Desde la perspectiva gubernamental, el plan fiscal que hoy certificó la Junta de Control Fiscal (JCF) produjo sensaciones mixtas, toda vez que aunque se pospuso por un año buena parte de los recortes que se preveían para agencias, municipios y corporaciones públicas, el ente federal no accedió a muchas de las propuestas que la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) había presentado.
El director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero, celebró que las proyecciones de la JCF coinciden con las elaboradas con la agencia en términos de la magnitud del daño que terminará provocando en la economía la pandemia del Covid-19, así como el dinero que ingresará como producto de los paquetes de estímulo federal.
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“En cuanto al estímulo de fondos federales de alivio tras desastres de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), CDBG (subvenciones para desarrollo comunitario) o del fondo de alivio por el coronavirus son números que están bastante alineados. Básicamente (en el plan fiscal) se actualiza la fecha en que se estarían recibiendo. En el asunto de las reformas estructurales, como la energética, estamos alineados”, dijo Marrero.
El funcionario también puntualizó que, aunque la JCF no accedió a posponer por dos años la próxima ronda de medidas de austeridad, dirigidas a recortar las aportaciones del gobierno central a entidades como la Universidad de Puerto Rico y los 78 municipios, Al conceder un año de gracia permitirá al gobierno trabajar con un presupuesto muy similar al vigente durante el próximo ciclo fiscal.
“Básicamente no va a haber recortes de presupuesto por el próximo año”, anticipó Marrero, quien no expresó mayor preocupación por las diferencias en las proyecciones de recaudos del fondo general que se incluyen en la propuesta de Aafaf y el documento certificado por la JCF.
El gobierno, en el plan fiscal sometido el 3 de mayo, proyectó recaudos de $9,400 millones para este año fiscal y de $9,500 millones para el 2021. La Junta, en cambio, contempla recaudos de $9,800 millones y $9,200 millones, respectivamente, en esos dos años, una diferencia que Marrero atribuye a los retrasos en algunos ingresos a raíz de la posposición en las fechas para someter planillas o remitir otros impuestos que se implementaron para mitigar el efecto de la pandemia.
Entre los puntos positivos que Marrero identificó en su revisión inicial del documento de 271 páginas también incluyó la creación de un pote de $750 millones que se utilizará para adelantar trabajos de reconstrucción en tanto se espera por los reembolsos de agencias federales.
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Junta insiste en recortes a pensionados
Sin embargo, el también principal oficial financiero del gobierno lamentó que el organismo fiscal no cediera a la petición de descartar los recortes en las pensiones de retirados del sector público. Estos recortes, de los que estarán exentos quienes reciban pensiones por debajo de $1,200 mensuales, pueden ascender hasta 8.5%.
Los recortes contenidos en el plan fiscal forman parte del acuerdo de la JCF con el Comité Oficial de Retirados, que representa a los pensionados en los casos de quiebra territorial al amparo de la Ley Promesa.
“Siempre hemos dicho que no es necesario ese recorte. El ahorro que produce es insignificante a la luz del presupuesto. El principio de que los retirados también tienen que sufrir se cumple con el hecho de que los retirados ya han sufrido recortes previo a la quiebra, distinto a otras jurisdicciones como el caso de Detroit. Estamos hablando de (ahorros de) $125 o $150 millones al año, no de $1,000 millones”, dijo Marrero a modo de sostener su argumento de que la reducción en la nómina de los pensionados no justifica el golpe que puede representar a nivel individual.
Marrero indicó que cualquier enmienda a lo plasmado por la JCF en el plan fiscal deberá trabajarse en la revisión del plan de ajuste de deuda del gobierno central.
En conferencia de prensa luego de aprobar el plan fiscal en una reunión pública virtual, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, afirmó que la propuesta de Aafaf en torno a las pensiones no es “asequible”.
“Las soluciones que provee el gobierno a las pensiones no cumplen con la ley Promesa y no son asequibles para el territorio en este momento. Ya sea eliminar los recortes a las pensiones o aumentar las pensiones de oficiales de la Policía”, mencionó Jaresko.
Persiste polémica por municipios
Sobre las asignaciones que el gobierno central remite a los municipios, la directora de la JCF planteó que, luego de la pausa de un año en la reducción gradual, estás continuarán hasta eliminarse.
En el año fiscal 2021 la aportación se mantendrá en $132 millones, aunque al año siguiente se reducirá a $88 millones, seguido de dos años donde se establecerá en $44 millones hasta desaparecer en 2025.
Según Jaresko, estrategias de consolidación en la prestación de servicios –mediante los llamados consorcios– deberían ser suficientes para asegurar la sostenibilidad de los ayuntamientos.
La certificación del plan fiscal ocurre a pocas semanas de que la jueza Laura Taylor Swain determinara que el gobierno central no puede cubrir los pagos que corresponden a los municipios para cumplir con los planes médicos de sus empleados y los beneficios de retiro de los pensionados municipales, como disponía la Ley 29-2018.
“No nos permitieron hacernos cargo de las deficiencias que tendrían los municipios por concepto de ASES (Administración de Seguros de Salud). Ellos entienden que esa deficiencia la tienen que cubrir los municipios (pero) nuestra posición es que no tienen los recursos”, dijo Marrero.
“Seguiremos trabajando con los municipios en otras herramientas, ver cómo podemos consolidar servicios. Pero ciertamente estamos exponiendo a los municipios a una posición bien precaria. Los números hablan de 20, 30, incluso sobre 40 municipios que pudiesen entrar en una situación bien precaria fiscalmente”, agregó el funcionario.
Otra diferencia significativa entre las proyecciones de la JCF y Aafaf que Marrero puntualizó se relaciona a los sobrantes que tendría el gobierno y que presumiblemente se utilizarían para el servicio a la deuda. En el plan fiscal certificado, el gobierno mantendría sobrantes hasta el año fiscal 2032, mientras que el documento desarrollado por Aafaf mantiene superávits solo hasta 2029.
Por otro lado, Marrero sostuvo que no será hasta que se logre reestructurar la totalidad de las acreencias del gobierno que Puerto Rico podrá pensar en la salida de la JCF.
La Ley Promesa dispone que el ente fiscal estará en funciones hasta tanto la isla recupere acceso a los mercados de capital y se certifiquen cuatro presupuestos balanceados consecutivos, lo que solo ocurriría con niveles sostenibles de servicio a la deuda.
“En la medida en que no reestructuremos la deuda del gobierno central y no salgamos de la quiebra no podremos tener acceso (a los mercados). Por eso en el plan fiscal radicado dejamos meridianamente claro que el hecho de que estoy diciendo que no tengo el sobrante igual, o que vamos a revisitar el acuerdo, no significa que no quiero negociar o que voy a priorizar la agenda de salir de la quiebra, pero tiene que ser dentro de un marco fiscalmente prudente”, subrayó Marrero.
