La legislación que contempla propone que la unanimidad en los juicios por jurado sea retroactivo podría resultar en dificultades para conseguir testimonios de víctimas y testigos, lo que provocaría la desestimación de muchos de estos casos.
Al menos así opinó el abogado y exfiscal Osvaldo Carlo, quien también advirtió el impacto que esto tendría sobre las víctimas y sobre el presupuesto de la Rama Judicial. Ayer el Senado aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 1590 para que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a las personas acusadas, según lo determinó el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado 20 de abril de 2020. La medida, además, contempla que el cambio aplique de forma retroactiva a casos que ya cuenten con una sentencia final y firme.
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“El problema que esto representa, particularmente para el estado y para las víctimas, es que como estamos hablando de que hay casos donde hay personas que llevan 15 años o 20 años cumpliendo, ¿donde están los testigos de esos casos? ¿En qué posición queda el estado para después de tantos años poder volver a recopilar toda esa evidencia para entonces radicar un juicio nuevo?”, cuestionó el letrado en entrevista telefónica con Metro.
“Esto necesariamente conllevaría que muchos casos no van a poder ir a nuevo juicio y al no poder ir a nuevo juicio, por el estado no contar con la prueba, lo que sucedería es que habría que desestimarlo. Hay circunstancias donde el estado no va a poder ver el caso de nuevo”, añadió.
La decisión del foro judicial federal —en el caso de Ramos v. Louisiana— no evaluó la aplicación retroactiva a casos criminales que ya fueron decididos. La medida del Senado ahora pasará a consideración de la Cámara de Representantes.
Carlo también mostró preocupación ante la cantidad de casos que podría cualificar para un nuevo juicio. En la exposición de motivos de la medida, señala que, según datos de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), del año 2011 al 2017, hubo un total de 146,680 casos criminales graves. De éstos, solo 1,122 fueron encontrados culpables por un jurado. De acuerdo con estadísticas provistas por OAT a este medio, entre los años fiscales de 2018-2019 hasta febrero de 2020, han habido 79 casos por jurado en la isla. Sin embargo, los datos no precisan cuántos de estos fueron con un resultado dividido.
Para Carlo, indicó que es muy común que los veredictos en la isla sean divididos y en raras ocasiones los jurados deciden por unanimidad.
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“No sé si la Legislatura consideró los costos que están envueltos que van a ser sustanciales. En todos esos juicios hay que volverlo a ver, el impacto que tiene en las víctimas que están por ahí todavía y van a tener que volver a testificar y la dificultades que representa para el estado presentar un caso donde no cuentan con la prueba”, subrayó Carlo.
Por su parte, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, favoreció la medida ya que se trata de un derecho fundamental y constitucional. Reconoció, no obstante, que existe incertidumbre en torno a cuántos casos que no obtuvieron un veredicto unánime podrían recibir un nuevo juicio.
“Uno de los elementos que, ciertamente quizá más adelante se aclare, resulta un tanto un elemento de incertidumbre es la ausencia de una estadística que permita identificar el número exacto de aquellas personas que están en este momento cumpliendo una condena como producto de un juicio de manera dividida”, señaló el letrado, quien comentó que la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados redactó una ponencia para respaldar la medida.
Aunque también mostró preocupación sobre el efecto que podría tener sobre las víctimas y testigos, reiteró el carácter constitucional y la protección que tienen los acusados en estos procesos judiciales.
Ante el aumento en costos que esto podría representar para la Rama Judicial, Román recomendó que se podrían crear salas especializadas que atiendan estos casos de nuevo juicio.
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