Representantes del Partido Popular Democrático (PPD) hicieron un nuevo llamado a la gobernadora Wanda Vázquez a vetar el nuevo Código Electoral, una vez el proyecto regrese a su escritorio, y achacaron a las luchas internas del Partido Nuevo Progresista (PNP) los desacuerdos sobre la aprobación de las más recientes enmiendas introducidas a la medida.
“La enmienda que quiere eliminar la Cámara es una que introdujo al final del proceso el presidente del Senado, (Thomas) Rivera Schatz, a los efectos de impedir el llamado voto mixto intrapartido, que donde más se da es en la papeleta legislativa”, afirmó el representante popular Luis Vega Ramos.
El voto mixto intrapartido ocurre cuando el elector que marca la insignia de una colectividad en la papeleta legislativa prefiere emitir su sufragio a favor de un candidato a senador o representante por acumulación que no es el que encabeza ese encasillado. Cuando el elector vota íntegro en la papeleta legislativa, el voto para los escaños por acumulación se le adjudica al candidato que aparece al tope del listado de aspirantes por ese partido.
El candidato que encabeza la papeleta el día de la elección varía dependiendo del precinto electoral, de forma que todos los aspirantes a escaños por acumulación puedan beneficiarse de los votos íntegros emitidos a favor de su partido.
“Con su enmienda (Rivera Schatz) lograría que si uno vota por una insignia, sea la Pava o la Palma, pero en la lista de candidatos por acumulación a la Cámara o Senado en vez de votar por el primero, busca uno de los otros cinco en la lista y hace una cruz al lado de su nombre, ese voto quedaría anulado. Porque como la Cámara de Representantes responde a Pedro Pierluisi y el presidente del Senado es el ‘handyman’ de la gobernadora Wanda Vázquez, lo que se está rumorando es que hay un intento directo del PNP, del sector de Pierluisi, de tratar de buscar voto mixto intrapartido en la elección general para debilitar o colgar la candidatura de Thomas Rivera Schatz”, alegó Vega Ramos.
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Luego de que la gobernadora devolviera el proyecto a la Legislatura el 14 de mayo, el Senado lo aprobó con enmiendas –mayormente dirigidas a eliminar las disposiciones de voto por Internet– el pasado martes. Al día siguiente, la Cámara baja concurrió con las enmiendas inicialmente, pero luego de la votación se pidió una reconsideración para revisar el lenguaje de la medida.
En una conferencia de prensa virtual, Vega Ramos y sus compañeros de delegación Jesús Santa y Ángel Matos exigieron que la mayoría novoprogresista permita una discusión de las enmiendas antes de llevar nuevamente la medida a votación.
Matos apuntó que la flexibilidad que se ofrece en el proyecto para el voto ausente, incluso sin el mecanismo de voto por Internet, podría abrir la puerta al fraude electoral. Como ejemplo, alertó de la posibilidad de que personas residentes en los Estados Unidos pero con un registro electoral activo en Puerto Rico, ejerzan un voto ausente en la elección general de la isla y además participen en los comicios de la jurisdicción en la que estén domiciliados.
Esa práctica de “doble voto”, dijo Matos, es un delito federal que podría conllevar hasta cinco años de cárcel y una multa de $10,000.
“Las enmiendas a los artículos 9.34 y 9.35 (del propuesto Código Electoral) lo que establecen es que cualquier elector puede pedir el voto ausente sin que se le cuestione más allá de un mínimo de requisitos su potencial domicilio presente”, sostuvo Matos.
El primer inciso del artículo 9.35 de la versión del proyecto que fue aprobada en ambas cámaras en marzo estipula que “la solicitud del voto ausente se aceptará por la afirmación que en esta haga el elector de su ausencia, con el alcance legal de un juramento y so pena de delito electoral si se demostrara que falseó su información”.
Sin embargo, el inciso siguiente dispone que “al momento de presentar su solicitud de voto ausente, a ningún elector se le podrá cuestionar, interrogar y tampoco requerir documentos o certificaciones de ningún tipo. A estos electores solo se les podrá cuestionar o requerir documentos cuando la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) o una parte interesada tenga y presente evidencia documental que confirme que la afirmación hecha por el elector en su solicitud es falsa o incorrecta”.
“Nadie está en contra de utilizar los mecanismos como la Internet para aligerar procesos. El proyecto elimina las condiciones, los filtros y salvaguardas para poder lograr que la persona que tenga el derecho a votar, esté ahí y pueda votar y su voto sea contado tal y como la persona vota. Eso es la base fundamental de cualquier sistema electoral y cualquier democracia”, dijo por su parte Santa.
Los legisladores populares, además, deploraron el cambio que la pieza propone sobre la definición del partido de mayoría, que ahora se referiría a la colectividad que obtuvo mayor cantidad de votos íntegros en la papeleta estatal, aunque no hubiese ganado la gobernación, un escenario que, según Vega Ramos, ocurrió en las elecciones de 2000, 2004 y 2012.
Lo planteado en el Código Electoral permitiría que el comisionado electoral del “partido estatal de mayoría” tendría el derecho a nominar al presidente de la CEE. De no haber consenso entre los comisionados electorales, el nombramiento del presidente del organismo recaería en el gobernador, con el consentimiento de dos terceras partes de ambas cámaras legislativas.
De no obtenerse el consentimiento legislativo, sería la mayoría del Tribunal Supremo quien escogería al presidente de la CEE.