Fijan fianza de $2 millones a Pablo Casellas Toro

Cumpliría con arresto domiciliario

Por Metro Puerto Rico

El Tribunal de Primera Instancia ordenó una fianza de $2 millones  contra el convicto Pablo Casellas Toro, para un nuevo juicio por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.

La jueza Marta Rosario fijó una conferencia de estatus para el 23 de junio por videoconferencia a las 10:00am.

“Voy a dar un señalamiento para juicio el 15 de julio, 10:00 de la mañana, no obstante si hubiese una situación… se volverá a citar”, expresó Rosario.

Casellas compareció hoy ante el Tribunal para una nueva vista de fianza luego de que el Tribunal de Apelaciones le concediera su petición de nuevo juicio.

La fiscal Phoebe Izales solicitó que se mantuviera la fianza de $4 millones que originalmente se le impuso al acusado en el juicio en el que se encontró culpable del asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

El abogado de Casellas, Harry Padilla, catalogó la fianza sugerida por la Fiscalía como "irrazonable" ya que alegó que Casellas ha cumplido con todos los requerimientos impuestos. Incluso, indicó que en 2012 cuando Casellas prestó fianza de $4 millones fue debido a los recursos de su padre Salvador Casellas, quien falleció en 2017.

“Sigue siendo razonable, no hay razón para que se tenga que bajar”, dijo Izales al recordar que en la primera ocasión se pagó esa misma tarde.

Sin embargo, la jueza Rosario indicó que Casellas cumplió con con todos los requerimientos impuestos por la fianza.

¿Saldrá bajo fianza? Vista Pablo Casellas en los tribunales de Puerto Rico.

Posted by Metro Puerto Rico on Thursday, May 28, 2020

El pasado miércoles, 27 de mayo, el Tribunal Apelativo concedió un nuevo juicio en respuesta a que el Máximo Foro de Estados Unidos determinó que el veredicto rendido por un jurado imparcial contra un imputado de delito grave tiene que ser unánime.

Casellas Toro había sido condenado a cumplir 109 años de reclusión, luego de que un jurado lo encontrara culpable por los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación al Art. 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

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