Un grupo de libertades civiles enfocado en la tecnología interpuso el martes una demanda para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con el que pretende regular las redes sociales en internet, alegando que viola la Primera Enmienda constitucional y coarta la libertad de expresión.
La orden de Trump, firmada la semana pasada, podría permitir más demandas contra las compañías de redes sociales, como Twitter y Facebook, por lo que sus usuarios publiquen, tuiteen y transmitan en vivo.
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La orden tenía más fines políticos que sustanciosos, y muchos expertos cuestionaron si era constitucional. El presidente tenía como objetivo arengar a sus simpatizantes luego de que Twitter colocó etiquetas de verificación de datos en dos tuits suyos. Desde hace tiempo, Trump ha acusado sin evidencia a las compañías tecnológicas de estar predispuestas contra los conservadores.
El decreto se centra en la ley que protege a las compañías de internet de las demandas, en particular a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Las plataformas no pueden ser demandadas por tener videos y publicaciones de usuarios, o por moderar sus servicios, con algunas excepciones.
En su querella, el Centro para la Democracia y Tecnología dijo que la orden ejecutiva de Trump viola la Primera Enmienda porque ataca a Twitter por colocar etiquetas de verificación de datos en los tuits del mandatario, algo que el grupo dijo es el derecho de Twitter como empresa privada.
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En términos más generales, la orden trata de limitar el discurso de todas las plataformas y las personas en internet “demostrando la voluntad de usar la autoridad del gobierno para tomar represalias contra aquellos que critiquen al gobierno”, manifestó el CDT.
“El gobierno no puede y no debería obligar a intermediarios en línea a moderar el discurso según los caprichos del presidente”, dijo Alexandra Givens, directora general del CDT, en un comunicado enviado por correo electrónico. La organización entabló la demanda federal en el tribunal del Distrito de Columbia.
Hubo resistencia contra la orden de Trump desde varios frentes. Los grupos de la industria tecnológica dijeron que era malo para la innovación y la libertad de expresión. Las organizaciones de derechos civiles y libertarias, así como la Cámara de Comercio del país, también criticaron la orden.