El esquema de la venta de pruebas en Puerto Rico

Del Centro de Periodismo Investigativo

Como cara del negocio, una persona con conexiones en el sector público, ligada al Partido Nuevo Progresista, llega con sus pruebas rápidas al Gobierno. Lo hace a través de las mismas personas: el director del Task force médico, el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, su enlace con La Fortaleza, Mabel Cabeza, o Adil Rosa Rivera, quien supervisa las compras de emergencia por la COVID-19 en la agencia.

Tras bastidores, hay socios participando de la transacción, la mayoría de ellos extranjeros con negocios en la isla y beneficiarios de incentivos contributivos. Para realizar las compras, el Gobierno de Puerto Rico no va directamente al manufacturero, sino que a través de varias capas de intermediarios, algunas locales y vinculadas al partido, y otras extranjeras y muy sofisticadas, mayormente en los Estados Unidos. A través de la cadena, ganan dinero todos los niveles: el frente del negocio, los socios, los intermediarios y el manufacturero.

Tres de las principales compras de pruebas de detección de anticuerpos a la COVID-19 siguieron este mismo esquema, y las tres resultaron fallidas. Ninguna de las transacciones se concretó según pactada y solamente una ha sido cancelada.

En total, más de $40 millones de dólares en fondos públicos en medio de la emergencia, cuya declaración flexibilizó los procesos de compra.

Así fue la adquisición de más de 1.1 millones de pruebas rápidas para COVID-19 a tres suplidores locales: Castro Business, Apex General Contractors y 313, todas actualmente bajo investigaciones en la Cámara de Representantes y de autoridades locales y de EE.UU. Un cuarto suplidor, Maitland 175, vendió y entregó 200,000 pruebas a Salud, que fueron las únicas pruebas de anticuerpos que el Gobierno pudo usar en los hospitales y centros de salud.

Más de 100,000 de estas pruebas fueron detenidas por las autoridades de EE.UU., retrasando su entrega. Una transferencia de $19 millones fue detenida en un banco local y al cabo de horas, la transacción con Apex Contractors fue cancelada por el Gobierno. Castro Business entregó una cuarta parte de su orden de pruebas (que posteriormente fueron retiradas del mercado), el resto llegó tarde y era de una marca distinta a la acordada. El tercer suplidor, 313 LLC, tiene al Departamento de Salud en el tribunal para forzar que la agencia reciba casi 50,000 pruebas que llegaron tarde. El Gobierno rehúsa hacerlo hasta tanto no se renegocie el precio de compra.

Al final, poco más de 10,000 pruebas de las 1.1 millón compradas a estos tres suplidores llegaron finalmente a centros de salud para ser utilizadas en pacientes.

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Castro Business: Compraron las pruebas de China pero llegaron pruebas de California

La cara del negocio

Su negocio principal es la industria de alimentos, pero el 25 de marzo, Ricky Castro Ortiz y su compañía Castro Business vendieron al Gobierno 50,000 pruebas de COVID-19. El costo: $13 cada una, para un total de $650,000. Fue una de “seis o siete cotizaciones” — entre ventiladores, guantes y pruebas — que sometió Castro Ortiz para vender productos a la agencia en medio de la emergencia, según testificó en vista pública legislativa.

No es la primera vez que hace negocios con el Gobierno. Desde el 2008 opera las tiendas militares National Guard Exchange bajo el Fideicomiso de la Guardia Nacional. Estos contratos suman cerca de $50 millones, según el registro de la Oficina del Contralor. Un informe del Contralor señaló en el 2017 irregularidades en el proceso sin subasta que siguió el Fideicomiso de la Guardia Nacional para otorgar los contratos de Castro Business

La empresa también vende “equipo táctico” y de seguridad al Gobierno.

Castro Ortiz fue presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). La lista de políticos a los que ha donado incluye a rojos y azules, incluyendo los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Luis Fortuño Burset, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el excandidato a la gobernación por el PPD, David Bernier Rivera.

La llave en Salud

Castro Ortiz contactó al doctor Rodríguez Quilichini, quien pasó la información a Mabel Cabeza, el enlace con La Fortaleza, quien a su vez la refirió a la subsecretaria auxiliar en Salud, Adil Rosa Rivera, según los testimonios de Castro y Cabeza en las vistas camerales.

