A casi un año de su apertura, el programa que supone atender las viviendas perjudicadas tras el huracán María ha adjudicado apenas tres de cada mil solicitudes que ha recibido.
Se trata del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) el cual se inauguró en julio de 2019 y se creó principalmente para atender a poblaciones vulnerables de bajos ingresos, personas que aún viven bajo techos azules, personas de edad avanzada y aquellas personas con diversidad funcional.
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De acuerdo con datos del Departamento de Vivienda, el programa de R3 recibió 28,708 solicitudes de personas con daño en su propiedad. De esas, solo 93 se han adjudicado o subvencionado. Mientras que, de esas 28,708 solicitudes, apenas unas 5,657 solicitudes han sido determinadas elegibles. Otras 439 solicitudes han sido catalogadas como inelegibles.
Inclusive, desde enero el programa no acepta más solicitudes, según confirmó el propio secretario asociado del Departamento de Vivienda, Christian Pagán.
“Nos preocupa que ese programa comenzó en julio y que estamos hablando que casi un año después todavía no tenemos ni siquiera 100 casas comenzando el proceso de reparación”, señaló la abogada Ariadna Godreau, directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal. De esas 93, solo 53 han comenzado procesos de construcción, los cuales permanecen detenidos debido a la emergencia por el COVID-19. “La gente no lleva un año esperando. La gente lleva esperando desde que solicitaron a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en septiembre [de 2017]”, añadió.
Pagán justificó la demora y señaló que, en comparación con otras jurisdicciones, la agencia ha tenido un buen desempeño. Asimismo, argumentó que se trata de fondos de respuesta a largo plazo, por lo que el proceso puede ser extenso. Mencionó que recientemente la ciudad de Nueva Orleans culminó la reparación de su última casa a casi 15 años del huracán Katrina.
“La expectativa es que se trabaje fuerte para que lo más pronto posible estén esas viviendas restauradas. Para mucha gente que no puede contrastar con estas experiencias de otras jurisdicciones podría decir que están tarde, pero en realidad han estado —comparado con otras jurisdicciones— bastante bien. Yo diría que muy bien”, agregó Pagán. Comentó que el proceso de R3 puede complicarse ya que una vez la persona solicita es necesario completarse la inspección de la vivienda, una tasación, una evaluación de daños y una inspección ambiental para entonces determinar si procede reparar, reconstruir o reubicar.
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Planteó además que la agencia trabaja para restaurar la mayor cantidad de viviendas de cara a una nueva temporada de huracanes. No obstante, confesó que la agencia no cuenta con una proyección de cuándo podría atender a todos los hogares y tampoco pudo brindar una proyección por fases.
Poca atención a techos azules
A su vez, entre el universo de solicitudes, tan solo solicitaron 2,576 personas con toldos azules en sus viviendas. Esto a pesar de que hasta septiembre de 2019 se estimó que alrededor 20,000 familias aún vivían bajo esos techos temporeros.
Pagán sostuvo que el reducido número se debe a que la tarea de identificar a los grupos más vulnerables se dividió entre la agencia y los municipios. Además, señaló que a las personas con toldos azules les correspondía solicitar ya que dicha ayuda no era automática. “Era la persona la que determinaba aplicar o no. No era algo como automático, tenía que dar un paso al frente. Por ahí puede ir la cosa acerca de los números”, dijo.
Por su parte, Godreau indicó que la organización que dirige denunció desde el inicio que el programa no estaba siendo difundido adecuadamente y que las solicitudes eran muy complejas para muchas personas.
“Cuando ese programa se lanza el 31 de julio de 2019, se supone que iba directamente a esos grupos de prioridad pero nuestra experiencia cuando fuimos a las comunidades pudimos constatar que de las comunidades y la gente más vulnerable no sabían que este programa ni siquiera existía porque la promoción que se le dio no fue adecuada y eso lo levantamos en numerosas ocasiones”, dijo Godreau, quien mencionó que acudieron a varias comunidades para asistirle con las solicitudes a R3. Además, explicó que los grupos más vulnerables que se supone que atendería el programa son aquellos que tampoco recibieron asistencia de FEMA o que la ayuda que recibieron fue insuficiente. Godreau también alertó que el programa cataloga como inelegibles a personas que viven bajo zonas inundables y en zonas propensas a deslizamientos. Ante esto, exigió a Vivienda a que contemple la mitigación para estos casos.
En cuanto a las personas que no cuentan con un título de propiedad, Pagán no pudo precisar cuántas de estas personas solicitaron al programa. Sin embargo, puntualizó que de las 5,657 personas elegibles, 2,099 fueron referidas a la oficina de Title Clearance de la agencia. Bajo este programa de Title Clearance, a las personas se les congela su solicitud en R3 hasta que se dilucide la falta de titularidad. Pagán aseguró que una vez resuelta la titularidad, estas personas regresan a R3.
Cuestionan cierre del programa
Por su parte, Pagán admitió que el programa dejó de aceptar solicitudes en enero debido a la insuficiencia de fondos. A pesar de esto, Pagán indicó que es posible que se reabra el programa y, ante esto, sostuvo que habilitaron una lista de espera en el portal de la agencia, en caso de que reciban una asignación adicional de fondos.
Godreau, asimismo, cuestionó el cierre del programa cuando ni tan siquiera ha terminado el proceso de elegibilidad y que el programa recibió un aumento de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).
La abogada también objetó la cantidad de fondos que la agencia asignó para la contratación de compañías privadas y que pudiera reducir los fondos disponibles para las personas.
Para esta labor, la agencia contrató a las empresas ICF Incorporated, Innovative Emergency Management, AECOM Technical Services y Alliance for the Recovery of Puerto Rico. La totalidad de los contratos alcanza los $95 millones entre las cuatro empresas. De acuerdo con el Centro de Periodismo Investigativo, ICF Incorporated recibió un contrato de alrededor de $25 millones. Mientras que Innovative y AECOM recibieron contratos de $22 millones. Alliance también recibió un contrato de $22 millones el verano pasado, pero tan reciente como el pasado 19 de mayo, Vivienda le otorgó un aumento de unos $4 millones para procesar 500 solicitudes adicionales.
Pagán indicó que la totalidad de los fondos asignados a R3 ronda los $3,000 millones en fondos CDBG-DR.
“Nosotros no sabemos qué ha pasado, cuál ha sido el desempeño de esas compañías, cómo se están evaluando. Es decir, hay tanta información que falta y el decir que el dinero se sigue consumiendo y la gente no ve el resultado. Es bien terrible para la gente”, comentó Godreau.
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