Dueño de Apex se comunicó con Rivera Schatz tras caerse negocio de pruebas rápidas

Una vez la venta al gobierno de un millón de pruebas serológicas de Covid-19 comenzó a tambalearse, el dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez, intentó establecer contacto con influyentes figuras mediáticas y políticas, incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, confirmaron fuentes a Metro.

En la vista ejecutiva de la Comisión cameral de Salud, “trascendió que a través de un contacto, Willy Vega, (Rodríguez) se contactó con Thomas, pero Thomas fue bien parco. Se desprende que no se metió”, indicó una fuente a Metro, al puntualizar que, partiendo del testimonio vertido ayer, el dueño de Apex continuó haciendo gestiones para mantener viva la compraventa, incluso después que el gobierno notificara que cancelaría la transacción.

El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, indicó a los medios, a la conclusión de la vista, que el nombre de Vega, a quien identificó como un empleado del Senado, había salido a relucir en el interrogatorio.

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Rodríguez “no se movió para parar la transacción y cobrar, cuando tienes expectativa de cobrar es que estás dándole pa’lante a la transacción. Pero sí tuvo acciones para poder bajar el fuego de todo lo que estaba trascendiendo públicamente”, agregó la fuente.

En ese sentido, durante la vista, el empresario admitió que había hecho gestiones, a través de terceros, para comunicarse con analistas políticos como Luis Pabón Roca y Jay Fonseca, así como con gerentes de empresas mediáticas.

El gobierno notificó de manera oficial que había cancelado la compra del millón de pruebas serológicas el 3 de abril. A esa fecha, el Departamento de Hacienda ya había adelantado a Apex $19 millones de los $38 millones a los que ascendía la transacción.

Oriental Bank, sin embargo, había congelado una transferencia de $14.7 millones que Apex intentó enviar al distribuidor de las pruebas en Estados Unidos.

Para el representante independentista Denis Márquez, las declaraciones de Rodríguez sirvieron para corroborar la “multiplicidad de delitos” en los que pudo haber incurrido el abogado Juan Maldonado en sus negociaciones con el gobierno a nombre de Apex.

“Hay varios delitos envueltos. Estoy convencido de delitos que tienen que ver con fondos públicos, falsificación de documentos públicos, falsa representación, más el punto de vista contractual también. El gobierno tiene unas causas de acción civiles además de los delitos”, señaló el legislador.

La semana pasada, Maldonado se amparó en la quinta enmienda para evitar responder si la firma que aparecía en una resolución corporativa autorizando al empresario marítimo Aaron Vick a hacer negocios a nombre de Apex era la de Rodríguez, pese a que el propio Maldonado aparece notarizando la transacción.

Ayer, Rodríguez declaró que Maldonado falsificó su firma en el documento, aunque alegó que no se percató de las irregularidades hasta el 26 de marzo. Además de la resolución corporativa, Márquez sostuvo que Maldonado también falsificó firmas en otros documentos a nombre de Apex.

Márquez, sin embargo, no fue categórico al preguntársele si pensaba que Rodríguez se había autoincriminado en su testimonio.

“No sé si pensar que se autoincriminó porque hay que seguir investigando, pero aquí, más allá de la determinación jurídica, uno hace un análisis social, político, y cuando ves una persona que plantea todo esto pero a la vez está celebrando que se va a ganar todos estos millones y sigue tratando de salvar la compraventa y haciendo gestiones con los bancos, no puedes pensar que es una persona inocente”, señaló el también abogado.

“Tenemos a este señor (Rodríguez) que alega que no sabía nada de eso pero tan pronto se enteró que se iba a ganar millones de dólares empezó a celebrar. Es asqueante. He pasado de la molestia, al enojo, a la indignación y llegué al asco”, subrayó Márquez.

Según el testimonio de Maldonado, Apex esperaba generar ganancias de $8.5 millones mediante la venta de pruebas rápidas.

Morales, el presidente de la Comisión de Salud, adelantó ayer que se propone comenzar a elaborar el informe final de la investigación, aunque continuará realizando gestiones para asegurar la comparecencia de Ricardo Vázquez, representante de 313 LLC, otra de las empresas que le vendieron pruebas rápidas de Covid-19 al gobierno.

El 7 de mayo pasado, el legislador novoprogresista ya sometió un informe parcial, mediante el cual refirió a cinco funcionarios y exfuncionarios a distintas agencias de ley y orden estatales y federales.

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