El 24 de marzo, un día antes de que se concretara la orden de compra con Salud, Castro Ortiz dijo que recibió una llamada de parte del coordinador del Task force médico, con varias personas, incluyendo a la entonces secretaria interina de Salud, la Dra. Concepción Quiñones de Longo. Según Castro Ortiz, el Dr. Rodríguez Quilichini le pidió acelerar el tiempo de entrega de su propuesta inicial, mientras que la Secretaria interina le indicó que harían la orden de compra. No precisó si la Gobernadora participó de la llamada.

Pero, un mensaje de texto que el propio Castro Ortiz envió a Adil Rosa ese mismo día pone en entredicho quién le confirmó que procediera con la compra. Rosa escribió a Castro Ortiz: “Bdia estoy con Segundo él necesita las 50mil asap”, a lo que el suplidor contestó: “Me acaba de llamar y me confirmo. Acabo de hacer el wire a China y solicite un itinerario más agresivo”.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que Castro Ortiz ya conocía al galeno a través de un proyecto relacionado a la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde Rodríguez Quilichini es rector del Recinto de Ciencias Médicas. En la vista cameral detalló que era un proyecto de investigación de cannabis medicinal y negó que fuera su amigo.

En vista pública, el Dr. Rodríguez Quilichini sin embargo, negó bajo juramento conocer a los suplidores del Gobierno, y haber participado en la discusión de las compras de pruebas de COVID-19. Cabeza, por su parte, testificó que el coordinador del Task force médico, además de referir al suplidor, dio seguimiento a la compra de Castro Business. La Dra. Quiñones de Longo indicó al CPI que no tenía información de esta compra.

El CPI pidió una reacción al Dr. Rodríguez Quilichini sobre las declaraciones vertidas por Castro Ortiz y Cabeza, pero su portavoz de prensa dijo que no dará más declaraciones aparte de las que ya hizo ante la comisión cameral.

El socio en Puerto Rico

Luego de que la Gobernadora nombró el Task force médico, según el testimonio de Castro Ortiz, uno de sus socios le dijo que estaba vendiendo pruebas de coronavirus.

El socio es Timothy G. Wagner, presidente de MEDRX360 LLC, compañía a través de la cual ha obtenido $2.5 millones en contratos con la Administración de Seguros (ASES) en los pasados cuatro años, según la Oficina del Contralor. El último venció en agosto del 2019.

Documentos examinados por el CPI muestran a Wagner como la persona que enviaba a Castro Ortiz la información y documentos relacionados a las pruebas que el comerciante ofrecía al Departamento de Salud. Además del Gobierno, Wagner buscó vender pruebas a aseguradoras locales y grupos de hospitales en Puerto Rico. Según un correo electrónico de Wagner, el Gobierno de República Dominicana también estaba interesado en sus muestras, a través del Dr. Carlos Mellado, quien tiene a su cargo el CDT de Canóvanas.

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El Dr. Mellado rechazó en entrevista con el CPI haber gestionado pruebas para el Gobierno de República Dominicana, como dijo su amigo Wagner, a quien conoció socialmente a través del abogado Andrés Guillemard Noble.

Mellado confirmó que Wagner intentó venderle pruebas, pero que no realizó ninguna compra ya que el municipio de Canóvanas optó por adquirir pruebas moleculares y no las serológicas o rápidas.

El CPI contactó a Guillemard Noble, quien es familia del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, para aclarar su relación con Wagner y la venta de Castro Business. Aceptó que conoce a Wagner, de quien ha sido abogado en el pasado, pero rechazó haber tenido cualquier participación en facilitar esta o cualquier otra venta de pruebas, “en ninguna parte del mundo”. Dijo que durante la pandemia, ha recibido mensajes como los de Wagner de múltiples personas, pero que no ha realizado gestión alguna.

“No tengo rol alguno en las pruebas que no sea que conozco a las personas desde hace mucho tiempo. No tengo beneficio alguno, cero, de las mismas”, manifestó Guillemard Noble al CPI.

