“Poco probable” que Pablo Casellas salga de la cárcel según su abogado

Esto sucede luego de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que todo juicio por delito grave tiene que ser por unanimidad a nivel federal y estatal para que esté a la par de lo que dictamina la Constitución.

Por Metro Puerto Rico

Harry Padilla, abogado del convicto por múltiples cargos, Pablo Casellas Toro, anticipó que es “poco probable” que su cliente salga libre luego que el Tribunal de Apelaciones ordenara un nuevo juicio.

A preguntas del periodista, Julio Rivera Saniel, durante el programa “Pega’os en la Mañana” en Radio Isla 1320, Padilla opinó que lograr la excarcelación de Casellas Toro sería un proceso complicado.

El abogado mencionó que a interrogantes de Rivera Saniel que no sabía si Casellas Toro es o no inocente porque “no estuvo allí” al momento del crimen por el que fue condenado a cárcel.

El hombre fue convicto luego del asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, la mañana del 14 de julio de 2012. La encontraron en la terraza de su hogar en la urbanización Tierralta III en Guaynabo con un disparo.

En 2015, un jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres lo encontró culpable por cargos de asesinato, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y por ofrecer una declaración falsa de un delito.

La decisión fue de 11 a 1 luego de un proceso de deliberación que tomó unas 10 horas.

 

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La orden del Tribunal de Apelaciones se produce a sólo semanas de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinara que todo juicio contra un imputado por delito grave, para que esté a la par de lo que dictamina la Constitución federal, tiene que ser por unanimidad tanto a nivel federal como estatal.

La determinación que tomó el Tribunal Supremo de Estados Unidos aplicó a Puerto Rico porque el caso todavía se encontraba en proceso de apelación. Por lo tanto, la decisión no era final.

La determinación del máximo foro judicial estadounidense ha provocado un  álgido debate en Puerto Rico entre quienes respaldan la decisión tomada como garantías de los derechos de los acusados y quienes la rechazan porque podría representar una doble victimización para las víctimas del crimen en la isla.

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