Senadores y senadoras claustrales (docentes) del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), electos en todas facultades y escuelas del recinto, apoyamos la Propuesta para Proteger el Plan de Pensiones UPR que nos fuera presentada en la tarde de ayer por el doctor Eduardo Berríos Torres, Presidente de la Junta de Retiro de la UPR.
El 30 de marzo la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un Plan Fiscal que incluye cambios perjudiciales al Fideicomiso del Sistema de Retiro de nuestra institución, entre ellos, congelar el Plan de Retiro vigente, aumentar la edad de jubilación de 58 a 65 años y transformar del sistema de uno de beneficios definidos a uno de contribución definida (tipo 401K).
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Los cambios al Retiro incluidos en el Plan Fiscal quedaron en suspenso en espera del resultado de la gestión legislativa por la aprobación en las cámaras legislativas de la Resolución Conjunta de la Cámara 655 (RC C 655) que mandata que no se lleven a cabo esos cambios. Pero debido al veto de la Gobernadora Lcda. Wanda Vázquez Garced, es posible que la Junta de Gobierno decida ahora avalar los cambios al Fideicomiso del Sistema de Retiro recomendados por el Presidente y la Vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Lcdo. Walter Alomar y Lcda. Zoraida Buxó.
En la presentación que hiciera el doctor Berríos informó que el Fideicomiso de Retiro de la UPR está solvente. Cuenta en la actualidad con un principal de $1,400 millones y se nutre de las aportaciones de los activos, la aportación patronal y los réditos o ganancias en el mercado de inversiones. Sin embargo, la UPR tiene una deuda actuarial con el Fideicomiso de Plan de Retiro de $1,800 millones en 2018 y de $2,144 millones (estimado para el 2019), debido a las políticas de la administración de la UPR de no aportar al Plan de Retiro lo que los estudios actuariales recomiendan y congelar el reclutamiento de nuevo personal docente que podrían aportar al sistema.
Informó el Dr. Berríos además que el 89% de los empleados activos del Sistema de la UPR no tienen 30 años de servicio acreditados, por lo que se incluirían en el nuevo plan de contribución definida que propone la Junta de Gobierno. Congelar el Plan de Retiro vigente ocasionará (a) la insolvencia del Fideicomiso del Plan de Pensiones de la UPR y se quedaría sin fondos para pagar las pensiones para el año 2033, (b) dejar de ingresar las aportaciones de los empleados y de la UPR que totalizan actualmente $108 millones anuales, (c) compromete la estabilidad financiera de la UPR al requerir subsidiar sobre $500 millones anuales en pago de pensiones cuando el Fideicomiso se quede insolvente y (d) acelerará la fecha de retiro temprana de 2,625 participantes que cumplen en la actualidad con requisitos para recibir la pensión. De llevarse a cabo los cambios propuestos por la Junta de Gobierno la deuda actuarial se mantendría siendo de $1,441 millones para el 2043.
La Junta de Retiro está compuesta por representantes activos y jubilados de todas las unidades del Sistema UPR y por tanto tiene la mayor información y peritaje sobre el Fideicomiso del Retiro de la UPR. Los cambios para fortalecer el Fideicomiso deben surgir en reuniones del Comité de Retiro de la Junta de Gobierno de la UPR y de la Junta de Gobierno en pleno donde participen miembros directivos de la Junta de Retiro de la UPR.
Amplios sectores de la comunidad universitaria hemos reclamado a la Junta de Gobierno de la UPR que no presentara propuestas de cambios al Fideicomiso del Retiro de la UPR en medio de la crisis de la pandemia de COVID-19 por la que atraviesa el país. Avalamos la moción aprobada unánimemente por la Junta Universitaria en su reunión del 3 de abril a los efectos de apoyar el que la Junta de Gobierno NO efectúe cambios en ninguna de las condiciones existentes al Fondo del Retiro hasta tanto se hayan efectuado todas las reuniones necesarias con la Junta de Retiro y los cambios potenciales al Fondo del Retiro reflejen el producto del consenso de ambos cuerpos.
La falta de información, transparencia y participación ha sido la regla en este proceso. Exhortamos a las cámaras legislativas que vayan sobre el veto de la Gobernadora y aprueben la RC C 655 para así evitar estos nefastos cambios.