Dos días antes de concretar la orden de compra con Salud, Castro Ortiz envió un mensaje de texto a Mabel Cabeza que decía: “Hola, me acaban de enviar esto: ‘Sent you email on masks. This is the best price I have seen in a week. Need to see if Wanda wants lab tests. Orders are flying into distributor in Miami.’”

El CPI preguntó a Castro Ortiz quién le envió ese mensaje, si “Wanda” se refiere a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero no obtuvo respuesta.

MEDRX360 se registró para hacer negocios en Puerto Rico el 23 de diciembre de 2016, un mes después de ser creada en Wyoming.

El 29 de diciembre de 2016, días antes de que culminara la administración de Alejandro García Padilla, Wagner consiguió un contrato con ASES por $1 millón para implementar un programa de manejo de beneficios de farmacia del plan de salud público. El CPI preguntó a García Padilla por ese contrato, pero no obtuvo respuesta.

Wagner, quien donó a Rosselló Nevares en el 2017 y 2018, luego obtuvo otros contratos con ASES, esta vez para auditar reclamaciones médicas al plan de salud.

El website de la empresa dice que tiene oficinas en Miami y San Juan. Al momento de la transacción con Salud, MEDRX360 estaba inactiva en Wyoming, pero el 10 de abril, la esposa de Wagner, Jasmín Tuárez Figueroa, pagó, puso al día la corporación y cambió su dirección física en Puerto Rico. Wagner tiene otras seis compañías registradas en Estados Unidos.

“Y pueden ver un documento en donde lo nombran a él [Wagner] representante en Puerto Rico”, dijo Castro Ortiz durante la vista cameral, pero sin precisar a quién o qué exactamente representa su socio en la isla.

El CPI contactó a Castro Ortiz y a Wagner para una reacción, pero no obtuvo respuesta.

El intermediario en Estados Unidos

Una factura con fecha del 24 de marzo muestra que Castro Business compró 50,000 pruebas rápidas de Cladd Medical Group, una compañía de Miami. Según su página web, Cladd tiene dinero invertido en MEDRX360, la compañía de Wagner, el socio de Castro Ortiz.

A pesar de que Castro Ortiz aseguró al CPI que obtuvo sus pruebas a través de Cladd, una de las manufactureras de las pruebas que vendió, Phamatech, indicó que no tiene registrada ninguna venta bajo ese nombre.

Según Phamatech, quien gestionó la compra de sus pruebas fue Peter Bradford, presidente de Midas Touch LLC. La compañía tiene información de Wagner como la persona que recibiría las pruebas que envió a Puerto Rico.

Con dirección física en una urbanización de Dorado, Midas Touch aparece registrada bajo Peter Bradford y Rasheed Ali, y goza de incentivos contributivos bajo la Ley 20 de 2012 para fomentar la exportación de servicios. A Bradford le conocen en sus redes sociales como el “dealmaker”, mientras que Ali es el del toque de Midas. Ambos se describen como inversionistas, aceleradores de negocios y expertos en mercadeo digital y coinciden en múltiples empresas a través de Puerto Rico y Estados Unidos.

Bradford contactó a Phamatech desde Miami y pidió 50,000 pruebas (la misma cantidad de la orden de compra realizada por Salud a Castro Ortiz), pero la empresa de California le dijo que solo podía entregar 10,000. Phamatech cerró la venta por esa cantidad.

“No estamos involucrados en cómo Castro compró nuestras pruebas de Midas Touch LLC, o la documentación que firmó con [el Gobierno de] Puerto Rico. Tampoco tenemos nada que ver con el lugar donde compró las otras 40,000 pruebas, pero no fuimos nosotros”, aseguró Phamatech por escrito al CPI.

“Midas Touch ordenó y pagó por las 10,000 pruebas. Nos ordenaron enviar 5,000 pruebas a una compañía llamada MEDRX360 en Puerto Rico, y las otras 5,000 pruebas a Midas Touch LLC. Entendemos que Midas Touch LLC es un mayorista, lo que significa que revenden el inventario a otros mayoristas o usuarios finales”, añadió un portavoz de Phamatech.

Las pruebas no llegaron

“Eso es un riesgo que me he corrido muchas veces”, testificó Castro Ortiz al aceptar que gestionó con sus socios la entrega de 50,000 pruebas sin tener la orden de compra con Salud. Dijo que actuó bajo el entendido que surgió de la llamada telefónica que recibió de Salud el día antes de la compra.

