Las organizaciones la Colectiva Feminista en Construcción y Comedores Sociales catalogaron hoy la reapertura que anunció ayer la gobernadora Wanda Vázquez como una movida “apresurada” e “irresponsable” ya que aseguraron que el gobierno no cumple con los requisitos para reabrir los comercios.
Las organizaciones, además, celebrarán el próximo 25 de mayo las ’Brigadas por la Vida’ en donde entregarán desayunos, almuerzos y compras.
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“Esa reapertura que está proponiendo la gobernadora es una apresurada porque no se han hecho las pruebas suficientes para ver si en efecto se ha aplanado la curva. Aquí se levantó un toque de queda cuando habían tres casos y ahora que el promedio es alrededor de 100 a 300 casos diarios de personas contagiadas en estas condiciones es que pretenden reabrir. Esto es un reapertura que está siendo presionada [por el sector privado]”, comentó Shariana Ferrer-Nuñez, portavoz de la Colectiva durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Giovanni Roberto Caez, portavoz de la organización de Comedores Sociales de Puerto Rico.
Argumentó que la reapertura anunciada por la gobernadora responde a presiones del sector privado y no a recomendaciones de expertos de la salud. “Están más pendientes en las pérdidas de ventas que en las pérdidas de vidas”, planteó Ferrer-Nuñez.
Ambas organizaciones exigieron que la expansión y aprobación rápida del Programa de Asistencia Nutricional; la apertura de los comedores escolares y congelación de los precios de alimentos; el rastreo efectivo de contactos y realización de pruebas masivas como medida para evitar y prevenir la propagación del virus y conocer su comportamiento y una compensación de riesgo para empleados de servicios esenciales (Hazard Pay) de un 50% de su sueldo mensual, equipo protector e inspecciones a todo lugar de trabajo que sea reactivado.
Además, exigieron que se extienda la paralización de todo caso de desahucio en los tribunales hasta seis meses luego de que se levante el toque de queda y asistencia para renta a familias de ingresos limitados.
Las organizaciones también pidieron al gobierno transparencia y comunicación efectiva con la población sobre las incidencias del virus y una campaña educativa masiva -libre de prejuicios racistas, sexistas, clasistas- con especial atención a las comunidades más vulnerables. De acuerdo con Ferrer-Nuñez, la campaña debe comenzar al menos una semana antes de la apertura de comercios y espacios comunes. Esta campaña debe tener como objetivo crear conciencia sobre prácticas saludables para prevenir el contagio o la propagación del virus en las actividades diarias, según la portavoz.
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“De no cumplirse con estas garantías — que son mínimos — estaremos movilizándonos, organizandonos y haciendo lo que se tenga que hacer. Nadie debe arriesgar su vida por $7.25, mucho menos por $2.13 la hora.”, puntualizó Ferrer-Núñez.
Por su parte, Roberto Cáez, denunció que a medida que pasan las semanas más gente sin comida o con muy pocos recursos llama para solicitar lo que han denominado como las Compras Solidarias. Durante la pasada semana la organización distribuyó alimentos a sobre 3,000 personas. Comentó además que entregan unas 700 compras semanales a personas en el área de Caguas y algunos pueblos limítrofes.
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