Inevitables los litigios que desatará la firma del nuevo Código Civil

El lenguaje ambiguo que prevalece en la medida convertida en ley complicará la interpretación de sus disposiciones

Por Manuel Guillama Capella

La aprobación del proyecto para crear un nuevo Código Civil tiene el potencial de desencadenar una avalancha de litigios en los tribunales del país a consecuencia de la ambigüedad en su lenguaje y el efecto que tendrá sobre derechos adquiridos, anticiparon tres abogados consultados por Metro.

El Código Civil, firmado por la gobernadora Wanda Vázquez en el último día que tenía para tomar acción, entrará en vigor el 28 de noviembre de este año, fecha en que se cumplen los 180 días dispuestos en la medida.

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Amárilis Pagán, abogada e integrante del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, y José Lamas, presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Colegio de Abogados y Abogadas (Caapr), coincidieron en que un Código Civil es el documento más importante de una sociedad después de la Constitución, pues rige las relaciones jurídicas desde antes del nacimiento hasta después de la muerte de una persona.

En ese sentido, dijo Pagán, es imperativo que el Código Civil cumpla la función de darle coherencia a leyes que de otra manera estarían desconectadas entre sí.

El problema que estamos teniendo con este Código Civil es que carece de esa coherencia. Carece de esa coherencia porque se hizo con prisa. Yo sé que el discurso de gente como (el presidente senatorial, Thomas) Rivera Schatz, de la propia María Milagros Charbonier (presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico), ha sido que este código llevaba años trabajándose y era hora que se aprobara, pero eso no es cierto. El Código Civil que se aprobó se redactó en el 2018 en la Comisión de lo jurídico y prácticamente no tuvo vistas ni discusión pública”, lamentó la también directora ejecutiva del Proyecto Matria.

Gobernadora convierte en ley el nuevo Código Civil

El proyecto sustituye el estatuto que ha estado vigente de 1930

Lamas, en tanto, señaló que la presión pública logró que el Senado introdujera enmiendas que garantizaran, por ejemplo, el derecho a la adopción a parejas del mismo sexo, así como eliminar ciertas disposiciones relacionadas con el divorcio o que hubieran limitado la posibilidad de que las mujeres pusieran fin a embarazos.

“Si bien quedan muchas áreas que tienen lenguaje impreciso y pueden estar en conflicto con esas determinaciones ganadas sobre los derechos civiles de nuestra ciudadanía, lo cierto es que ha habido algo de avance. Pero eso no quiere decir que este sea el código que merece Puerto Rico o que necesitamos”, puntualizó el abogado.

El expresidente del Caapr Arturo Hernández reconoció que, en comparación con el Código Civil de 1930, la nueva versión presenta avances, por ejemplo, al reconocer el matrimonio como la unión de dos personas naturales, en lugar de entre un hombre y una mujer, y al reducir a dos las causales de divorcio: ruptura irreparable y consentimiento mutuo.

Sin embargo, criticó el lenguaje confuso que contiene el Código Civil en lo relativo a los cambios de sexo o género en documentos como el certificado de nacimiento.

“La enmienda que se introdujo, a mi juicio, tiene una gran contradicción. Por un lado establece que una persona que así lo interese podrá solicitar y recurrir al Registro Demográfico mediante una resolución del tribunal a efectos de que se cambie el género o sexo en su certificado. Eso no es lo que se establece en la jurisprudencia, sobre todo a nivel federal que, por nuestra condición colonial, nos obliga. Por el otro establece un artículo que reza que nada impide que actúen de conformidad con la jurisprudencia establecida. Esa diferencia entre un artículo y otro no me cabe duda que ante una disyuntiva donde haya diferencia de criterios va a terminar en un litigio judicial”, sostuvo Hernández.

Además de estas disposiciones que afectan los derechos de las personas trans, Lamas identificó lenguaje ambiguo en lo referente al no nacido, la maternidad subrogada y las familias no tradicionales.

Para Pagán, la ambigüedad prevaleciente responde a la intención de dejar la puerta abierta a que cambios en la jurisprudencia federal permitan reinterpretaciones legales de “visión conservadora” en Puerto Rico.

“Apuestan, número uno, a que puede haber cambios en la jurisprudencia federal que favorezca una interpretación más restrictiva de ese documento que se aprobó y, número dos, que cuando la gente detecte que hay violaciones a sus derechos, no tienen mucha oportunidad de ir a los tribunales porque vivimos en un país donde no es fácil, no es barato contratar un abogado para ir a un tribunal”, manifestó Pagán.

Para Lamas, el periodo de 180 días para que entren en vigor las disposiciones de la ley es muy reducido, problema que se exacerba ante el atropellado proceso que siguió el proyecto durante el trámite legislativo. Desde 1997, la Legislatura comenzó un proceso para estudiar la creación de un nuevo Código Civil, pero en verano de 2018 Charbonier sometió un proyecto sustitutivo que fue el que hoy se convirtió en ley.

“No hay un trámite legislativo con memoriales explicativos de esta versión del Código Civil y el lenguaje que quedó aprobado finalmente. Lo que hay son memoriales de anteproyectos que se habían presentado hace más de una década y cuyo lenguaje en muchos casos ha cambiado. Hay que tomar con pinzas cómo se va a dar el litigio de todas estas disposiciones nuevas y cómo van a llegar al tribunal”, mencionó Lamas, al recordar que el Caapr le solicitó formalmente a la gobernadora que, si no vetaba el proyecto, impulsara que se extendiera a un año el periodo previo a que el Código Civil entre en vigor.

En ese periodo, argumentó, se podrían introducir enmiendas para aclarar el lenguaje y permitir a la comunidad jurídica y población en general un mejor entendimiento de lo que el Código Civil implica.

Pagán, sin embargo, consideró que los defectos del Código Civil firmado no se resuelven con enmiendas puntuales.

“La posición nuestra desde el principio era que había que poner el código a un lado y empezar de nuevo. Cuando hablamos de empezar de nuevo no nos referíamos a empezar de cero, sino a que se mirara el borrador que se trabajó por más de 10 años y fue parte de un trabajo que integró distintas perspectivas, se hizo investigación jurídica y se crearon documentos de apoyo que ayudaran a la interpretación futura del Código Civil”, expresó la activista.

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