“Si no me la adjudicaban, las vendía en otro mercado”, añadió Castro Ortiz, y eso fue lo que hizo: vendió en Estados Unidos las casi 40,000 pruebas que, según él, estuvieron disponibles para Puerto Rico a mediados de abril como parte de la orden de Salud.

Dijo que la agencia nunca le contestó llamadas para recibir las pruebas y que si el Gobierno quisiera ahora recibir el resto de orden, tendrían que ser de otra marca.

Pero desde antes que detuvieran las entregas a Salud, Castro Ortiz y sus socios sabían que la totalidad de la orden no sería de una misma marca, ya que trajeron a la isla dos pruebas distintas: Phamatech de California y DeepBlue de China. Los documentos que examinó el CPI y que entregó Castro Ortiz en el proceso de compra muestran que antes de la compra, el empresario envió documentación a Salud que corresponde a la prueba de DeepBlue. Después de firmada la transacción, Castro Ortiz dijo que tenía disponible muestras de California, como parte de una propuesta para vender otras 500,000 pruebas a la agencia, a $18 cada una. Esta última transacción no se concretó.

Aunque la prueba que evaluó Salud como parte de la compra fue DeepBlue, las únicas pruebas que Castro Ortiz entregó a la agencia, 8,900, corresponden a Phamatech.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. nos contactó porque su documentación inicial mostraba 50,000 pruebas de Phamatech, pero había una gran parte de las pruebas que en realidad eran de otra compañía llamada Anhui Deepblue de China. Después de contestar algunas preguntas, Aduanas nos dijo que estábamos autorizados ya que documentación adicional mostró que solo 10,000 de las pruebas eran Phamatech”, añadió la empresa californiana.

El CPI preguntó a Castro Ortiz sobre la discrepancia entre la marca que vendió y la que entregó, pero no obtuvo respuesta. También contactó a Anhui DeepBlue pero no hubo respuesta. La compañía emitió un comunicado a principios de abril advirtiendo sobre el uso indebido de sus pruebas en otros países.

Al ser cuestionado en la Cámara sobre si las 50,000 pruebas que negoció con Salud eran de California o China, Castro Ortiz se limitó a decir que al momento de la compra, tenía 10,000 pruebas “esperando por nosotros” en California.

“En ese momento estábamos negociando las de China, pero las de California estaban más cerquita”, testificó Castro Ortiz.

La orden de compra establece que las 50,000 unidades son un mismo producto, bajo un solo precio. Salud no contestó si dejó sin efecto la orden, luego de retirar todas las pruebas Phamatech en inventario toda vez que la prueba quedara fuera de la lista de marcas avaladas por la FDA.

“Voluntariamente tomamos la decisión de suspender la distribución de la prueba serológica COVID-19 de Phamatech hasta que recibamos la aprobación de uso de emergencia de la FDA, y por lo tanto, nos retiramos de la lista de la FDA (requisito para vender el producto)”, dijo un portavoz de Phamatech al CPI en reacción al cambio de política de la agencia federal.

Previo al anuncio de las autoridades y en respuesta a una investigación del CPI que reveló la devolución de 200 pruebas marca Phamatech al Departamento de Salud debido a problemas de validación, la compañía aseguró que sus pruebas cumplían con las leyes aplicables y que funcionaban si se administran correctamente. Sostuvo que no había tenido problemas en ningún otro lugar.

Las pruebas marca DeepBlue no han sido avaladas por la FDA y han sido objeto de denuncias en Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades a detenerlas en varios aeropuertos. En Texas, por ejemplo, 200,000 pruebas DeepBlue fueron incautadas debido a irregularidades con las pruebas, según una investigación de ProPublica y Texas Tribune. Otras fueron confiscadas en Oregon. En Hungría hubo denuncias de que las pruebas de DeepBlue eran poco efectivas y tenían información engañosa. Un estudio científico de la Universidad de California en San Francisco encontró que las pruebas de DeepBlue arrojaron una efectividad de 20%. Es decir, de cada cinco pruebas, solamente una arrojó un resultado certero.

