A unos cincos meses de los terremotos, alcaldes de municipios del sur aseguraron que aún desconocen cuándo podrían relocalizar a familias de cara a una nueva temporada de huracanes y en medio de la emergencia salubrista del COVID-19.
Para el alcalde de Yauco, Ángel ’Luiggi’ Torres, siguen a la espera de unos $48.6 millones que provendrían del fondo de emergencia para reubicar a unas 150 familias que se encuentran viviendo en terrenos inestables y otras que permanecen en casetas de campaña. Incluso, el mandatario explicó que, de estas 150 familias, unas 23 permanecen viviendo en casetas de campaña y módulos de madera tras los terremotos de enero.
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“Nosotros hemos estado en comunicación con el gobierno y con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) porque la JSF había emitido un comunicado hace una semana y tres días donde hacían una asignación de $48.6 millones para atender la emergencia de los municipios del sur y ante esa realidad nosotros habíamos sometido propuestas para que se construyeran unas 150 unidades de viviendas porque tenemos que reubicar unas familias que están en unos sectores que la geóloga de Recursos Naturales determinó que son inestables e inseguros esos terrenos y que deben ser reubicados inmediatamente”, dijo el alcalde en entrevista con Metro. Indicó que estas residencias están ubicadas en los sectores Cienega en el Barrio Barinas, sector La Joya de Barinas y algunas residencias en las Urbanización Monte Blanco, Alturas del Cafetal, Cafetal II y Villas del Cafetal.
Para estas familias, Torres indicó que de las 400 viviendas que el gobierno puso a disposición de los municipios solo una está en Yauco. Pero Torres sugirió que le permitan construir —con los fondos solicitados— viviendas en dos terrenos que le pertenecen a Vivienda.
“Mi reclamo que se nos den estos fondos para poderlos reubicar”, señaló Torres.
Por su parte, el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, indicó que aunque no tienen familias viviendo en casetas de campaña, también fue enfático en la necesidad que se les otorguen fondos para poder comenzar reparaciones en hogares afectados y asistir con las demoliciones de algunas estructuras. “Nosotros ahora mismo tenemos una petición que estamos trabajando con el COR3 y con Vivienda para que la Junta de Control Fiscal nos deje utilizar unos $50 millones del fondo de emergencia para demolición y reconstrucciones de viviendas y podamos ayudar inclusive a las personas para darles dinero que no cualifiquen con FEMA o que no les de el dinero”, comentó el ejecutivo municipal. Según Torres Yordán, de ese dinero, unos $9 millones podrían ser asignados a Guayanilla ya que el municipio más afectado es Guánica.
Preocupación con los refugios
Por su parte, de cara a una nueva temporada de huracanes, ambos alcaldes se mostraron preocupados sobre la disponibilidad y la seguridad de los refugios en el área sur. En primer lugar, porque muchas escuelas resultaron afectadas tras los sismos y no podría ser utilizadas para recibir personas. Y en segundo lugar, señalaron que la capacidad de los refugios podría verse reducida debido a las normas de distanciamiento social en medio de la pandemia.
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La organización Ayuda Legal, por medio de su directora ejecutiva Ariadna Godreau, también mostró inquietudes acerca de los protocolos de emergencia que adoptaría el gobierno para enfrentar la pandemia, los huracanes y los terremotos. Asimismo, solicitaron la adopción de refugios individuales como hoteles y desarrollar un plan para el almacenaje y distribución de suministros.
Torres Yordán, por ejemplo, mencionó que la escuela Segunda Unidad Macaná en Guayanilla ya no podría albergar a unas 800 personas en caso de un huracán o inundaciones ya que, ante las medidas de distanciamiento social, solo podría permitir la entrada de hasta 400 personas. “Esto trae una preocupación en la que vamos a necesitar más lugares certificados, y en la situación del sur, hemos perdido muchas escuelas. Los alcaldes, que son las que se usan las escuelas para refugios, pues queremos saber cuáles son mas allá de las medidas”, dijo.
Por su parte, William Rodríguez, administrador de Vivienda Pública, aseguró que la entidad gubernamental continúa buscando más opciones para refugios aunque no precisó en dónde o cuáles serían esos nuevos refugios. “Estamos buscamos distintas alternativas…Estamos evaluando y determinando las escuelas que estaban aptas y estamos evaluando escuelas que estaban en desuso que sean aptas. También estamos evaluando centros comunales e iglesias para poder entonces habilitarlas. Y distintas instalaciones alrededor de Puerto Rico para poder utilizarla como refugio certificado”, dijo.
El funcionario, asimismo, relegó a una segundo plano a los hoteles y hospederías como una opción para refugiar a personas. “Los hoteles siempre se consideran. Obviamente, se toma el factor y determinaciones al momento de elegir…Vamos a trabajar con refugios tradicionales pero los hoteles se consideran”, indicó.
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