La portavoz de Mesa Social, licenciada Amárilis Pagán Jiménez denunció el jueves, la radicación de un recurso de apelación por parte del gobierno tras la sentencia que emitida por el juez Anthony Cuevas Ramos que ordenó la reapertura de los comedores escolares.
“El Gobierno de Puerto Rico se sigue negando a alimentar a la gente de nuestro país que pasa hambre. Insisten en decir que no hay base legal que les obligue a abrir los comedores y siguen de brazos caídos esperando que otra gente resuelva lo que les toca a ellos. Son la mezquindad hecha burocracia. Quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños y puertorriqueñas”, expresó la Pagán Jiménez en declaraciones escritas.
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Por su parte, Osvaldo Burgos Pérez, uno de los abogados del caso explicó que no solo apelaron, también pidieron la paralización de los efectos de la demanda. “Olvida el gobierno que esto es un caso urgente y que la gente come todos los días. Apelar la sentencia y haber dejado pasar casi una semana sin abrir comedores, es dejar en la angustia y con las mesas vacías a las miles y miles de familias de nuestro país que no han recibido el PAN, no han recibido el desempleo y tampoco han recibido la ayuda de las organizaciones que tratan de mitigar el hambre con los pocos recursos que tienen disponibles”, añadió Burgos.
Pagán insistió en que al día de hoy las ayudas brindadas por organizaciones y algunos municipios no llegan a todos los barrios y comunidades de Puerto Rico. “Ese trabajo sería más efectivo si se abriera la red de comedores escolares a través de todo el país. Los comedores escolares del Departamento de Educación son la única infraestructura con la suficiente amplitud geográfica como para lograr una red de distribución 7 días a la semana, a cada familia que lo requiera. Pero el gobierno se niega. Y se niega sin razones válidas. Tienen el dinero, tienen los comedores, tienen los almacenes y las empleadas y empleados. Lo que no tienen es amor ni voluntad”, dijo Pagán.
La Mesa Social, colectivo de organizaciones de todo el país que aboga por la justicia alimentaria y otros derechos humanos en tiempos de COVID 19, destacó que esto debe ir más allá de los Tribunales. “La Gobernadora Wanda Vázquez debe expresarse y dejar de ocultarse tras el Secretario de Educación y los abogados del Departamento de Justicia. A fin de cuentas, ella es la que fue al Congreso a pedir dinero para alimentos, ella fue la que firmó el Plan de Manejo de Desastres en agosto pasado y en el cual se señalan los comedores como herramienta para alimentar en pandemia y es ella la persona responsable ante las familias con hambre. Esa apelación de la sentencia y esa negativa a alimentar son de ella. Los demás siguen instrucciones”, añadió Pagán.
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La Mesa Social recordó, además, que luego del cierre de los pocos comedores abiertos en las pasadas semanas, terminó descubriéndose que no había los positivos al COVID 19 que se usaron como excusa para cerrarlos. “Estamos ante un gobierno que miente sin ningún pudor”, expresó Janice Soliván Roig de Casa Juana Colón.
Finalmente, la Mesa Social abrió un correo electrónico para que familias y grupos comunitarios de Puerto Rico escriban y dejen saber el estado de situación de sus comunidades. “Queremos documentar el hambre y queremos que el país se dé cuenta de que tienen un derecho humano reclamable frente al gobierno”. El correo electrónico al cual se puede escribir es abranloscomedoresya@gmail.com.
Desde el miércoles, la Mesa Social envió copia de la sentencia a alcaldes y alcaldesas de todo el país y les urgió a que se unan al reclamo de #AbranLosComedoresYa. Ningún alcalde que ame su pueblo puede dar la espalda a esto. También han estado enviando la sentencia traducida al inglés a grupos de interés a los Estados Unidos.