Al final, solamente 8,900 pruebas vendidas por Castro Business llegaron a las manos de Salud, luego de que 1,100 unidades “se perdieran” en el camino, según Castro Ortiz. El comerciante aseguró que no ha hecho gestión de cobro por las pruebas que entregó porque, según él, el Gobierno está en emergencia y no considera que el dinero adeudado sea una cantidad importante.

Apex: Siete intermediarios, $38 millones y cero pruebas

Las cara del negocio

En el caso de la venta fallida de un millón de pruebas serológicas de COVID-19 a través del Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), la cara principal del negocio con conexiones en el Gobierno fue Juan Maldonado de Jesús. El abogado con una larga trayectoria trabajando en el Gobierno hizo la oferta de vender materiales para responder a la pandemia en representación de la empresa Apex General Contractors, propiedad de su amigo Robert Rodríguez. De la venta de un millón de pruebas por $38 millones, Maldonado, Rodríguez y otros intermediarios, esperaban obtener alrededor de $10 millones en ganancias.

La trayectoria de Maldonado con el Gobierno comenzó con un internado en la Compañía de Fomento y Exportación durante la administración de Pedro Rosselló. Además fue vicepresidente de asuntos legales y representaciones laborales en la Autoridad Metropolitana de Autobuses durante la administración popular de Aníbal Acevedo Vilá. Bajo la incumbencia de Luis Fortuño, trabajó en la Administración de Reglamentos y Permisos. Fue asesor legal del senador Roberto Arango, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y de la actual comisionada residente en Washington, Jenniffer González, cuando era presidenta de la Cámara en 2009. Maldonado hizo dos donativos al comité “Todos con Jenniffer”, uno de $250 y otro de $883, en 2012 y 2013. En 2016 hizo dos donativos, uno de $500 y otro de $125, a Ricardo Rosselló.

Su carrera con el Gobierno parecía haber culminado el 20 de febrero de 2019 bajo la administración de Rosselló, cuando tuvo que renunciar como director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) por haber autorizado el uso de una embarcación del Gobierno para transportar suministros a una boda en Vieques. Pero el 19 de mayo de ese mismo año logró un contrato de $5,000 por consultoría legal con el Senado a través la compañía Alister McKinley. El contrato lo firma Gabriel Hernández Rodríguez, quien era el Jefe de Gabinete del Senado de Puerto Rico.

Alister McKinley obtuvo otro contrato de $9,875 el 3 de junio de 2019 por “servicios administrativos” con el Departamento de Estado. El mismo día, ese departamento otorgó un contrato de $8,125 por “servicios administrativos” para otra de sus compañías, Premium Holdings LLC, firmado por María A. Marcano de León, en ese momento Secretaria de Estado interina. El 19 de septiembre de 2019, el alcalde de Las Piedras, el penepé Miguel López Rivera, le otorgó también un contrato de $20,000 a Alister McKinley por “servicios de planificación”. Cuatro días después, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales le dio un contrato de $199,500, con vigencia hasta el 30 de junio de este año. Los contratos de Alister McKinley que aún tenían vigencia fueron cancelados por orden de la Gobernadora luego de que se dio a conocer el proceso irregular de compra a Apex en abril, a pesar de que Vázquez había defendido públicamente la transacción.

Alister McKinley LLC, fue incorporada en Saint Petersburg, Florida, en 2019 y tiene como “persona autorizada” a Ricardo Vázquez, socio fundador de 313 LLC, otra empresa que vendió pruebas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico. Maldonado dijo en la vista de la Comisión de Salud que decidió incorporar a Alister McKinley Florida porque le interesaba mover sus negocios fuera de Isla debido a la acción que le costó su puesto en ATM. Premium Holdings, incorporada en Puerto Rico en 2014, fue descrita por Maldonado como la matriz de sus compañías. Maldonado también dijo ser dueño Premium Real Estate y Maldonado Law Office.

De febrero a octubre de 2019, trabajó con el Grupo Lemus. El dueño de esta firma es Juan Suárez Lemus, donante y activista del PNP y también socio de la empresa 313. Según su testimonio, Maldonado conoció a Suárez Lemus cuando trabajaba como administrador de contratos en Alternate Concept, la compañía que administraba el Tren Urbano entre 2004 y 2007. Suárez Lemus es padrino de uno de los hijos de Maldonado.

