El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien preside la comisión especial que investiga el manejo de la crisis por los terremotos a principios de año, indicó que comenzará a elaborar un informe parcial, toda vez que considera ya completó la recopilación de información sobre la forma en que se administraron los suministros disponibles para atender esa emergencia.
La próxima fase de la investigación se enfocaría en el proceso de reconstrucción de las comunidades del suroeste del país que se vieron afectadas por la actividad sísmica.
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En un encuentro con los medios al concluir la vista de hoy, en la que fueron interrogados el secretario interino de Familia, Eddie García Fuentes, y la asesora legal de esa agencia, Coralys Veguilla Torres, Rodríguez Aguiló recalcó, a su juicio, las deficiencias en el manejo de la emergencia fueron la consecuencia de que el gobierno no se adhiriera a los lineamientos del plan central para atender catástrofes (Jocip, en inglés).
Tal como había señalado durante la primera etapa de las vistas –antes de que fueran interrumpidas por la pandemia del Covid-19–, Rodríguez Aguiló señaló que de los hallazgos de la comisión se desprende que el secretario designado de Estado, Elmer Román, mintió a los legisladores cuando testificó que un almacén de suministros en Ponce, que operaba el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, estaba inactivo.
Tras el “descubrimiento” de ese almacén por parte de ciudadanos el 18 de enero, el entonces comisionado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, fue despedido.
“En las vistas (Román) nos dijo que él no podía decir eso (que el almacén estaba activo) y que Carlos Acevedo había fallado porque el almacén no se había utilizado y no estaba cumpliendo con instrucciones de la gobernadora. Y eso no es cierto. En ese informe que, según su testimonio, leyó Elmer Román, decía que ese almacén de Ponce era uno activo y que estaban entregando suministros”, indicó el legislador, haciendo alusión al informe preliminar que la mandataria Wanda Vázquez ordenó elaborar al destituir a Acevedo.
Almacenes sin bienes esenciales
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Rodríguez Aguiló se expresó preocupado ante información vertida hoy por los funcionarios del Departamento de la Familia de los que se desprende que los almacenes de esta instrumentalidad no cuentan con suministros que atiendan las necesidades básicas de la población en casos de emergencia.
“Hay un montón de almacenes, pero ninguno es de alimentos, son de escritorios, documentos, materiales. No necesariamente suministros o alimentos. Esa parte hay que atenderla”, sostuvo el representante.
Durante la vista, los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico cuestionaron si el Departamento de la Familia había referido a agencias estatales y federales los informes que se prepararon sobre el manejo de unos suministros que estaban bajo la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef). En estos informes se concluyó que la entonces jefa de esa dependencia, Surima Quiñones, había consentido a que funcionarios electos como la senadora Evelyn Vázquez y el alcalde mayagüezano, José Guillermo Rodríguez, intervinieran en la distribución de los bienes.
García Fuentes dijo que el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, así como la Food and Nutrition Services, una dependencia del Departamento federal de Agricultura, “tienen conocimiento” de la información que surgió de la investigación interna.
A insistencia del representante José “Pichy” Torres Zamora, el secretario interino precisó que sí remitiría los informes a estas agencias.
Metro tuvo acceso al primero de esos informes, con fecha del 22 de enero, y en el que se plasman las denuncias de varios empleados con relación a las intervenciones de la senadora Vázquez y Rodríguez en actividades de distribución de suministros que se llevaron a cabo el 8 y el 15 de enero.
Anterior a la entrega de ese informe, ordenado por la exsecretaria Glorimar Andújar, quien fue despedida el 19 de enero, Quiñones había sido suspendida sumariamente de sus funciones como jefa de Adsef.
García Fuentes señaló en la vista que comisionó un segundo informe que incluyera entrevistas a otros funcionarios, entre ellos Quiñones.
Familia arrastró los pies
Aunque ese informe se entregó el 24 de febrero con la recomendación de separar a Quiñones de su cargo, no fue hasta el 2 de abril que García Fuentes le notificó la decisión a Quiñones, en una carta enviada por correo regular.
La notificación, sin embargo, no le llegó a Quiñones puesto que esta había cambiado su dirección postal, dijo García Fuentes, por lo que la exfuncionaria se enteró a través de la prensa más de un mes después.
Metro reveló el 12 de mayo, tras una comunicación de Familia, que la agencia había despedido a Quiñones. Fue ese día que, según García Fuentes, Familia le informó a La Fortaleza de su determinación.
En enero, cuando Andújar todavía encabezaba la agencia, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, le había exigido que revirtiera la suspensión de Quiñones.
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