La Junta de Control Fiscal (JCF), que mañana sostendrá una reunión pública para aprobar el nuevo plan fiscal del gobierno central, no quiso revelar si el presupuesto que certificará para el próximo año fiscal contendrá un aumento o reducción con relación al presupuesto vigente, aunque, por medio del portavoz Edward Zayas, reconoció que las emergencias que ha atravesado el país desde inicios de año obligan a repensar las estrictas medidas de austeridad.
“No se ha determinado (el tamaño del presupuesto). Obviamente, luego de esta pandemia (del Covid-19), lo que está pasando ahora y lo que pasó con los terremotos, uno tiene que sugerir que hay que estar preparado para futuros (desastres). Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, ya sea con huracanes u otra pandemia, eso no lo sabe nadie. Pero lo cierto es que hay que estar mejor preparados. Y eso se está considerando tanto en el plan fiscal como en el presupuesto”, mencionó Zayas.
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La semana pasada, en una vista senatorial, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, precisó que el presupuesto recomendado por el gobierno con cargo al fondo general asciende a $9,062 millones. Esa cifra representa unos $11 millones adicionales a los que la JCF certificó para el año fiscal vigente.
La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Senado, Migdalia Padilla, indicó que, a tono con lo presentado por Santos, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la diferencia entre las propuestas del gobierno central y la JCF no son mayores en términos de los gastos recomendados provenientes del fondo general.
La senadora puntualizó que la mayor diferencia entre las propuestas de ambas partes radica en los gastos con cargo a fondos especiales, que el gobierno recomienda asciendan a $8,062 millones.
El gobierno propone que el gasto de fondos estatales totalice $17,124 millones, cerca de $1,500 millones más de lo que considera la JCF, según trascendió en la vista pública. El presupuesto consolidado incluirá además los fondos federales asignados a la isla, que este año fiscal, de acuerdo con el documento certificado por la JCF, ascendieron a casi $7,600 millones.
Según Zayas, el gobierno y la JCF coinciden en que las emergencias de los terremotos y el Covid-19 resultarán en la pérdida estimada de $2,000 millones al erario.
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Insisten no se recortará nómina pública
Padilla sostuvo que en la vista le sugirió a la directora de OGP que se redujera el gasto gubernamental en contrataciones. Sin embargo, afirmó que la asamblea legislativa no daría paso a recortes en la jornada laboral o despidos de empleados públicos, como denunciara el senador independentista Juan Dalmau, quien señaló a la JCF de proponer una reducción de 8.5% a la nómina gubernamental.
“Si fuera ese el caso, se supone que eso se haga mediante legislación. Ni la Cámara, y entiendo que el Senado menos, nos prestaríamos a aprobar un proyecto que ellos radicaran para ese tipo de decisión”, aseguró la presidenta de la Comisión senatorial de Hacienda.
Zayas, en tanto, recalcó que la JCF no le ha exigido al gobierno reducir su nómina de cara al año fiscal 2021.
Este año fiscal el gasto en nómina alcanzó los $2,724 millones, lo que representa el 30% del fondo general, según el presupuesto que certificó la JCF.
“Decir que la junta va a recortar nómina o gastos de mejoras capitales no es correcto. Aún no se ha presentado (el presupuesto). Se están anticipando sobre hechos que no son reales”, mencionó Zayas, al indicar que el miércoles, cuando la JCF certifique el plan fiscal, se conocerán los límites del próximo presupuesto.
Padilla y Zayas confirmaron que hoy en la tarde se llevará a cabo una reunión con representantes de la JCF en la que estarán presentes la gobernadora Wanda Vázquez, miembros del componente fiscal del ejecutivo, los líderes de ambas cámaras y los presidentes de las comisiones legislativas de Hacienda.
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