Luego que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicara el jueves un recurso de mandamus en contra del secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, ante su negativa a entregar una serie de documentos, la jueza Lauracelis Roques Arroyo dio al funcionario 10 días para mostrar causa por la cual no deba entregarse la información solicitada por el organismo de prensa.
La acción del CPI se produce luego de transcurridos seis meses desde que la organización solicitó la entrega de la información.
PUBLICIDAD
“En vista de lo que parece ser un problema severo de falta de transparencia en el Departamento de Educación, el CPI no tiene otra alternativa que acudir al tribunal”, mencionó la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, Carla Minet Rodríguez. “El Departamento de Educación debería tener toda esta información disponible, no solo para la prensa, sino para los ciudadanos”.
La demanda solicita acceso a la lista de las escuelas cerradas después del huracán María; las inspecciones de todos los planteles hechas luego del huracán; el presupuesto del Año Fiscal vigente detallado por área, oficina o programa, y por escuela; el directorio u organigrama vigente de la agencia con sus oficinas y personal de contacto; así como la cantidad de auditores internos y nombres de las firmas contratadas para las auditorías anuales.
Las peticiones acumuladas del CPI ascienden a doce. Los datos están relacionados a la recuperación de las escuelas tras el huracán María y su preparación en caso de terremotos.
Estas se originaron entre diciembre de 2019 y enero de 2020 por la periodista, Tatiana Díaz Ramos, como parte de un proyecto de investigaciones del CPI.
Te podría interesar:
PUBLICIDAD
El mandamus fue presentado por los abogados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt, quienes forman parte de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“El acceso a información pública continúa siendo un gran reto para la ciudadanía, por lo que el CPI no cesará en agotar todos los remedios para combatir la temeridad con que algunos funcionarios públicos ignoran este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, puntualizó Minet Rodríguez.
