos en medio de un desastre que aún no ha cesado -los sismos continúan- y que agravó la falta de atención a viviendas tras Irma y María. Este panorama podría recrudecerse, como advertimos tras los terremotos y ahora ante la pandemia y la nueva temporada de huracanes, en los próximos días y meses”, subrayó Godreau.