Apex fue incorporada en 2015 y tiene por lo menos ocho contratos que suman $1,456,942, otorgados entre 2017 y este año. Mientras Maldonado era consultor legal del DTOP, en 2017, firmó dos contratos con Apex, que suman $500,000. Otro de los contratos fue por $697,040 con la Superintendencia del Capitolio para la reparación y mantenimiento de aires acondicionados, pero fue cancelado porque la Superintendencia terminó no utilizando los servicios luego de contratarlos, según el contrato. Los demás son con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y suman $259,902. Estos contratos fueron cancelados el 24 de abril.

Rodríguez, por su parte, ha invertido $20,700 en donativos al PNP, a Ricardo Rosselló, a la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi, a la comisionada residente Jeniffer González, al presidente de Senado Thomas Rivera Schatz, a los representantes PNP’s Antonio Soto y Larry Seilhamer, al senador Eliezer Velázquez, y a los senadores populares Jorge Suárez y Jaime Perelló.

De todos los nombres involucrados en la transacción, ninguno, excepto Rodríguez, trabaja para Apex. La empresa está registrada como una de construcción sin experiencia en productos médicos, pero fue utilizada como un frente en la transacción de compras de pruebas para COVID-19 por un grupo de intermediarios, algunos del extranjero, porque está registrada como licitador del Gobierno, un requisito para firmar contratos con las agencias públicas, según lo reconoció Maldonado en su testimonio.

Maldonado intentó usar una marca de su invención, Black Pegasus, para la venta de pruebas al Gobierno a través de Apex, sin consultar con el dueño de la compañía, según declaró en la vista. La marca Black Pegasus no aparece en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado. Tampoco existe en el archivo del United States Patent and Trademark Office, corroboró el CPI.

El socio en Puerto Rico

Cuando era director ejecutivo de ATM, Maldonado conoció a Aaron Vick, un consultor de inteligencia marítima que dio su firma para el contrato de $38 millones entre Apex y el Gobierno para la venta de un millón de pruebas serológicas que nunca se concretó. Vick, quien no ha sido citado por la Comisión de Salud, es estadounidense y estableció la empresa Fortress Global en San Juan en 2017 junto a David Hancock, Jordan Molatch y Lucien Charland, quienes llegaron a Puerto Rico “para ayudar en la recuperación del huracán María”, según su página web. La compañía se describe como un negocio pequeño, propiedad de veteranos, dedicado a la consultoría logística y de tecnología de datos que tiene clientes en Latino América, África, Europa y Asia-Pacífico, y está certificada por el programa federal HUBZone.

En 2018, Fortress Global obtuvo un decreto de exención contributiva de la Ley 20 para “fomentar la exportación de servicios” que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Fortress Management Group, otra compañía vinculada a Vick, obtuvo un decreto de la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs” en 2019. Fortress Maritime, una tercera empresa del mismo grupo, obtuvo cinco contratos, entre 2018 y 2019, con la ATM y la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.

Maldonado firmó dos de los contratos entre Fortress Maritime y ATM, y durante su interrogatorio en la vista pública de la Comisión cameral de Salud dijo que tenía una relación de amistad con Vick. El abogado admitió que usó la firma de Vick en el contrato entre Apex y el Gobierno para distanciarse de la transacción, debido a las condiciones bajo las que renunció de su cargo en la ATM. Maldonado dijo que se le pagaría a Vick por el uso de su firma en el contrato de Apex, pero no especificó cuánto.

Fortress Global trabajó con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y “su equipo apoyó a importadores de gas natural y desempeñó un papel clave en la puesta en marcha de la generación de energía de emergencia”, indica su página web. Además de ATM y la Autoridad de Puertos, Fortress Maritime ha dado servicios a New Fortress Energy, suplidores de Gas Natural de la Autoridad de Energía Eléctrica, según consta en una propuesta de negocios preparada por Vick para la Autoridad de Puertos.

El CPI envió un email a la dirección de Fortress Global solicitando una reacción de Vick pero no hubo respuesta.

