El plan fiscal que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó esta tarde mantiene los recortes a los jubilados de los tres principales sistemas de pensiones gubernamentales que se contemplaban en versiones previas del documento que por ley debe servir de guía para las decisiones de política pública del gobierno electo.
De esa forma, el organismo federal rechazó el planteamiento del gobierno que, a través de la Autoridad para Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), había urgido a cancelar los recortes en el plan fiscal que propuso el pasado 3 de mayo.
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Los recortes a los retirados gubernamentales, que ascienden hasta 8.5% en algunos casos, están contenidos en el plan de ajuste que la JCF alcanzó con el Comité Oficial de Retirados en junio de 2019.
En el documento de la JCF se dispone que el 36% de los cerca de 167,000 jubilados enfrentaría el recorte máximo de 8.5%, mientras el 5% sufriría una reducción menor. El 59% no vería reducción al recibir una pensión mensual de $1,200 o menos.
El plan fiscal detalla que el sistema de retiro de empleados del gobierno central cobija a alrededor de 123,000 retirados. De estos, alrededor de dos terceras partes reciben menos de $1,200 al mes, por lo que no estarían sujetos al recorte.
De acuerdo con datos de 2019, apenas 13,000 exempleados del gobierno central reciben pensiones sobre los $2,000 mensuales.
El caso de los maestros retirados, sin embargo, alrededor del 64% estaría sujeto a reducciones en la pensión mensual.
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Unos 16,000 de los cerca de 45,000 maestros pensionados reciben beneficios de entre $1,200 y $2,000 al mes, mientras otros 12,000 tienen ingresos de $2,000 a $3,000.
El 71% de los 553 jueces jubilados recibe pensiones que superan los $3,000. Apenas 45 de los jueces retirados tienen beneficios por debajo de los $1,200 mensuales y no sufrirían recortes.
El plan fiscal puntualiza que pese a la serie de reformas que han reducido los beneficios de pensiones desde inicios de siglo, “los participantes de los planes de retiro, como otros acreedores no asegurados, enfrentan una de hasta 8.5% en las cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado (ELA). Una reducción en pensiones (con protecciones para participantes cerca del nivel de pobreza) es apropiada y necesaria para que el ELA alcance estabilidad fiscal a largo plazo”.
El plan fue aprobado por unanimidad de los siete integrantes de la JCF.
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