Casi un cuarto de siglo después de que la Legislatura comenzara el análisis sobre la medida, Puerto Rico cuenta con un nuevo conjunto de normas que rigen las relaciones jurídicas entre las personas, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez convirtiera en ley el polémico Código Civil que sustituye el documento que ha prevalecido desde 1930.
Vázquez, a horas de que venciera el plazo para tomar acción sobre la pieza legislativa, firmó el proyecto que ha recibido amplias críticas tanto por el trámite procesal que siguió en la Asamblea Legislativa como por el contenido de muchas de sus disposiciones.
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En última instancia, Vázquez se alineó con la delegación legislativa del Partido Nuevo Progresista, que aprobó el proyecto exclusivamente con los votos de la mayoría en ambas cámaras.
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En su mensaje introductorio durante la conferencia de prensa, la mandataria argumentó que en su análisis del Código Civil recién firmado se aseguró de que el documento añadiera derechos a los ciudadanos sin eliminar ninguno de los derechos adquiridos a lo largo de décadas mediante determinaciones judiciales o legislación.
“He estudiado el proyecto de Código Civil aprobado desde el crisol de la justicia social y considerando, al mismo tiempo, las expresiones a favor y en contra que nos han sido presentadas a lo largo de las conversaciones sostenidas con distintos grupos”, mencionó Vázquez.
La gobernadora aseguró que, desde que recibió la medida el pasado 20 de mayo, recibió numerosos correos electrónicos manifestado tanto apoyo como oposición a la firma. Vázquez, sin embargo, adjudicó a la “desinformación” las posturas en contra de la medida, al plantear que, en esos correos, “muy pocos mensajes contenían razones o especificaban qué artículo o derecho adquirido estaba vulnerado en el proyecto de Código Civil”.
El Código Civil, que consiste de 1,820 artículos divididos en seis libros y un título preliminar, entrará en vigor dentro de 180 días, un periodo que el Colegio de Abogadas y Abogadas ha descrito como muy corto para educar a la comunidad jurídica y la población general sobre los cambios que implica el nuevo conjunto de estatutos.
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“En este momento entendimos que era tiempo suficiente cuando lo vemos comparado con otros procedimientos. Yo creo que es tiempo suficiente para que se pueda trabajar con las enmiendas que se han hecho en este código. Son cerca de 300, 400 artículos (que exhiben cambios respecto a la versión previa), así que en ese sentido básicamente es algo… los derechos adquiridos son jurisprudencia que ya está avalada por el Tribunal Supremo, que ya se están implementando, así que entiendo que es tiempo suficiente para que se pueda trabajar con eso”, justificó Vázquez.
La gobernadora también intentó refutar varios de los argumentos sustantivos de sectores que se han opuesto a la aprobación de la medida. Por ejemplo, sostuvo que el lenguaje de la medida en torno a los cambios de género en el certificado de nacimiento, la maternidad subrogada y la terminación de embarazos preserva el estado de derecho vigente y no abre la puerta a litigios.
Al analizar la versión de la medida que llegó a La Fortaleza, numerosos juristas señalaron que la ambigüedad de muchas disposiciones derivará en la presentación de demandas judiciales. El artículo 694, que regula los cambios de género, es uno de los más polémicos pues presenta un lenguaje contradictorio, al estipular que un tribunal podrá ordenar al Registro Demográfico realizar una anotación al margen en el certificado de nacimiento original, previo a señalar que las personas trans estarán cobijados por el “proceso establecido”.
En 2018 el Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico decidió que las personas trans tienen derecho a obtener un nuevo certificado de nacimiento en el que no se refleje el cambio de género.
“La anotación es al margen pero cuando esas personas trans vayan a solicitar su certificado de nacimiento, como dice la ley y como dice el caso de (Arroyo vs.) Rosselló, lo que establece es que, con su pasaporte o licencia, la lleva y le van a dar un certificado de nacimiento con el sexo correspondiente. La anotación es en el acta original. Pero el certificado, que es lo que establece el caso, está idéntico”, sostuvo la gobernadora.
Sobre la maternidad subrogada, que expertos han señalado no se regula apropiadamente en el Código Civil, Vázquez indicó que lo importante es que el nuevo estatuto “acoge la doctrina”. No obstante, admitió que hará falta legislación especial para detallar el alcance de esta modalidad reproductiva.
“Se permite que se trabaje y haya la oportunidad para la maternidad subrogada. Será importante que se trabaje en una legislación especial que estipule los procedimientos de cómo hacerse. Lo importante es que el concepto de la maternidad subrogada se permite y está reconocido por nuestro código de avanzada”, dijo Vázquez, quien igualmente negó que el lenguaje referente a los derechos de los no nacidos o “nasciturus” pueda interpretarse como una limitación al derecho al aborto.
Aunque dejó la puerta a aprobar enmiendas al Código Civil, incluso dentro del periodo de 180 días antes de que entre en vigor, Vázquez rechazó que considere que la pieza contiene lagunas jurídicas que generarían conflictos en corte.
“Tuve la oportunidad de leer ese código. Como abogada y litigante, tuve la oportunidad de ver un lenguaje más sencillo en algunos de los libros. Siempre va a haber oportunidad para que un abogado pueda de alguna manera clarificar algún artículo. Pasa en todas las legislaciones. Lo importante es, desde mi punto de vista, que jurídicamente esté correcto y no se vulneren derechos, que era una de las preocupaciones mayores que tenía”, indicó la primera ejecutiva.
La medida que hoy se convirtió en ley es producto de un proyecto sustitutivo presentado y evaluado en la Comisión cameral de los Jurídico, presidida por María Milagros “Tata” Charbonier en verano de 2018.
El proyecto, sobre todo luego de cruzar al Senado, sufrió decenas de enmiendas a pesar de que nunca tuvo vistas públicas en la Cámara Alta. Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió el trámite alegando que toda la ciudadanía tuvo la oportunidad de expresarse a través el portal electrónico del cuerpo legislativo.
“Algunas de estas voces fueron a vistas públicas y comparecieron en la Cámara de Representantes. Aunque algunos de los reclamos presentan la falta de vistas públicas en el Senado, el récord demuestra que fueron solicitadas ponencias por escrito. Además, otras personas fueron citadas a presentar sus ponencias por escrito, pero los mismos fueron no fueron sometidos ni comparecieron”, alegó la gobernadora.