Intermediarios en Estados Unidos

La idea de organizar esta venta de pruebas se originó en una llamada que hizo William “Billy” Tress a Maldonado, según las declaraciones del abogado. Tress está registrado en el Senado y en la Cámara de Representes como cabildero de la empresa de relaciones públicas Roma B.C. Esta empresa también tiene registrada como cabildera en ambos cuerpos legislativos a Rosana M. Roig, madre de Tress, quien no respondió preguntas del CPI. En varios mensajes de texto sobre la transacción que se filtró, se menciona que Rosana “la mamá de Billy”, le escribió a María Luisa Ferré, directora ejecutiva y editora de El Nuevo Día, para ofrecer información “off the record” y pedir que lo “cogieran con calma que esa era su gente”, en referencia a la cobertura que hacía el periódico sobre la venta fallida, tras revelar el contrato entre Apex y el Gobierno.

En 2018, Roma B.C. estuvo contratada para asesorar a Jenniffer González, Comisionada Residente en Washington, por $16,000, a través de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA). Roig, quien firma el contrato, hizo un donativo de $1,500 al comité político “Todos con Jenniffer” en 2018 y otro de $500 en 2019. Roma B.C. además ha tenido contratos con el Departamento de Educación: uno de $163,000 en 2011 y otro por $153,405 del mismo año.

Maldonado declaró que cuando recibió la llamada de Billy Tress, éste trabajaba para Bear Mountain Development. El presidente de Bear Mountain es Troy King, ex secretario de Justicia de Alabama, quien fue asesor legal del gobernador republicano Bob Riley y en 2006 aspiró a la gobernación de ese estado. Según su página web, la empresa se dedica a identificar suplidores para compañías y establecer relaciones entre vendedores y compradores y protagonizó una venta fallida de mascarillas quirúrgicas a través de un contrato de $800 millones con California. El acuerdo fue cancelado luego de que la compañía de King no entregara la totalidad del suplido.

King a su vez conectó a Maldonado y a Tress con Andrew Beuschel, presidente de 501 Nutrition, una compañía de Arizona, distribuidora en Estados Unidos de las pruebas rápidas de la compañía australiana Promedical que Maldonado ofreció al Gobierno de Puerto Rico y pretendía mercadear bajo el nombre Black Pegasus. En 2014 Beuschel fue encontrado culpable a nivel federal por traficar tabletas falsificadas de Viagra y sentenciado a 63 meses de cárcel. Tress fue quien formalizó la compra de pruebas con 501 Nutrition, según Maldonado.

Tress y King no respondieron a solicitudes entrevista del CPI.

La llave en Salud

Para lograr acceso al director del Task force médico que nombró la Gobernadora para manejar la emergencia por la COVID-19, Maldonado se comunicó, el 22 de marzo, con su amigo, Eduardo “Tito” Laureano, un ex asesor legislativo durante la administración de Pedro Rosselló y militante del PNP. Laureano le dio el contacto del presidente del Task force médico, Segundo Rodríguez Quilichini, rector del Recinto de Ciencias Médicas. Laureano era asesor de Rodríguez Quilichini desde el 2017 a través de un contrato con el Recinto de Ciencias Médicas. Ese mismo día, Rodríguez le pasó a Maldonado el número de Mabel Cabeza, en ese momento jefa de personal del Departamento de Salud. El 24 de marzo, Cabeza le escribió a Maldonado: “saludos Maldonado, estaré pasando su información a Adil Rosa para que ella se comunique con usted según necesidad”, leyó Maldonado en la vista entre sus mensajes de texto. Posteriormente, Rosa, ex secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud, le indicó que el contacto para la transacción sería Mariel Rivera, analista de compras de Salud. En abril la Gobernadora ordenó la cancelación de los contratos de Laureano con el Gobierno, pero mantuvo a Rodríguez Quilichini en su posición como director del Task force médico.

Las pruebas no llegaron

El viernes 27 de marzo, Apex recibió un depósito de $14.5 millones desde el Departamento de Hacienda, como adelanto de la venta de $38 millones para adquirir un millón de pruebas. Esa misma tarde, Oriental Bank detuvo la transferencia que Apex intentó hacer a 501 Nutrition. El 3 de abril el director de Manejo de Emergencias envió una carta dirigida a Aaron Vick, notificando la cancelación del contrato que había firmado.